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El valor de las noticias. Y a quienes les importa ?

julio 23, 2007

Lunes, 23 de Julio de 2007

Por Eduardo Aliverti

Algo ¿extraño? sucedió últimamente camino de no se sabe qué.

Echaron a un ministro de Economía por sospecha de corrupción. No pasó nada. Se lanzó formalmente la candidatura oficialista. Tampoco pasó nada, aunque haya sido asimilable más a una sucesión monárquica que a una construcción política.

Porque eso aparece “denunciado” por una oposición esperpéntica, que gracias si puede ser caratulada como “denuncista”.

Tampoco pasa nada si el nuevo titular económico debuta diciendo que cree en los números del Indek. Y no sólo no pasa nada, sino que asume con el apoyo generalizado de la inmensa mayoría de los actores del sector. Menos que menos le mueve un pelo a alguien que el estafador Juan Carlos Blumberg diga ahora que “la gente no le da pelota a lo del título”.

Y lo peor es que debe tener razón, si se lo mide pasadas ya varias semanas del deschave.

¿O acaso, después de todo, el gobernador de Neuquén no se ha autorreinstalado como candidato nacional a unos pocos meses de haber sido asesinado Fuentealba? ¿O acaso no ha reaparecido impunemente el Museo de Cera conformado por la rata, los Rodríguez Saá, el propio Sobisch, Saadi, Patti?

Alrededor de la caída de Miceli también hay algo de ese escepticismo y acostumbramiento popular, en tanto carencia de conmoción.

Cabe la pregunta, al menos, de si al echarla no pasó nada porque hasta un marciano tiene claro que la economía la maneja el Presidente en forma directa, y Miceli no era más que una asistente de formalidad burocrática; o si en cambio no hubo repercusión porque sencillamente todos asumen que la cifra encerrada en su baño es de una nimiedad total, comparada con que lo que se roba en este país.

Ni siquiera cabe insistir con lo sugestivo de que, ofertada por el oficialismo un candidato presidencial mujer, se acumulen, en semanas consecutivas, acusaciones de corruptela que invariablemente recayeron en mujeres.

Miceli, Picolotti y ahora Garré. Mujeres u hombres, el monto y las características de lo denunciado son caca de paloma al lado de lo que es el volumen de circulante espurio. En otros términos, todos sabemos que Miceli es en el peor de los casos una “pichi”. Y que el periodismo de investigación que la acuesta empieza y termina allí.

No podría decirse que es la primera vez que frente a circunstancias similares se da esta especie de quietismo político.

Cuando Domingo Cavallo fue remplazado por Roque Fernández (y Cavallo sí tenía juego propio como ministro, al punto de que la rata podía ser visto como un ejecutor de lo que el cordobés decidía), la repercusión no pasó a mayores por fuera de ser noticia principal ese día y el siguiente: lo único que interesaba era el sostenimiento del 1 a 1, y eso no quedaba en duda.

Cuando la rata fue ungido candidato a la reelección, tampoco nadie se fijó en lo democrático del debate habido entre los peronistas para postularlo. Y siguiendo por esos tiempos mucho más cercanos de lo que parece, en términos históricos, el menemismo ganó las elecciones del ’93, en Capital, y las nacionales de dos años después, precisamente, cuando los indicios firmes y pruebas concretas de corrupción ya le llovían en forma continua.

Por las dudas, antes de que algún tonto se confunda, esta asimilación de etapas no significa decir que esto, este gobierno, es lo mismo que aquello.

Pero sí se dice que la historia se repite en cuanto a que es el ánimo social, y la visualización o no de opciones respecto del poder en vigencia, lo que determina el verdadero valor de las noticias políticas (entendiendo por tal cosa el alcance que tienen, acerca de si sirven para torcer rumbos).

Tomada, sólo por caso, la caída de Miceli, es claramente un hecho impactante. Como hecho en sí, tratándose de un ministro de Economía, y sobre todo por el episodio ridículo que lo produjo. Pero impactante no significa relevante. Lo único que de aquí en más puede interesar es la suerte judicial de Miceli.

