Archivos para enero 7th, 2013

Medida cautelar de la Sociedad Rural Argentina (SRA) aceptada por la Camara Clarin Rural etc etc

enero 7, 2013

“Resulta verosímil sostener que la propietaria del predio ferial de Palermo es la SRA”

07–01–2013 / La “Sala de Feria” de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal notificó esta mañana a las partes la resolución por la cual hizo lugar a una medida cautelar de la Sociedad Rural Argentina (SRA) contra el decreto que declaró la nulidad de la venta a “precio vil” del predio ferial. Consideró que la SRA es la propietaria del terreno y que el Estado debe impugnar por vía judicial.Fallo completo

CamaraClarinyComercial


Los camaristas Graciela Medina, Francisco de las Carreras y Ricardo Guarinoni afirmaron, en una resolución de algo más de 11 carillas, que “el Estado Nacional carecería, en principio, de legitimación para intentar recuperar un bien que vendió hace más de veinte años, por un acto unilateral. Aún cuando el precio hubiera sido ‘vil’ como el Poder Ejecutivo sostiene, el Estado debería recurrir a la vía judicial para dejar sin efecto el acto que considera lesivo”.

“La nulidad de un asiento efectuado en el Registro de la Propiedad sólo puede ser declarada judicialmente. Mientras ello no se realice, el titular registral goza de todos los derechos que le confiere el dominio”, ampliaron los camaristas.

La “sala de feria” de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal sostuvo que “la urgencia es evidente ante la posibilidad de que órganos de la administración despojen a la SRA de la propiedad que le fuera vendida por escritura pública sin indemnización, sin juicio y sin devolución previa de lo pagado, ni de lo invertido y sin juicio“.

La resolución recuerda que el 15 de agosto de 2012 la SRA inició una acción declarativa de certeza para determinar el dinero que le debía “pagar al Estado Nacional en concepto de saldo de precio por la compraventa y cuáles son los parámetros que deberán utilizarse para su cálculo”.

Sobre esa operación, en junio de 2010, el juez federal Sergio Torres sostuvo que “estamos ante un concierto de voluntades que tuvo por fin sustraer del patrimonio del Estado Nacional el inmueble del predio ferial de Palermo y en ello han intervenido funcionarios de la administración central, dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, contando con la necesaria colaboración de los peritos tasadores”.

Por ese delito -calificado como peculado- el magistrado procesó al ex ministro de economía Domingo Cavallo y le trabó un embargo de 10 millones de pesos; junto al ex presidente de la Sociedad Rural, Eduardo de Zavalía y al ex titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Ordoñez, entre otros; mientras dictó la “falta de mérito” para el ex presidente Carlos Menem.

Según constancias del expediente, la “venta” de los terrenos de más de 120.000 metros cuadrados, en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires, se pactó en 30 millones de dólares mientras que peritos de la Corte Suprema de Justicia lo valuaron luego, ante un pedido del juez, en un “piso” mínimo de 131.800.000 pesos-dólares.

Al analizar la operatoria de la venta a precio vil, Torres explicó que el terreno “quedó fuera de control de la administración con los fines de su explotación comercial para la cual la SRA ya tenía previsto la constitución de una sociedad comercial que le permita saltar el límite impuesto por su objetivo constitutivo“, en referencia al armado de la empresa “La Rural de Palermo Sociedad Anónima” con fines comerciales para construir un centro internacional de exposiciones y congresos con áreas de entretenimiento, gastronomía y cines.

Junto a Cavallo y Zavalía, el juez procesó a Juan Alberto Ravagnan, ex secretario de la SRA; Raúl Orestes Angelini, Ricardo Isidoro Schapiro, y Juan Manuel Insúa, ex funcionarios del Banco de la Ciudad; Jorge Frost, Carlos Alberto Ratto, y Daniel Ivakhoff, ex funcionarios del ex Banco Hipotecario Nacional; Matías Lucas Ordóñez, ex presidente de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales; y Gastón Ramón Figueroa Alcorta, ex director de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales.


Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.


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Resoluciones de la Cámara Clarin y Rural Civil y Comercial habilitando la feria por recomendación de la Corte

enero 7, 2013

LEY DE MEDIOS
En Cámara lenta…

07-01-2013 / La Cámara en lo Civil y Comercial Federal aclaró en su fallo que no consideraba necesaria la habilitación de la feria judicial para tratar la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audovisual, pero que lo hizo en base a la “expresa recomendación de la Corte Suprema” para que la cuestión sea resuelta “a la mayor brevedad posible”. En la resolución, que fue difundida completa esta mañana, los camaristas rechazaron habilitar los sábados, domingos y feriados para tramitar la causa. – Fallo completo.

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“No se advierten verificados ninguno de los presupuestos” para la habilitación de la feria, opinaron los camaristas Ricardo Guarinoni, Graciela Medina y Francisco de las Carerras. La resolución se dio a conocer el viernes casi a la medianoche, pero el fallo completo fue difundido esta mañana por el Centro de Información Judicial (CIJ).

