Soy donde no pienso

BAJAR LOS DECIBELES

La agresión sonora, generada fundamentalmente por el transporte automotor de pasajeros, deteriora la capacidad auditiva de los vecinos. Pero eso no es todo; puede ocasionar conductas agresivas, trastornos en el sueño, alteraciones en la coordinación del sistema nervioso central y hasta enfermedades cardíacas.

Buenos Aires ostenta el dudoso privilegio de haber sido considerada como la ciudad más ruidosa de América Latina por la Organización Mundial de la Salud.

Como puede observarse fácilmente con sólo recorrer las calles y avenidas porteñas, las fuentes de la contaminación acústica son múltiples: mezcladoras y taladros de obras en construcción, máquinas de industrias y talleres, y la impune reproducción de música a alto volumen por parte de disquerías y centros comerciales.

Pero los vehículos motorizados -fundamentalmente los colectivos sin control técnico- tienen una incidencia del 80 % en este flagelo.

Por definición, el sonido es una vibración mecánica trasmitida por el aire que, captada por el oído humano, genera sensaciones en el cerebro. Estas vibraciones mecánicas se propagan bajo la forma de ondas cuyo desplazamiento se produce a una velocidad aproximada de 340 metros por segundo, valor que se denomina “velocidad del sonido”.

Debido a ello, las partículas de la atmósfera se propagan y oscilan suscitando variaciones de presión en el aire y dando como resultado un estímulo al órgano auditivo por efectos de depresión y sobrepresión.

Por tal motivo, cuando se percibe un sonido desagradable, no deseable o molesto, se dice que es un ruido. Claro que la subjetividad de esta apreciación ha determinado la necesidad de objetivar el concepto en las normativas, pautándose niveles de admisibilidad que no perjudiquen la salud de la población ni contribuyan a degradar el medio ambiente.

El nivel que se considera tolerable es de 70 decibeles.

Más allá de esa frontera cualquier sonido es considerado perjudicial y está demostrado que puede ocasionar la pérdida de la audición que -aunque puede recuperarse al cesar el ruido- se torna irreversible cuando se lo padece durante períodos prolongados.

Además, esta acción negativa afecta a otros órganos, originando desde conductas agresivas, insomnio, dificultades en el sueño y jaquecas hasta alteraciones en la coordinación del sistema nervioso central, aumento de la tensión muscular y de la presión arterial, y dolencias cardíacas.

El oído de quien se someta durante un par de horas al estrépito de una discoteca (100 decibeles) requerirá un descanso de, al menos, 16 horas.

Con algo más de intensidad -los 120 decibeles que produce una banda de rock tocando en un estadio o un par de auriculares puestos a alto volumen-se conoce el dolor; y la rotura del tímpano es posible ante los 150 decibeles que genera el despegue de un avión.

Volviendo a la incidencia del transporte colectivo de pasajeros en esta problemática, resulta evidente que la persistencia y continuidad del ruido que generan las más de nueve mil unidades que circulan por las calles y avenidas de la metrópoli perjudica a la casi totalidad de sus habitantes durante los ciclos de producción y descanso.

Estas molestias se ven agravadas por la extensión de la red de autotransporte, cuya longitud aproximada es de 2.500 kilómetros, y la alta densidad vehicular en zonas neurálgicas de la ciudad que congestiona las vías de circulación.

En verdad, ningún vehículo librado al tránsito, ya sea de fabricación nacional o extranjera, debería generar ruido.

Esto es así porque el fabricante o importador debe demostrar ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que el modelo se ajusta a los requerimientos de seguridad activa y pasiva y que el modelo no supera los límites de emisión establecidos, a efectos de que le sean otorgados los certificados de aprobación en lo relativo a contaminantes y nivel sonoro. De esta manera se garantiza cierta estabilidad durante el período de vida útil de los automotores.

Sin embargo, las continuas prórrogas otorgadas para la renovación de las unidades del autotransporte de pasajeros -el promedio de antigüedad del parque era de 6,5 años en 1993 y actualmente roza los 9-, los controles ineficaces y el deficiente mantenimiento, caracterizado por la no reposición de las piezas deterioradas por el uso, tornan abstractas estas medidas.

Los ruidos que están obligados a soportar los conductores, pasajeros, automovilistas y transeúntes, provienen de la cámara de combustión, de la rotación del cigüeñal, de la fricción de los pistones, de los soplidos en la admisión y escapes, de las descargas de los sistemas hidráulicos (frenos y puertas), a los que deben añadirse, entre otros, los que aportan la bocina, los timbres de parada, los componentes de la carrocería y la suspensión y los equipamientos móviles, tales como motores eléctricos, limpiaparabrisas o ventiladores.

No es todo. El impacto sonoro puede surgir también del golpeteo entre los objetos guardados en buches o baúles de las unidades; del contacto de los neumáticos con las distintas superficies del pavimento o del efecto de rozamiento del aire contra la carrocería en movimiento.

Las soluciones posibles requieren de voluntad política por parte del Estado, que debe ejercer su poder de policía, efectuar eficazmente los controles, obligar a las empresas a sustituir las autopartes o insumos de las unidades que provocan los daños e impedir que se viole la legislación vigente.

En materia de regulación, las modificaciones necesarias deberían acompañar con agilidad los rápidos avances tecnológicos y tutelar la defensa, protección y promoción de los derechos individuales, colectivos y difusos.

Otros aspectos que deben considerar las autoridades locales son la coordinación y ejecución de políticas interjurisdiccionales, el cumplimiento de los objetivos contenidos en la ley 25.675 y el derecho de la ciudadanía a gozar de un ambiente sano, establecido por la Carta Magna.

En este sentido, el Poder Ejecutivo de la Ciudad tiene responsabilidades indelegables que debe ejercer por mandato constitucional, ya que la legislación local le otorga el control de cualquier emisor acústico que afecte a la población o al ambiente, para lo cual debe efectuar acciones de vigilancia, ejecutar inspecciones y aplicar sanciones.

Asimismo, y como autoridad sanitaria, es su obligación garantizar el derecho a la salud integral de las personas, la cual está vinculada directamente con la necesidad de vivir en un ambiente sano y, de hecho, controlar el circuito de los servicios que tengan incidencia en esas prestaciones, como lo disponen los artículos 20 y 22 de la Constitución de la Ciudad.

En lo educativo, le compete instituir programas curriculares de educación ambiental tendientes a formar personas con conciencia crítica y capacidad de formular respuestas.

Que se promueva una visión ecológica, conlleva a formar conciencia ciudadana respecto de que la naturaleza, el hombre y las actividades económicas que de él deriven, que deben encontrarse en equilibrio y armonía, si lo que se pretende es salvaguardar el bienestar presente y el de las futuras generaciones ciudadanas.

Informe: Ing. Ftal. Daniel Argento

Fuente: Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Baires

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