OPERA ENTRE BAMBALINAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Un lobby empresario quiere frenar la regulación de la medicina prepaga
28–03–2011 / José Carlos Piva, presidente de Medifé y amigo de los sectores más conservadores del establishment, recorre los despachos de los legisladores para comunicar las objeciones que tienen las firmas y persuadirlos de que voten en contra.
Por Leandro Renou
La semana pasada, luego del pedido del diputado Eduardo Macaluse para que la ley de prepagas tenga un tratamiento “preferencial” en la Cámara Baja, sonó el teléfono de su despacho y una vieja voz del sector empresario dio el puntapié inicial a un nuevo lobby corporativo para demorar la aprobación de la norma.
“El diputado no está informado, y le solicito una reunión para aclararle algunos puntos”, le dijo José Carlos Piva, presidente de la prepaga Medifé y de la obra social Acción Social Empresaria (ASE), a la secretaria del legislador de Solidaridad e Igualdad (SI).
De manera tajante, los asistentes de Macaluse rechazaron el convite porque
“nos dimos cuenta en seguida que vienen para trabar la aprobación de la ley”.
El propio diputado del SI dijo a Tiempo Argentino que
“el tiempo de las reuniones ya pasó, se convocaron a todos los sectores, pero ya no pensamos sucumbir ante ningún intento de retraso. Vamos para adelante.”
Pero, ¿quién es José Piva? Con tantos años como vida dentro del sector salud, Piva supo operar con inteligencia y cautela desde el momento mismo en que las prepagas se instalaron con fuerza en la Argentina, allá por finales de la década de 1980.
Un ex ministro de Salud de la Nación del radicalismo lo definió ante este diario como “de la vieja escuela”, y aclaró que Piva
“no es parte del grupo más concentrado de lobbistas jóvenes, rol que el año pasado ocupó Belocopitt, de Swiss Medical”.
La misma fuente aseguró que su crecimiento en el sector empresario se dio
“como en la mayoría de los empresarios de las obras sociales, que luego se ponen una prepaga”.
La referencia es a que, tras la fundación de ASE (personal de dirección) en 1977, la familia Piva usó esa base para la creación de Medifé, una prepaga con 60 sucursales en el país y más de 190 mil asociados.
El mismo esquema de negocios siguió en su momento Osde, cuyo principal recurso sigue siendo el sector de clientes prepagos.
En su entorno confesaron a Tiempo que, por su avanzada edad, José Piva ha dejado de participar directamente de la conducción de sus empresas, utilizando la mayor parte del tiempo para exponer en congresos de ASE en todo el país, además de instalar la idea de que las prepagas, con el esquema actual, van a la quiebra.
De hecho, ex diputados de la Nación confiaron que
“ya en la media sanción que la Cámara Baja le dio a la ley en 2008, el empresario había tirado algunas líneas para detener las mociones”.
En los congresos lo acompaña de manera incondicional el economista Aldo Pignaneli, quien presidió el Banco Central de la República Argentina en la gestión de Eduardo Duhalde.
Cabe recordar que Pignaneli fue además procesado por administración fraudulenta en la liquidación del Banco Medefín.
En este marco, quien desde hace un tiempo comanda los negocios empresarios es su hijo Jorge.
El heredero de las empresas creadas por José Piva fue, desde el estrado público, uno de los más fervientes opositores a la ley que en el año 2006 redactó la hoy embajadora en México Patricia Vaca Narvaja.
En 2010, y a pesar de los aumentos de tarifas constantes que superan el 50% en menos de 2 años, Jorge Piva aseguró que “en un buen año, la rentabilidad del sector es de un 3%”, y que
“de aprobarse la ley sin cambios, el mayor impacto lo van a sufrir las pequeñas y medianas prestadoras, ya que puede borrar de un plumazo a más de 900 compañías”.
Sin embargo, el discurso antiley tuvo su momento más álgido en el 46º Coloquio de IDEA, celebrado en octubre del año pasado en Mar del Plata. En uno de los polos más conservadores del empresariado nacional, Piva expresó sus reservas a la ley, en un panel en el que lo secundó Claudio Belocopitt, de Swiss Medical.
Por otra parte, 5 años atrás, cuando uno de los tantos incrementos tarifarios del sector hizo que el propio gobierno nacional llamara a los usuarios a no consolidar las subas, José Piva buscó salir del conflicto sin resignar terreno y con una contrapropuesta inaplicable en un sector que factura millones de dólares anuales: en aquel entonces, el padre de la familia aseguró que
“el aumento de las cuotas podría ser menor si se implementa para el sector la eximición del impuesto al cheque, y si se permite usar el crédito fiscal del IVA para cancelar otros impuestos o cargas sociales”.
Pero hay más detalles curiosos en el pasado de Piva: en el año 2009, la familia anunció con gran impacto una inversión de U$S 30 millones para remodelar el Sanatorio Finochietto, de la mano de un socio conocido en el sindicalismo sanitario.
El hombre en cuestión es Néstor Vázquez, quien durante el menemismo fue uno de los personajes más cercanos a José Luis Lingeri, por entonces al frente de la Anssal.
En declaraciones al extinto diario Crítica de la Argentina, el propio Jorge Piva reconoció que “lo hemos interesado para invertir”, especulando con que el dinero aportado por Vázquez habría rondado los U$S 4 millones.
De todas maneras, Vázquez saltó a la consideración pública de la mano de otro escándalo: en 2005, apareció incluido en el directorio de la empresa Farmaline, junto a Sergio Blanco, el socio de Néstor Lorenzo, uno de los detenidos en el marco de la causa por la mafia de los medicamentos.
DIPUTADOS TIENE LA PALABRA. Luego de haber sido votada en forma unánime la moción de preferencia para el tratamiento en Diputados de la ley de prepagas por todos los bloques, ya hay algunas fechas claves para el avance de la iniciativa.
Fuentes vinculadas al diputado oficialista Antonio Morante, titular de la Comisión de Salud, confirmaron a este diario que
“el próximo miércoles hay convocada una reunión de asesores, y esperamos que el martes siguiente (5 de abril) llegue al recinto”.
La ley para regular la medicina prepaga salió en 2008 con media sanción de Diputados, y el Senado se tomó dos años para aprobarla, poniendo en serio riesgo la persistencia del proyecto.
De todos modos, como en 2010 la aprobó con modificaciones, la norma debió volver a la Cámara Baja para reverla antes de su aprobación definitiva.
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Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.
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