La Cámara, que mantiene vigente la medida cautelar que impide aplicar al Grupo Clarín los artículos antimonopólicos de la ley 26.522, habilitó la feria “al sólo efecto de la sustanciación de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de primera instancia”.

Los magistrados aclararon que aceptaron tratar la causa en enero por el pedido de la Corte Suprema de Justicia de que “las cuestiones debatidas en autos” sean resueltas “a la mayor brevedad posible”.

En la resolución también aclararon que “se desestima el pedido de habilitación de días y horas inhábiles durante el mismo lapso“, tal como lo había solicitado la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Según el Código Procesal, los magistrados tienen hasta 60 días hábiles para emitir el fallo, por lo que el plazo comenzará a computarse a partir de hoy y podría extenderse hasta abril.

El sábado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó a los camaristas, que también beneficiaron a la Sociedad Rural con una medida cautelar que impide que el Estado recupere el predio ferial de Palermo.

“Este viernes, la Cámara que mantiene suspendida desde hace 4 años una ley del Congreso debía resolver sobre el decreto que revocó la venta a precio vil –impago además– de La Rural”, escribió Cristina en su cuenta de twitter. “Al final. ¿Cómo falló? ¿A favor del Estado o de la Sociedad Rural Argentina? A favor de las corporaciones, siempre”, agregó.

“La ley de medios está suspendida desde hace 4 años: el período completo de un presidente electo, un gobernador o un legislador”, escribió la mandataria al final de una cadena de más de 20 twits.

“En un desequilibrio total del sistema democrático, jueces gobiernan anulando decisiones propias intransferibles del Ejecutivo y Legislativo”, destacó, y cerró con una advertencia: “El sistema democrático severamente dañado por la falta de administración de justicia y la generación de un nuevo orden judicial: el cautelar”.


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Cautelares eternas

enero 7, 2013

LA CAUTELAR MAS LARGA NO ES DE CLARIN SINO DE LA NACION
Regalo de Reyes

06–01–2013 / Este año cumple una década la medida cautelar que permitió al diario La Nación acumular una deuda que la AFIP calcula en 280 millones de pesos. Tres años y medio de esa dilación transcurrieron en la propia Corte Suprema, ominoso presagio sobre lo que puede ocurrir con el Grupo Clarín y con la Sociedad Rural. Las diferentes posiciones de Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti. Jueces y partes.

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  Por Horacio Verbitsky

La medida cautelar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es la más extensa. En esta competencia entre evasores de raza de sus obligaciones, la cocarda de gran campeón no la luce Clarín sino su socio La Nación, que desde hace diez años cuenta con la protección judicial que impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada en 280 millones de pesos. Una tercera parte de esa dilación fue concedida al diario de los Saguier por la Corte Suprema de Justicia.

Magia negra

La causa se originó en los acuerdos de competitividad de 2001 que intentaron prolongar con inyecciones de benevolencia fiscal la agonía del sistema de convertibilidad monetaria.

Comenzaba un nuevo acto de magia negra para intentar que una lluvia salvadora cayera sobre la economía convertible, reseca por una recesión de cuatro años.

En junio de 2001, el decreto 730 permitió que los medios de comunicación no pagaran el impuesto a la ganancia mínima presunta y computaran las contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA.

Este auxilio debía prolongarse hasta marzo de 2003. En noviembre de 2001, otro decreto también firmado por Domingo Cavallo y Fernando De la Rúa (1387/01) extendió ese beneficio a todos los contribuyentes para el período fiscal a iniciarse en abril de 2003.

Esos planes no bastaron para sostener la artificial paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense, que fue incrementando el déficit en la balanza de pagos y la fuga de divisas, financiada por los préstamos de organismos internacionales.

En cuanto ese flujo se cortó, la devaluación arrasó la utopía dolarizada de las clases medias y el senador Eduardo Duhalde trepó en forma interina al Poder Ejecutivo, cosa que dos años antes no pudo alcanzar por medios legítimos.

El ingreso al acuerdo de competitividad requería la preservación del empleo y el congelamiento del precio de tapa de los diarios. La Nación y otros medios incumplieron ese compromiso, aduciendo el aumento de costos.

En marzo de 2003, Duhalde eliminó el cómputo de las contribuciones patronales como crédito fiscal para todos los sectores excepto dos: los medios de comunicación y el transporte de carga.

Su decreto de necesidad y urgencia 746/03, del 28 de marzo de ese año, especificó que la excepción regiría por el “plazo mínimo y acotado” de cuatro meses, para que el Poder Ejecutivopueda estudiar con mayor profundidad la problemática a fin de encontrar una solución alternativa”.