Como circunstancia política, desapareció a las 48 horas de registrada. Del mismo modo, los cuestionamientos a la forma en que Cristina Fernández fue elegida candidata se esfumaron, como tarde, con el acto en La Plata.

Para no hablar de que ya trasciende el equipo completo de ministros y secretarios que acompañará a Scioli en la gobernación bonaerense, sin que a nadie haya seguido interesándole cuál fue el pase de magia que habilitó como postulante a un ciudadano que no vivió nunca en la provincia, con excepción de sus años adolescentes. La Argentina siempre depara sorpresas, pero no suelen ser modificatorias de cosas como ésas.

Y además (y aquí lo del valor del alcance real de las noticias), si por ejemplo el motonauta terminara chocado contra una barrera jurídica insalvable aparecería en su reemplazo, casi seguramente, una figura que más allá de su nombre podría descansar en el apoyo al oficialismo o en la inexistencia de opciones, como se quiera.

Lo relevante ya pasó, y es que al frente del principal distrito electoral del país vaya a haber un hombre del menemismo, primero, y del duhaldismo después, sólo que ahora adherente a un discurso de centroizquierda y entronizado por la única razón, explicable o inexplicable, de su imagen mediática. Cuando se lo nominó, sin embargo, esa relevancia no fue impactante.

Y tampoco es impactante que lo relevante de la renuncia de Miceli bien puede ser que estalló una guerra de bandas de negocios hacia dentro del riñón oficialista. Salvo que alguien crea que la información sobre la bolsa de la ministra, o las grabaciones del caso Skanska, llegaron a los medios por vía de cadetes o de miembros de una brigada de explosivos.

Por lo menos en política, las cosas valen por el marco que las contiene, para bien o para mal según a cada quien le parezca. Y ese marco lo traza la sociedad, y principalmente sus sectores más dinámicos, a través de cómo participa, cómo vota, qué aguanta y qué no, la forma en que se organiza, lo que premia y lo que castiga y el horizonte que se fija a corto y mediano plazo.

De todo eso sale el valor noticioso. Y aquel marco que lo contiene señala, hoy, para usar una expresión repetida, que este Gobierno “es lo que hay” y, si se quiere hilar un poco más fino, que es lo más a la izquierda que habrá hasta donde da la vista. Enfrente, muy poco menos que la nada.

Eso es lo que en esta instancia de la vida nacional observa la mayoría social. Y lo que deja en un plano muy alejado del centro si echan al ministro de Economía, o si la candidatura favorita es ungida en la alcoba presidencial.

Via: Pagina/12

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Abortos y embarazos traumáticos pagados. PROyectos de la derecha

julio 23, 2007

DIPUTADOS DE SOBISCH, MACRI Y EL REPRESOR BUSSI CON PROYECTOS ANTIABORTO

Leyes para poder echar atrás el reloj

23 de Julio de 2007

girlLos tres grupos de derecha formaron un interbloque para impulsar dos proyectos. Uno busca limitar drásticamente los fundamentos para el aborto legal, dejando sólo el riesgo a la vida de la madre. El otro es bizantino: subsidio de por vida a las violadas que acepten seguir con el embarazo.

Los proyectos ya están levantando fuertes repudios de organizaciones sociales y otros diputados.

Los diputados del PRO, del Movimiento Popular Neuquino y del partido del represor Antonio Bussi, reunidos en un interbloque en la Cámara baja, presentaron dos proyectos de ley que buscan frenar la sanción de las iniciativas ya en marcha para reglamentar los abortos no punibles en la Argentina.

El primero de los contraproyectos instaura un subsidio de por vida a las mujeres que opten por continuar con un embarazo producto de una violación. Según explicó su autora, el dinero es un “resarcimiento al sacrificio” de la madre. El segundo establece como único fundamento para no punir un aborto el caso de un embarazo cuya continuidad pone en peligro la vida de la mujer.

La ley actual contempla también esta posibilidad para mujeres con discapacidad mental que sufrieron abusos sexuales, algunos casos de violación y cuando corre riesgo la salud de la madre, no sólo la vida. Los proyectos que busca neutralizar la avanzada del interbloque interpretan que la salud abarca también el aspecto psíquico, en concordancia con los postulados de la OMS.

