El documento judicial contra el gobierno. Lobby empresarial y corrupción

Los jueces quieren saber

16–12–2012 / El documento corporativo contra el gobierno no tiene firmas y los jueces quieren saber cómo se gestó. El quién es quién de las asociaciones de la judicatura, cuya unidad fue quebrada por este paso político audaz. Lobby empresarial para condicionar los fallos y lisa y llana corrupción.


  Por Horacio Verbitsky

JusticiaindependienteMiembros de la Asociación de Magistrados, de la Federación Argentina de la Magistratura y de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores preguntarán a sus autoridades cómo se decidió, quiénes redactaron y aprobaron y por qué se publicó sin ninguna firma el virulento comunicado del viernes 7 contra el gobierno a raíz de las denuncias contra camaristas acusados de vinculación con el Grupo Clarín.

La Asociación de Magistrados es presidida por el camarista penal Luis María Cabral. El fiscal general Jorge Auat lo señaló como un pernicioso ejemplo de shopping forum por su designación para integrar una sala de la Cámara de Casación Penal, sin sorteo y sin respetar el orden de prelación fijado por la ley de subrogancias.

Pero la Cámara lo confirmó, con la única disidencia de Alejandro Slokar. Sigue llevando la voz cantante en la Asociación su ex presidente Ricardo El Piojo Recondo, otro especialista en la designación de jueces a dedo y el principal gestor del conflicto de la judicatura con el gobierno nacional por el caso Clarín, en el que tiene interés personal.

Subsecretario de Justicia durante el primer gobierno de la UCR y miembro del equipo judicial de la SIDE que operaba sobre los jueces, en 1988 Recondo impulsó la designación de Juan Rodríguez Basabilvaso como camarista federal, para terminar con los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Su nombre surgió en la sobremesa del lobby militar-judicial-empresarial que se reunía los fines de semana en la quinta del Gerente de Relaciones Públicas del Grupo Económico FATE, Alejandro Pérez Cárrega.

Recondo ocultó que el postulante se había desempeñado en el tribunal especial conocido como El Camarón, que el Congreso disolvió en 1973.

“Hay que darle a la gente la oportunidad de cambiar. Si nos ponemos a escarbar el pasado de cada uno, no queda nadie”, dijo cuando se hizo público.

Dos décadas después, ya como presidente de la Asociación de Magistrados, Recondo proclamó durante un acto de la Corte Suprema que el reclamo del entonces presidente Néstor Kirchner para que no se siguieran demorando las causas por violaciones a los derechos humanos constituía un “avasallamiento grotesco de la justicia”.

La Corte lo respaldó con una declaración sin firma, según la cual el control republicano debe “respetar la honorabilidad e independencia judicial”.

Ahora, Recondo encabeza el bloque de jueces, abogados y legisladores radicales en el Consejo de la Magistratura.

Además integra la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, participó en el sorteo manual de un juez jubilado para fallar en favor del Grupo Clarín contra la constitucionalidad de tres artículos de la ley de medios y su hija Ana es coordinadora de Certal, la entidad de lobby que sostienen los operadores de cable, entre ellos el Grupo Clarín.

La lista Bordó de Cabral se impuso por muy pocos votos a la Celeste, que postulaba a la camarista del trabajo Gabriela Vázquez (la primera mujer candidata a ese cargo) y que se propone democratizar la Asociación.

9 de los 11 consejeros Bordó son hombres, mientras 5 de los 9 consejeros Celeste son mujeres.

Contra la fantasía de Lorenzetti sobre una judicatura monolítica, los celestes no asistieron a la comida de fin de año de la Asociación, en disidencia por la invitación a representantes de Certal y a la exclusión del presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Urriza, y el ministro de Justicia, Julio Alak.

Los celestes propusieron que la Asociación despojara al presidente de la facultad discrecional para invitar y excluir a quien le venga en gana.

La Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores (Jufejus) es conducida por Luis Francisco Lozano, presidente del Tribunal Superior porteño. Antes, fue director de Asuntos Jurídicos de Recondo en la subsecretaría de Justicia del gobierno radical.

Cuando asumió en Jufejus, se comprometió a priorizar el trabajo en materia de independencia judicial pero, en flagrante contradicción, encomió el rumbo trazado por el titular saliente, Rafael Francisco Gutiérrez, que es el antimodelo de la independencia: fue designado en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por su primo, el entonces gobernador Carlos Reutemann y durante su gestión Jufejus firmó convenios con la Asociación de Aseguradores Argentinos (Adeaa), para que también jueces supremos provinciales pudieran viajar a Fort Lauderdale, Miami y Washington con el pretexto de los cursos de capacitación que dicta la International Judicial Academy (IJA), para jueces de países de Asia, Africa, América y el ex bloque comunista europeo en los que Estados Unidos y sus empresas quieren influir.