El pliego de condiciones

En abril se realizaron las elecciones presidenciales y para mayo estaba prevista la segunda vuelta. Pero Carlos Menem anunció su deserción el 14 de mayo. El 15, La Nación mostró que además de su propia salvación se interesaba por la vasta liga de intereses que representa.

En un editorial con la firma de su subdirector José Claudio Escribano, sostuvo que “la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año” y dijo que la frase se había pronunciado en una reunión del Council of Americas en Washington.

En esa extraordinaria pieza de periodismo militante, Escribano aludió sin nombrarlo a un desayuno que había compartido con Néstor Kirchner el lunes 5 de mayo. En aquel encuentro, concertado por Alberto Fernández, Escribano transmitió un virtual ultimátum, comunicando ceremoniosamente “los postulados básicos” del diario La Nación, porque “seremos inflexibles en su defensa”.

Incluían el “alineamiento incondicional” con Estados Unidos; la “reivindicación del desempeño de las Fuerzas Armadas” en “la lucha contra la subversión”; una urgente reunión con los empresarios; el cambio de la posición argentina con respecto a Cuba, “donde están ocurriendo terribles violaciones a los derechos humanos”, y el enfrentamiento al “problema de la inseguridad”, tranquilizando “a las fuerzas del orden con medidas excepcionales”.

Este pliego de condiciones parecía modelado sobre el que Lanusse intentó imponerle a Perón en 1972, y tuvo el mismo destino. La intención del decreto de Duhalde había sido dejar la resolución del tema de los medios y el transporte de carga a quien resultara electo. Pero La Nación siguió descontando hasta hoy de su liquidación del IVA lo que pagaba como aportes patronales.

La cautelar

En julio de 2003 había vencido el plazo fijado por el último decreto. Luego de pagar el impuesto en agosto y setiembre de 2003, La Nación obtuvo en octubre la medida cautelar que pronto soplará sus primeras diez velitas.

El argumento del diario fue que el crédito fiscal seguía vigente hasta que el Poder Ejecutivo encontrara la “solución alternativa” mencionada como hipótesis en los considerandos del decreto.

El mismo criterio fue seguido en ese momento por el Grupo Clarín, por la editorial Perfil, por la editora El Cronista Comercial, del diputado Francisco De Narváez, por las emisoras de radio y televisión de los ex diputados José Manzano (asociado con Daniel Vila) y Alberto Pierri y por el Canal 9, entre muchos otros de menor importancia.

Según la Administración Federal de Ingresos Públicos, de este modo La Nación dejó de pagar 150 millones de pesos de capital, a los que suma otros 130 millones de intereses, para llegar a un total de 280 millones.

La medida cautelar no fue presentada en forma directa por cada medio, sino a través de las cámaras patronales que los agrupan.

Fueron tres juicios de conocimiento presentados por ADEPA (la Asociación de propietarios de periódicos, que Escribano presidió); la Asociación Argentina de TV por Cable y las asociaciones de diarios de Buenos Aires (AEDBA), de diarios del interior (ADIRA), de radiodifusoras privadas (ARPA) y de editores de revistas (AAER).

El juez en lo contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino resolvió el 30 de octubre de 2003 que mientras el Poder Ejecutivo no encontrara la solución alternativa, los medios podrían seguir descontando los aportes patronales en la liquidación del IVA, tal como pretendían.

Recién el 6 de noviembre de 2008 los camaristas Marta Herrera y Carlos Grecco, de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, levantaron la medida cautelar dictada por Guglielmino.

Afirmaron que el decreto 1387/01 fijó un límite temporal a la franquicia y siempre que se mantuvieran las condiciones de crisis de 2001, por lo cual no existía ningún “derecho subjetivo a la reducción impositiva”.

Establecer la capacidad contributiva de cada empresa para enfrentar el reclamo fiscal requiere analizar “circunstancias fácticas y medidas probatorias” imposibles en un juicio cautelar, por lo cual levantaron la prohibición de innovar.

Pero bastaron apenas siete meses para que la Corte Suprema de Justicia volviera las cosas a su cauce favorable a La Nación y decidiera que la medida provisoria sería permanente, hasta que la propia Corte Suprema resolviera si es legítimo o no que La Nación siga descontando los aportes patronales, tantos años después de finalizada la vigencia del decreto que lo permitió y en un contexto económico-social por completo distinto.

Ese fallo de la Corte fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Santiago Fayt, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. El único juez que no lo suscribió fue Raúl Zaffaroni.

Ya parece una regla que cuando las resoluciones favorecen al Estado, las apelaciones se resuelven más rápido que cuando lo perjudican.

La AFIP arguye que luego de diez años de derogado el beneficio, es evidente que el Poder Ejecutivo no tiene intención de renovarlo bajo cualquier otra forma, dado que los diarios no cumplieron su parte del compromiso, al aumentar su precio de tapa y despedir trabajadores.