Organizaciones sociales, especialistas en violencia hacia la mujer y legisladores de diversos partidos repudiaron las propuestas del interbloque, al considerar que son “un retroceso” en la lucha por “garantizar la salud reproductiva y disminuir las muertes por abortos clandestinos”.

Los casos reiterados de judicialización de los pedidos de aborto garantizados por la ley impulsaron la presentación de dos proyectos para precisar los alcances, los procedimientos y los plazos de ejecución del artículo 86 del Código Penal, que especifica los casos de interrupciones de embarazos no penados. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ya emitió un dictamen favorable. El Departamento de Derecho Penal y Criminología de Facultad de Derecho de la UBA también se expidió a favor.

Los proyectos que buscan reglamentar el artículo 86, que establece el aborto en caso de que peligre la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo es consecuencia de un abuso sexual sobre una mujer “demente o idiota”, prevén la posibilidad de solicitar un aborto en caso de violación sexual para cualquier mujer, tenga o no discapacidad. Bajo el paraguas de la figura del aborto terapéutico, una mujer podría solicitar el aborto argumentando los efectos psíquicos y emocionales que ocasionaría continuar con el embarazo.

Ambas propuestas están ahora trabadas en la Comisión de Legislación Penal, donde se gestó el boicot del interbloque PRO, MPN y Fuerza Republicana, decidido a impedir que lleguen al recinto.

Embarazo pagado

La diputada del PRO Nora Ginzburg es la autora de uno de los dos contraproyectos, el que se refiere a la mujer que quedó embarazada como producto de una violación. Según el texto, el Estado le garantizará un subsidio de por vida a ella y otro a su hijo o hija, hasta la mayoría de edad, si decide continuar con el embarazo producto de la violación.

El subsidio para ella será el equivalente a medio salario mínimo. En cambio, el niño o niña recibirá un salario mínimo, ahora fijado en 980 pesos.

Aunque en los fundamentos del proyecto la legisladora reconoce “el horror, odio y repulsión que posiblemente siente la mujer” embarazada de su abusador, afirma que “se puede brindarle posibilidades ciertas para que, si se sobrepone a esos sentimientos, salve la vida que engendró por la fuerza, haciéndole entender que ésta no es la verdadera responsable de su desgracia”.

“La mujer que protege la vida de esa persona por nacer –señala el mismo texto– debe ser elevada a la categoría de heroína”, por tomar “semejante actitud titánica”.

La diputada nacional explicó a Página/12 que el beneficio es un “resarcimiento por el sacrificio hecho por la mujer a favor de la vida del feto”. “Una mujer que asume un trance violento como éste y decide dar vida tiene que ser recompensada por la sociedad”, sostuvo. En caso de que la mujer no pueda seguir con el embarazo, la diputada advirtió: “No sólo no se la subsidia sino que el PRO pretende que no se le permita abortar”.

Si la mujer decidiera dar en adopción al bebé, el beneficio que establece el proyecto lo recibirán sus padres adoptivos. La psicóloga especializada en violencia hacia la mujer Lucía Herrera, consultada por Página/12, se preguntó:

“¿Quién decidirá sobre el dislate en el que se encontrarán los padres adoptivos que podrán elegir entre una niña o un niño simplemente en situación de adopción o estos productos premiados que vienen con un pan bajo el brazo?”.

El proyecto, elaborado por el bloque que responde a Mauricio Macri, y que cuenta con el aval de sus aliados del MPN, conducido por el gobernador Jorge Sobisch, prevé que el subsidio para mujeres con discapacidad, internadas en instituciones médicas, lo percibirá el director del establecimiento “y lo invertirá íntegramente a satisfacer las necesidades de ella”.

Aunque el Código Penal avala un pedido de aborto para estas mujeres, la legisladora auspicia que lleven sus embarazos a término y luego se les practique una cesárea “a fin de evitar dolores de parto”, para luego entregar el recién nacido en adopción.

Para la diputada del ARI Marcela Rodríguez se trata de un “boicot” a los proyectos de reglamentación.