Esta IJA (del american way) es una organización dedicada a propagar entre jueces de todo el mundo los valores del Consenso de Washington, que identifican democracia representativa con apertura de mercados.

La IJA tiene dos sedes, una en Washington y la otra en Buenos Aires, que funciona en la Asociación de Magistrados y está a cargo de Ricardo Li Rosi, juez nacional en lo civil.

Sus programas incluyen visitas a los tribunales y a la Oficina de Marcas y Patentes estadounidenses, como ha sido denunciado por la cámara latinoamericana que agrupa a laboratorios que producen medicamentos genéricos.

Buena parte de los seminarios a los que asisten jueces argentinos suelen congregar también a hombres de negocios, como el seminario sobre Seguros y Justicia dictado en Washington en 2008 y 2009 para jueces y ejecutivos de seguros de la Argentina; o el programa sobre “Regulación del Gobierno y Justicia” al que asistieron en la capital estadounidense jueces, abogados y ejecutivos de negocios de la Argentina y México en octubre de 2009.

En septiembre de 2010 se dictó un curso en Mendoza y San Juan sobre un tema de estricta actualidad: las medidas cautelares. La cuidada página electrónica de la IJA no explica cómo se financian sus costosas actividades, que incluyeron viajes y estadía en distintos países del mundo para 4387 jueces.

Pero los cursos son promovidos por las embajadas de EE.UU. y, en la Argentina, por la Cámara de Empresas Estadounidenses, AmCham.

Li Rosi tuvo sus 15 minutos de fama en 2007, cuando la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil determinó que la responsabilidad por un accidente en un ascensor en el que no se había reemplazado la puerta tijera era compartida entre el consorcio y la nena de dos años que puso el pie donde no debía, por lo cual debió ser operada siete veces.

En julio de 2011 el fiscal federal Federico Delgado pidió que se investigara a los camaristas del fuero civil y comercial federal Ricardo Víctor Guarinoni y Santiago Kiernan (dos de los que viajaron con Francisco de las Carreras y Recondo al congreso de Certal), Patricia Barbieri y Ana María Brilla De Serrat por haber dictado resoluciones favorables a Google a cambio de dinero o dádivas.

La denuncia por prevaricato y cohecho fue presentada por el abogado de las actrices Virginia Da Cunha y Florencia Raggi que reclamaban daños y perjuicios a Google, en cuyos buscadores online se las asoció con contenidos sexuales.

Antes de revocar dos fallos a favor de Da Cunha y Raggi, los cuatro camaristas habrían participado de una reunión en las oficinas de Google, cuya llegada a la sede den Puerto Madero fue filmada por el denunciante.

En el video se reconoce a Ricardo Li Rosi, quien reconoció haber asistido, según dijo, para una actividad de capacitación técnica de la IJA. Según la denuncia a cada concurrente a la reunión, Google les regaló una tablet.

El juez Sergio Torres y la sala II de la Cámara Federal sobreseyeron a los cuatro magistrados, porque su imagen no aparece en el video y Li Rosi declaró que no participaron de la actividad, típica de la relación promiscua entre magistrados y empresas.

La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) es presidida por el camarista cordobés Víctor María Vélez, protegido del grupo de penalistas radicales de José Ignacio Cafferata Nores y José Buteler, ministro y defensor respectivamente de Eduardo Angeloz.

Como Presidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba, defendió los privilegios estamentales, gracias a lo cual el gobernador José De la Sota exceptuó a los jueces de su reformas previsionales.

Su antecesor en FAM fue el juez penal de Salta Abel Fleming, a quien el ex diputado de la UCR Fernando Chamorro calificó como “sirviente de la dictadura militar” alegando que aún conserva el estado policial obtenido cuando estuvo a cargo de la División de Investigaciones Científicas de la Policía, donde creó una División de Drogas.

Como presidente de la Cámara Séptima de Córdoba, Vélez juzgó a 59 personas por el motín de febrero del 2005 en el penal San Martín.

Sólo cuatro fueron absueltos y las condenas ejemplificadoras no exceptuaron a aquellos reclusos que hicieron todo lo posible por pacificar la situación.

De la Sota dijo entonces que “los derechos humanos son para los decentes”, y Vélez lo tuvo bien en cuenta como fuente del derecho.