El límite razonable

El 15 de marzo de 2010, la Procuradora fiscal ante la Corte Suprema, Laura Monti, dictaminó que el recurso de La Nación era inadmisible.

Otro semestre más tarde, el 5 de octubre de 2010, la Corte decidió en el caso del Grupo Clarín que, dado el interés general en la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, es conveniente la fijación de un “límite razonable” para la vigencia de las medidas cautelares, porque su prolongación excesiva equivaldría a un fallo favorable en la cuestión de fondo.

Cuando la AFIP pidió que esta jurisprudencia se aplicara también a los impuestos que no paga La Nación, la Corte convocó a una audiencia de mediación, que no se hizo pública y sobre la cual tampoco hay información disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ).

Allí la AFIP rechazó que los considerandos del decreto 746 pudieran ser tomados como un compromiso.

Pero alegó que si la Justicia los considerara así, el Poder Ejecutivo ya habría dado dos soluciones alternativas: la ley 26.476, de diciembre de 2008, de regularización de deudas tributarias y exención de intereses, multas y demás sanciones; y el decreto 1145, dictado al vencer ese plazo, el 31 de agosto de 2009.

Entre ambos, el 27 de mayo de 2009, la presidente CFK firmó convenios de canje de pasivos fiscales por espacios de publicidad con varios centenares de medios del interior, entre ellos los diarios La Gaceta y La Nueva Provincia y el Canal 10 de Mar del Plata, además de los canales América TV y Telefe.

La ley abrió durante seis meses la posibilidad de acogerse a la moratoria y ofreció facilidades de pago generosas: 120 cuotas para pagar el capital adeudado, sin los intereses vencidos.

A los diez años de cuotas se les cargaría sólo un interés del 1 por ciento. El decreto, negociado por los medios con el jefe de gabinete de ministros Sergio Massa, pero firmado por su sucesor, Aníbal Fernández, les permitía canjear por espacios publicitarios sus deudas fiscales y previsionales vencidas, incluidos sus intereses.

Durante la 47ª Asamblea Anual de ADEPA su Comisión de Libertad de Prensa e Información encomió tales “pasos en torno a la salida del régimen de competitividad” ya que “con los convenios en trámite, parece encontrar un principio de solución transaccional”. La mayoría de los medios aprovecharon esos instrumentos y negociaron planes de pago.

El Grupo Clarín regularizó deudas por 198 millones de pesos (133 del diario, 57 de la productora de televisión ARTEAR y 8 de la radio Mitre); el grupo Manzano-Vila, por 134 millones de pesos (106 millones de su televisora abierta America TV y 28 del operador de cable Supercanal); Canal 9, por 24 millones y Telecentro, de Alberto Pierri, por dos millones de pesos.

Luego de esos acuerdos, sólo quedaron pendientes las deudas de La Nación (280 millones de pesos), El Litoral de Santa Fe, asociado con Clarín en la planta impresora AGL (26 millones), la editorial Perfil y Radiodifusora del Centro, propietaria de la radio cordobesa Cadena 3 (23 millones de pesos cada uno) y la sociedad anónima El Cronista Comercial, con 15 millones de pesos.

Si La Nación hubiera aceptado alguno de estos regímenes su deuda habría drenado 130 millones de intereses y podría haber pagado los 150 millones de capital en diez años, o en canje por espacios publicitarios.

La decisión de no hacerlo refleja antes una posición político-ideológica que un análisis de oportunidad y conveniencia comercial. Sin embargo, la deuda fue reconocida en los balances auditados de La Nación, que la registraron como pérdida.

Esto puede leerse como un acto de sinceridad con los accionistas, pero declarar pérdidas también permite pagar menos impuesto a las ganancias, aunque sea por deudas impagas.

Igual que para la Sociedad Rural, no pagar es una cuestión de principios y como tal innegociable para La Nación, cuya capacidad contributiva no está en cuestión: en los últimos cuatro años, compró dólares para atesorar por el equivalente a 130 millones de pesos y, en marzo del año pasado, bajo el inequívoco título “Expansión”, informó que, a través de su subsidiaria US Hispanic Media Inc., “llegó a un acuerdo para convertirse en el accionista estratégico de ImpreMedia, un grupo relevante de diarios y revistas en español de Estados Unidos”, que incluye los dos principales diarios de ese mercado, La Opinión, de Los Angeles, y El Diario, de Nueva York, además de la revista Vista, de circulación nacional en Estados Unidos, y publicaciones semanales de distribución gratuita en distintas ciudades norteamericanas. Como corresponde a la transparencia usual, no se informó ni el porcentaje que compró ni el precio que pagó por él.