“Si su deseo es velar por el bienestar de la mujer, ¿por qué no prevé el subsidio para cualquier violencia de género?”, preguntó. La legisladora resaltó el artículo 8 del proyecto del PRO, que interrumpe la entrega del subsidio en caso de que la mujer pierda en forma espontánea el embarazo.

“No les interesa para nada la vida de las mujeres porque en caso de perder el bebé se corta el subsidio y la asistencia terapéutica”, explicó la legisladora.

Pese a que no prevé cambios al Código Penal, esta propuesta fue girada a la comisión de Legislación Penal. También será analizada en Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y en Presupuesto.

Para la psicóloga Lucía Heredia, el proyecto muestra a la mujer como “incubadoras que reciben un premio por cumplir con el plazo de nueve meses, tiempo después del cual sale el producto, el bien jurídico a proteger”.

“No se consideran los efectos sobre la subjetividad de la mujer que pasa por el trance de tener que llevar en su seno durante nueve meses ese hijo producto de una violentación de su ser”, sostuvo.

Luego concluyó: “Los efectos traumáticos de una violación se reproducen a lo largo de mucho tiempo, después del episodio. Por ende, siempre nos encontraremos ante la posibilidad de un embarazo de alto riesgo. Disponer alegremente de los cuerpos y las mentes de la víctimas de violación constituye una nueva violación”.

Cambio al Código

El segundo proyecto fue presentado por la diputada tucumana Eusebia Jerez, de Fuerza Republicana, partido creado por el represor Antonio Bussi.

Esta iniciativa es más drástica porque establece una modificación del artículo 86 del Código Penal: restringe su alcance sólo a los casos en que peligre la vida de la mujer.

Si se aprueba, quedan fuera de discusión y del amparo de la ley los pedidos de aborto en caso de mujeres violadas, con discapacidad y cuando corra riesgo la salud de cualquier mujer.

“Esto es una respuesta al proyecto de aborto no punible con el cual estamos en desacuerdo porque amplía el tipo penal privilegiando la salud psíquica de la mujer. No se puede operar desde el estado emocional de la mujer”, cuestionó ante este diario el diputado del MPN Hugo Acuña, que rechazó las iniciativas de reglamentación a la hora de sentar posición en la comisión de Salud y respaldó ahora con su firma el proyecto de Jerez.

La iniciativa elimina el inciso 2 del artículo 86, por el cual no se sanciona el aborto de las mujeres “dementes o idiotas” que fueran violadas y quedaron embarazadas. Y restringe casi por completo la posibilidad de aborto en caso de peligro para la vida de la mujer.

“Si hubiera posibilidad de vida extrauterina para la persona por nacer –señala en su artículo 3–, el Estado debe garantizar el acceso a los medios que posibiliten proteger el derecho a la vida de ambos, haciéndose cargo de todos los costos que demande.”

Según los fundamentos del proyecto, “no se trata de que el médico escoja por salvar al no nacido o a su madre, se trata de optar por salvar las dos vidas (…). Se sabe que cada vez se logra la supervivencia fuera del útero materno de niños con menos tiempo de edad gestacional”.

El contraproyecto sólo exime de responsabilidad penal a los médicos que “interviniendo para salvar la vida de la madre provocare de manera involuntaria e indirecta la muerte de la persona por nacer, si su intervención se ha hecho con el fin de evitar un peligro grave para la vida de la madre que no podía ser evitado por otros medios”.

“Esto es retroceso”, criticó la diputada kirchnerista Juliana Marino, una de las autoras de las propuestas para reglamentar los abortos no punibles.

Consultada por Página/12, la legisladora aseguró que la propuesta “ignora la jurisprudencia y los fallos acumulados en la Justicia argentina en la materia”, como por ejemplo el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en 2001 en el caso “Tanus”, donde define la salud tanto desde su aspecto físico como psíquico, citado en los fundamentos de su proyecto.

“En realidad, en el proyecto de Jerez no hay excepción alguna al aborto no punible, lo que no ayuda a resolver el problema para el sistema de salud público ni coopera con la voluntad general de completar una política de salud reproductiva y disminuir esa práctica en la Argentina”, sostuvo.

Via: P/12


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