El fallo señaló falencias del Estado entre las causas del motín, pero no dio un solo paso para individualizar y juzgar a los responsables de que un edificio del siglo XIX para 600 personas recibiera al triple; de que una cárcel enclavada en el tejido urbano albergara a condenados, más propensos al motín y la fuga, mientras la de alta seguridad construida en Bower se reservaba a procesados; de que los reclusos hubieran manejado ametralladoras y fusiles, que sustrajeron de la armería del penal, donde no deberían haber estado; de que se abriera fuego sin medir las consecuencias y causando ocho muertes.

Si Cabral, Recondo, Li Rosi, Lozano, Fleming o Vélez son los defensores de la independencia judicial, puede anticiparse que el lenguaje será condenado a reclusión perpetua.


Verde que te quiero verde

 Por Horacio Verbitsky

Uno de los miembros de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados está bajo investigación por cohecho.

Se trata del camarista de Casación Penal Eduardo Riggi, uno de los “esperpentos” por cuya designación renunció en 1992 el entonces ministro de Justicia Carlos Arslanian.

La causa es una derivación de la que instruyó la jueza Wilma López por el asesinato de Mariano Ferreyra en octubre de 2010, que hoy está en la etapa de juicio oral.

En las escuchas telefónicas ordenadas a raíz del crimen aparecieron una serie de comunicaciones en las que el dirigente ferroviario José Pedraza ofrecía sobornos para que la Cámara de Casación Penal dejara en libertad a los primeros miembros de la patota detenidos por el homicidio y no avanzara sobre él.

El propósito era que la causa por el asesinato llegara en apelación a la sala III de la Cámara de Casación.

Luego de regatear la cifra, el agente de Inteligencia encargado de contactos judiciales Juan José Riquelme le aclaró a Pedraza que no eran pesos, sino dólares: “Verdes”, aclaró.

Los recibiría Octavio Aráoz de Lamadrid, quien había sido secretario de Riggi en la Cámara, y se encargaría de encaminar la causa el prosecretario de Casación e hijo del camarista homónimo Luis Ameghino Escobar, “el señor de las teclas”, que sorteaba a qué sala iba cada expediente.

La causa ingresó como se había pedido “a la sala de los amigos que hemos elegido, donde está el amigo Eduardo”, según el mensaje de Riquelme a Stafforini.

A raíz de las escuchas, la policía llegó al estudio de Aráoz de Lamadrid en cuanto Stafforini dejó allí un sobre con 50 mil dólares, que fueron incautados.

El juez Luis Rodríguez demoró todo lo que pudo la resolución, que recién adoptó cuando la negligencia puso en peligro su ascenso a juez federal: procesó a Pedraza, a Stafforini, (quien aportó el dinero para el soborno); a Riquelme; a Aráoz de Lamadrid y a Ameghino Escobar, pero no encontró pruebas para incriminar a Riggi.

Ese fallo fue confirmado hace un mes por los camaristas Julio Marcelo Lucini, Mario Filozof y Ricardo Matías Pinto, pese a que dieron por probada la relación de más de una década del camarista con Aráoz de Lamadrid y Ameghino Escobar y el vínculo de intimidad de Riggi con Riquelme, por lo que “la posibilidad de influir de los distintos actores que intervinieron en la maniobra era real y no ficticia”.

La fiscal de cámara subrogante Mónica Cuñarro detectó que la relación de Aráoz con Riggi es aún anterior: fue su relator hace más de veinte años en el fuero penal económico.

Y más íntima: cuando Aráoz de Lamadrid fue designado juez federal subrogante, su primer acto fue nombrar como secretaria a la hija de su protector, Laura Riggi.

Luego de varios años como juez subrogante volvió a la profesión y la primera factura que emitió fue como defensor de uno de los miembros de la patota ferroviaria en esta causa.

También estableció que Ameghino Escobar fue designado jefe de sorteos de la Cámara por Riggi.

Lo único que falta para cerrar el círculo es el peritaje informático que determine cómo fue manipulado el sorteo o si se cambió el sistema para destruir la prueba.

La Procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien firmó la declaración de jueces que cuestionaron el documento corporativo y no asistió a la cena del viernes, respalda la investigación.

Además de designar a Cuñarro como fiscal de Cámara subrogante (quien para esta causa trabaja con dos secretarios letrados) también nombró como fiscal coadyuvante de primera instancia a Fernando Fiszer, quien instruyó la causa por el crimen de Mariano.

Las presiones para que la investigación no avance son tan fuertes, que sólo la Corte Suprema de Justicia podría impedir un escándalo, preservando la prueba y supervisando el peritaje.


Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.


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1 Comment »

  1. 1
    Gladis Aranda Says:

    Me gusta la nota pero, tengo dificultades para leerla bien, hay muchas palabras confusas.


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