Relacionadas
* Un cuadro integral – Por Horacio Verbitsky
* La doctrina Maqueda – Por Horacio Verbitsky
* Mi cuñado –  Por Horacio Verbitsky


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Carta de CFK a Ricardo Darín. Sobre las Declaraciones Juradas de “Los Kirchner”

enero 7, 2013

La carta completa

Una respuesta al actor Ricardo Darín sobre las Declaraciones Juradas de “Los Kirchner” (sic). de Cristina Fernandez de Kirchner, el domingo, 6 de enero de 2013

El Calafate, 5 de enero de 2013

Estimado Ricardo Darín

De mi consideración,

DarinycrisQuiero en primer término felicitarlo una vez más por su trayectoria artística y por haber dado al cine argentino memorables actuaciones.

Entre otras, El Secreto de sus Ojos y un Cuento Chino me parecen interpretaciones, sobre todo esta última, que no sólo evidencian su enorme talento sino que han logrado premios y reconocimiento internacional a nuestro cine.

¿No sé si sabe que soy una cinéfila total?

Pero bueno, como usted imaginará no le envío la presente sólo para comentarle la cartelera cinematográfica. Si. Acertó.

He querido escribirle luego de leer en varios periódicos del día de hoy sus inquietudes e interrogantes: “Declaraciones sobre política del protagonista de la Luz de tus Ojos. Darín: Que alguien me explique el crecimiento patrimonial de los Kirchner”, titula hoy Clarín en página 24.

Se ve que quien escribe la columna, que por otra parte no tiene firma, no ha visto sus películas, no por lo menos la que yo considero una de las más lindas, porque confunde el título. Vió. Nada que ver.

No quiero apartarme de una de las cuestiones centrales de sus preocupaciones: “Que alguien me explique el crecimiento patrimonial de los Kirchner”.

Es obvio que, por razones de público, notorio y doloroso conocimiento, – esto último por lo menos para algunos argentinos -, la única que le puede responder soy yo, Cristina. Y es precisamente una de las razones que más me movilizaron y decidieron a hacerlo. Es tan difícil que alguien que no está pueda defenderse que usted entenderá los motivos por los que le escribo.

Ricardo, permítame llamarlo por su nombre de pila como usted lo hace conmigo en su entrevista en la revista Brando, porque es más amigable y aleja toda posibilidad de pelea y confrontación que tanto parecen afectarlo.

No quiero imaginar cómo se sentiría usted si alguien llevara carteles escritos por la calle insultándolo, deseando su muerte o festejando la de su compañero de toda la vida como me ocurre a mi en algunas manifestaciones opositoras.

¿Nunca vió alguna? Seguro que sus múltiples ocupaciones y compromisos propios de un artista exitoso le restan tiempo para una observación más completa de la realidad, pero no se preocupe, tampoco es culpa suya, seguramente los medios que usted lee no publican esa información.

Pero sigamos con el tema del crecimiento patrimonial. Quiero decirle que no ha habido funcionarios públicos, sean políticos, gobernadores, legisladores, intendentes, jueces o jefes de gobierno más denunciados penalmente e investigados por la justicia argentina en materia de enriquecimiento, que quien fuera mi esposo y compañero de toda la vida, y quien le escribe.

No sólo se investigó a fondo sino que también se designó al cuerpo de peritos de la Corte Suprema de la Nación para que realizara pericias contables, que duraron meses, y concluyeron que no se había cometido ningún acto ilícito, lo que obligó al juez a desestimar las denuncias.

Nunca en toda la historia política de la Argentina se ha podido acceder a las Declaraciones Juradas de un funcionario público con mayor facilidad, frecuencia y publicidad que a las de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Ríos de tinta, fotografías, y todo lo que uno pueda imaginar en torno a una Declaración Jurada. Lo desafío a que intente encontrar lo mismo de algún funcionario público opositor ma non troppo, juez, gobernador, legislador o intendente.

Mire Ricardo, sin ir más lejos hoy otro diario, La Nación, propietario de la revista Brando donde usted formuló las declaraciones que llamaron mi atención, publica en su página 16 un reportaje al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

No sólo me enteré de que mantiene sus ahorros en dólares (está en todo su derecho a hacerlo) sino que cuando el periodista le preguntó por el monto de sus divisas, se rehusó a contestar y declaró que el monto figura en su Declaración Jurada, que es pública.

En un apartado de la nota los periodistas se muestran luego sorprendidos porque además, cuando pretendieron acceder a la información, no se les permitió hacerlo.

Nadie parece preocuparse por ninguna otra Declaración Jurada que no sea la de “Los Kirchner” (sic). Sólo se conocen fotos de las casas en que vivíamos nosotros, y ahora habito solamente con mi hija.

¿Se publican fotos de las casas de gobernadores, jueces, altos magistrados, intendentes, concejales, legisladores actuales o de mandato cumplido?

Sin embargo todo el país conoce mi casa, la de Rio Gallegos, y a pesar de que a pocas cuadras y en el mismo barrio viven dos legisladores de la oposición en casas mucho más importantes que la mía, nunca se vió una foto.

¿No le parece raro, Ricardo? Ni hablar de mi casa de El Calafate. Vió que los medios nunca van al Delta, Punta del Este, Miami. ¿Es extraño verdad?

Siempre me pregunto por qué siguen también la vida de mis hijos, dónde van, con quién, y nadie parece preocuparse de la vida rumbosa que esposas, hijos, hijas y otras yerbas de otros políticos llevan adelante en fiestas y viajes permanentes que parecen no tener fin.

¿No le llama la atención? Me parece que las personas con tantas inquietudes e interrogantes deberían observar estas cosas.

Pero sabe qué, después de todo, el haber sido y seguir siendo los únicos funcionarios públicos observados y fotografiados con tanta tenacidad, nos ha permitido demostrar que vivir en un país donde el único político investigado es el Presidente (o la Presidenta, como me gusta decir a mi), significa que vivimos con la más absoluta libertad. Eso sí, con la información más retaceada sobre otros funcionarios.

Sería bueno, sano y transparente para el sistema democrático si todas las Declaraciones Juradas de gobernadores, intendentes, jueces, magistrados, ministros de la corte, estuvieran a disposición de toda la sociedad, publicadas, analizadas y publicitadas como siempre lo son las de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Usted quería que alguien le explicara. Ya se lo hemos explicado a la Justicia y a peritos de la Corte.

Descarto, Ricardo, que usted confía en la Justicia. Usted mismo fue acusado y detenido por un juez en marzo de 1991, por el delito de contrabando de una camioneta que ingresó al país con una franquicia especial para discapacitados.

Perdón, no le deseo el mal a nadie, pero menos mal que no estábamos “Los Kirchner” en el gobierno, o hubiera sido considerado una persecución política.

¿Lo recuerda? La verdad yo lo había olvidado, con tantas cosas en la cabeza, pero hoy entré a clarín.com y leí la nota “Un fallo benefició a Darín”, algunos de cuyos párrafos le transcribo:

Los jueces de la Sala A de la Cámara, Nicanor Repetto y Edmundo Gendler, consideraron que por el paso del tiempo la acusación contra el actor está prescripta. Pero se preocuparon por aclarar que el actor sabía que estaba comprando la camioneta en forma irregular.

“Debe descartarse bajo todo punto de vista la buena fe de la compra”, apuntaron los jueces. Y advirtieron que el actor “tuvo una actitud claramente responsable”.

Lo que leí y me llamó la atención en la entrevista de Brando, es su convocatoria a una reconciliación. Y disculpe si le digo que soy yo la que me gustaría que explicara que significa para usted “reconciliación” (no se sienta presionado o intimidado, si prefiere no hacerlo está en todo su derecho).

Porque no vivimos en un país niño, como ha dicho usted y es el título de la nota de la revista Brando, sino en un país democrático donde cada uno es libre de decir lo que se le de la gana, y le aclaro que me encanta vivir así y no como lo hicimos durante los años de la dictadura.

Por eso, ¿Cómo llamaría usted a un país donde nadie hablaba excepto las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo? Si este es un país niño, ¿aquel qué sería, un país in vitro?

Sigamos con el tema de la reconciliación. Me interesa saber a que qué se refiere. ¿A los juicios de lesa humanidad? Porque ha habido alguna jerarquía eclesiástica que se ha referido a terminar con los juicios por la memoria, verdad y justicia utilizando justamente el término “reconciliación”.

O tal vez usted se refiera a que me reconcilie con quienes me desean la muerte, festejan la de Néstor o les gustaría destituirme. ¿No sería mejor pedir que cesen los insultos, las agresiones, los golpes a periodistas o la falta de respeto a la voluntad popular?

La palabra “reconciliación” goza de múltiples acepciones. ¿Con quiénes deberíamos reconciliarnos?

Porque créame, no estoy peleada con nadie, aunque sí es público y claro que existen diferencias de pensamiento con respecto a nuestro proyecto de país, políticas públicas, la memoria, verdad y justicia… y eso es vivir en un país democrático.

No ponerse de acuerdo también es un derecho, como lo es resolver de acuerdo a la voluntad y responsabilidad que el voto popular le ha asignado a cada uno, sin la menor soberbia, simplemente con la responsabilidad que me otorga la Constitución Nacional.

Usted define que el problema de nuestro país es la falta de “tolerancia”. Hubo un tiempo en que yo usaba esa palabra, sin embargo me di cuenta de que la significación de tolerar, era algo así como que te aguanto porque no me queda otro remedio, entonces decidí cambiarla por “aceptación”. Aceptar al otro, al diferente, al que piensa y actúa diferente. Piénselo, es más positivo que tolerar.

¿Recuerda usted algún otro momento del país con tanta libertad, libertad de palabra, de pensamiento y de acción?

¿Recuerda usted que se haya tratado a un Presidente de la Nación como se me trata a mi desde medios, dirigencia opositora, etc.?

No crea que me molesta, yo he vivido cuando era joven otro país que era el que cantaba Charly cuando decía “Los que están en los diarios pueden desaparecer, los que están en la radio pueden desaparecer, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer”.

Afortunadamente ya no estamos en esa etapa del país, aunque algunos dinosaurios resisten, atacan, impiden y algunas cosas peores. Estoy segura de que a usted los dinosaurios tampoco le gustan.

No lo distraigo más. Usted se preguntará y esta mujer, con todo lo que tiene que hacer, se ocupa de escribirme… Y debo reconocer que soy un poco cholula y usted es uno de mis actores preferidos. Hoy es sábado 5 de enero, víspera de Reyes, estoy en El Calafate, leí los diarios y me pregunté, por qué no explicarle a Ricardo Darín, algo que lo tiene tan preocupado.

P.D.: Podría haberle contado también como se encontraba nuestro país en mayo de 2003 cuando Néstor Kirchner asumió con apenas el 22% de los votos, pero como nunca lo había escuchado hacer declaraciones políticas antes, en su extensa y exitosa trayectoria, supongo que debía estar más de acuerdo con el otro país que con este. No lo tome como reproche, está en todo su derecho. Ah! Me dijeron que su nueva película, un thriller (le aclaro que me encantan), es muy buena y desde ya me atrevo a recomendarla. Atentamente y con la misma consideración de siempre.


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La enfermedad de Chávez y los desafíos de las sucesiones en Sudamérica

enero 7, 2013

Sucesiones

 Por Luis Bruschtein

05–01–2013 / La salud de Hugo Chávez tiene repercusiones en toda América latina por la relevancia que tomó Venezuela en el continente a partir de la gestión bolivariana.

Antes, la proyección venezolana al exterior estaba monopolizada por los Estados Unidos que de esa forma se abastecía de combustible y al mismo tiempo controlaba a los gobiernos del país superpetrolero.

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Chávez le dio un giro completo a esa situación, con muchas críticas de una oposición muy manipulada desde Miami, pero lo real es que a partir de su gobierno Venezuela no puede quedar fuera de ninguna fórmula de integración regional.

Para el Mercosur es fundamental porque su presencia consolida el núcleo más dinámico de ese proceso. Las derechas de estos países lo ven con claridad y por eso tratan de oponerse con argumentos muy influenciados por la oposición venezolana, que a su vez es muy manipulada desde Estados Unidos por los grupos republicanos más recalcitrantes.

Para sus enemigos, los problemas de salud de Chávez se han convertido en motivo de regocijo y son utilizados en campañas mediáticas escabrosas en las que mucho tienen que ver los corresponsales extranjeros, como el del periódico derechista ABC de España, que inventa una historia que se publica en la Península y, cuando rebota de vuelta, en Venezuela es tomado como un hecho consumado por los medios de la oposición.

Hubo un momento en Argentina en que los rebotes mediáticos también funcionaron de esa manera. Los corresponsales conocen perfectamente a la oposición venezolana porque han sido objeto de operaciones mediáticas cada vez que hubo elecciones.

Siempre hay personajes que se presentan como luchadores de la libertad, que consiguen documentos secretos o reservados, que están muy elaborados pero que no tienen nada que ver con la realidad. Son mentiras perfectas.

Algunas son carpetas con supuestas encuestas que dan por ganador al candidato de la oposición, otros son supuestos informes de inteligencia sobre una cantidad variada de temas que van desde la corrupción de algún funcionario hasta la existencia de un hijo no reconocido de Chávez o actividades de espionaje contra una oposición a la que no vale la pena espiar.

Cuando los corresponsales llegan a Caracas se encuentran con este supermercado de supercherías de ex militares, ex funcionarios o ex dirigentes, todos “desilusionados” del chavismo, que ofrecen esta variada gama de información muy elaborada pero trucha.

No hay ingenuidad en los periodistas. Los corresponsales saben que se trata de carne podrida pero algunos la reproducen en el sobreentendido que es lo que esperan sus empresas que ellos digan del proceso político venezolano.

Chávez ganó trece de las doce elecciones a las que se presentó desde 1998 y la mayoría de ellas con más de diez puntos de diferencia sobre sus rivales.

En cada uno de esos comicios hubo quienes hablaron previamente de “triunfo” opositor o de una supuesta “paridad” de fuerzas haciéndose cargo de las evidentes truchadas que les acercaban los operadores de la oposición.

Después estaban obligados a denunciar que el chavismo ganaba con fraude pero siempre han sido elecciones tan controladas que esas denuncias ya eran increíbles. Y no faltaban los más bobos que circulaban por el hall del hotel con una carpeta bajo el brazo con el rótulo de “información clasificada”.

Esos eran los más irresponsables porque se trataba siempre de información muy berreta e imposible de verificar. La baja calidad de esa información hacía que muchos la desecharan a su pesar.

En las últimas elecciones venezolanas, en octubre pasado, hubo periodistas argentinos famosos que se dejaron llevar por ese cúmulo de informaciones truchas y hablaron de paridad y triunfo de la oposición y hasta llegaron a presentar como gran logro investigativo alguna de esas carpetas para incautos.

Con este trasfondo, se gestó una frase de fantasía: “Si gana Chávez, Cristina va por todo”.

Chávez ganó y Cristina Kirchner no varió su gestión de gobierno. Fue una frase para asustar incautos. Pero lo contrario, que Chávez hubiera perdido, hubiera impactado con fuerza en la política de integración regional que no había tenido tanto impulso desde las luchas por la independencia, en el siglo XIX.

El chavismo en Venezuela, el petismo en Brasil, el MAS en Bolivia, el kirchnerismo en Argentina y Correa en Ecuador, más Fernando Lugo en Paraguay y Pepe Mujica en Uruguay han protagonizado en cada país los procesos que motorizaron ese camino que fue frustrado en el siglo XIX. Son vistos a nivel mundial como la expresión de una nueva izquierda.

Con sus limitaciones, problemas y errores, constituyen la izquierda de este momento histórico, como continuidad de una línea histórica de emancipación. Todos ellos lo hicieron sobre la base de liderazgos muy carismáticos y sobre la base de fuerzas políticas débiles de origen.

Esos liderazgos tan fuertes dificultan el surgimiento de otros dirigentes que aparezcan como continuadores de esos procesos.

En el caso argentino, hay un sector de fuerzas progresistas que quedó por fuera del armado que sostiene este proceso. En Uruguay, el Frente Amplio abarca a esas dos alas del progresismo, pero solamente la que encarna el presidente Pepe Mujica garantiza la continuidad decidida por ese camino. Tabaré Vázquez, que seguramente será el próximo candidato, no mostró la misma resolución en ese sentido.

En Paraguay, el ex presidente Fernando Lugo no pudo construir una fuerza que lo sustentara. No alcanzó con su sola convocatoria personal, fue destituido y difícilmente haya en el corto plazo una fuerza política importante que impulse sus mismas políticas.

En Bolivia, en algún momento el MAS afrontará una prueba dura cuando deba impulsar un candidato que no sea Evo Morales. El presidente Rafael Correa, en Ecuador, arrasa en las elecciones pero se apoya en una estructura política muy nueva, que a su vez se apoya sólo en su figura. En Brasil, en cambio, Lula hizo una apuesta muy fuerte y logró la continuidad de sus políticas en una sucesión con Dilma Rousseff, otro cuadro del PT.

Los problemas de salud de Chávez determinan que, aun cuando se reponga, difícilmente pueda seguir llevando sobre sus espaldas toda la responsabilidad del movimiento.

Venezuela tendría que afrontar de todos modos un proceso de transición hacia un modelo de conducción que no recaiga sobre una figura tan fuerte y carismática como la de Chávez.

Todos los gobiernos populares afrontan un desafío que hasta ahora sólo superó el petismo brasileño. Y en Argentina ese problema pasará a ocupar un lugar central a partir de las elecciones de este año. Son movimientos democráticos: no se trata solamente de elegir al indicado sino que además tiene que ganar la aceptación de las mayorías.

Pero además, el problema de la continuidad no se reduce a la continuidad en el gobierno, sino también a la continuidad de las políticas. Se trata por un lado de consolidar mayorías electorales y por el otro apuntalar las estructuras políticas de apoyo.

Los movimientos iniciales de estos procesos se han recostado en fuertes liderazgos personales para atravesar barreras culturales y prejuicios y sobreponerse a las debilidades de origen, pero la única forma de garantizar continuidad es que los movimientos políticos logren trascender más allá de los gobiernos e incluso de estos liderazgos tan determinantes.

Aún en la oposición, un movimiento popular fuerte puede impedir que se deshaga lo que se consiguió, no solamente en el proceso de integración regional que tiene una proyección estratégica, sino también en otros aspectos en los que se ha avanzado.

La clave está en la vitalidad de los movimientos políticos que sustentan estos gobiernos. En el caso de Venezuela, la derecha ya ha hecho correr versiones de divisiones en el chavismo.

Advierte con claridad que si el chavismo no se divide, será muy difícil de vencer aún sin Chavez y puso todas las fichas en una estrategia con ese objetivo como ya lo demostró la carta que enviaron a las embajadas tratando de enfrentar al presidente del Congreso, Diosdado Cabello con el vicepresidente Nicolás Maduro.

El divisionismo o la disolución son peligros que afrontan estas fuerzas. Si Chávez se recupera, su sola figura podría servir para mantener unida a su fuerza, lo que sería la garantía de continuidad, aun cuando él no estuviera a cargo del gobierno.

Ese podría ser otro momento de estos procesos políticos, en los que se desdoble el gobierno y la conducción política y los liderazgos originales se enfoquen hacia la consolidación de los movimientos.


Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.


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