Un simple movimiento de cámara es de por sí un problema moral.
08–06–2013 / Visión Siete Internacional – Entrevista a Ignacio Ramonet, catedrático y periodista español radicado en Francia, especialista en medios de comunicación masivos.
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REPORTAJE A GILS CARBO, PROCURADORA Y FIRMANTE DEL DOCUMENTO “JUSTICIA LEGITIMA”
“El sistema judicial es burocrático y autoritario”
26–02–2013 / Mañana comienza en la Biblioteca Nacional el encuentro abierto convocado por cientos de magistrados que firmaron el texto “Justicia legítima”. Una de las firmantes fue Alejandra Gils Carbó, la jefa del Ministerio Público Fiscal. En diálogo con P/12, reveló entramados judiciales y adelantó la posibilidad de que surja una nueva asociación civil para impulsar una reforma.
Por Martín Granovsky
A menos de un año de su nombramiento, a propuesta de la Presidencia y con acuerdo del Senado, la procuradora Alejandra Gils Carbó encara al mismo tiempo cambios en el organismo y participa del grupo cada vez mayor de jueces, fiscales y magistrados nucleados en “Justicia legítima”.
Al menos en mi caso, al frente del Ministerio Público, intento adoptar modificaciones que como mínimo amortigüen los defectos del sistema. Hoy se llega a designar fiscales con un resultado medio cantado.
En la importancia que tiene un examen de antecedentes y títulos al que se le asigna cerca del 50 % del puntaje total.
Porque pueden resultar favorecidos hombres solteros y mujeres solteras con tiempo disponible o acceso más fácil a posgrados y doctorados. Y no es posible que tenga un peso tan determinante. No está bien. A veces no trabajan. O, si ya están en la Magistratura, teniendo tareas no las hacen. Eso no me parece un parámetro que deba ser.
El que estamos por implementar, ya no como idea, sino como plan concreto e inminente. Vamos a privilegiar los exámenes de oposición. Vamos a darle importancia a lo que sirva para evaluar la capacidad del fiscal. Por ejemplo, su capacidad dinámica, su posible desempeño ante tribunales orales, compatible con el proceso que pensamos que se viene, con modalidad acusatoria.
Y agrego otro requisito: el examen debe revelar el tipo de sensibilidad del funcionario. Lo que tenemos es un sistema judicial esencialmente burócrata. Vayamos quitando burocracia. Agreguemos transparencia. Por eso queremos que además de un jurista invitado al concurso de oposición, haya un veedor de una organización no gubernamental que no sólo presencie el trámite, sino que emita un informe.
Un fiscal que sienta que está al servicio de la comunidad en lugar de creer que accedió a un cargo privilegiado con dinámicas corporativas.
Queremos que al oral se llegue por haber aprobado el examen escrito, no por los antecedentes.
Si el candidato o la candidata aprueban el escrito y el oral, entonces sí se evalúan los antecedentes. Pero en ese orden.
No. Menos. Digamos, un tercio del total. Para todo este proceso una clave es el objetivo de garantizar el acceso universal a los cargos de la Magistratura, y al decir Magistratura englobo tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial.
En el caso del Ministerio Público, no puede ser que los jurados se integren con fiscales de la misma jurisdicción. Si no, se favorece esa especie de sistema de padrinazgos que termina constituyendo una suerte de familia política judicial. Es como si el nuevo fiscal le debiera el cargo al padrino.
El Consejo de la Magistratura muchas veces lo aplica y lo considera válido. Yo lo critiqué. Esto permite los padrinazgos y los parentescos, muy fuertes en las jurisdicciones del interior del país, pero no sólo allí.
En la Justicia nacional también hay nombramientos cruzados: la esposa de, el hijo de. Tengo el Ministerio Público lleno de parientes que no nombré yo. No puede ser que el parentesco y las relaciones de sociabilidad como los padrinazgos sean las normas no escritas que orienten las designaciones y las carreras.
Primero echando luz sobre estas prácticas consuetudinarias que son contrarias a los intereses de la comunidad. Así como alejan al Poder Judicial de la sociedad, lo acercan a los factores de poder que manejan los hilos de la Magistratura.
Tiene que haber cambios no sólo legales y reglamentarios. Si hay algo que caracteriza a esa estructura es el autoritarismo, porque pretende unificar todo bajo esos patrones en lugar de guiarse por el pluralismo y el debate.
Sí. Burocráticos y autoritarios. Por eso tiene que haber un cambio cultural. Creo en el poder transformador de la cultura. Cada persona dentro suyo tiene una conciencia moral.
Cuando se revelan estas prácticas tan alejadas de las que debe tener un funcionario, esto tiene que generar un rechazo. Una de las medidas que vamos a tomar es el dictado de un código de ética para actualizar las nuevas patologías.
Por ejemplo, los magistrados que reciben prebendas encubiertas como becas y viajes académicos, y a veces viajes de turismo. Y el peor aspecto de los parentescos: no sólo se verifican en los tribunales, sino entre magistrados y, a veces, imputados.
Bueno, es obvio que eso debe generar la inmediata excusación del magistrado.
Para reforzar el debate abierto. Es un proyecto que debatiremos con representantes de la sociedad civil. En la Justicia hay muchas cosas que aclarar. Cosas que fueron dichas por altos estamentos judiciales.
Y a principios de enero cientos de magistrados, que llegamos muy pronto a ser 680, reaccionamos porque no queremos complacencia con promiscuidades con los poderes fácticos y hegemónicos. Fue el documento “Justicia legítima”.
Saldrá de las discusiones. Quizá pueda emerger un documento que haga más concretas las propuestas de cambio que pretendemos generar. Este es el momento adecuado para dar un giro al sistema judicial, después de treinta años de estabilidad democrática.
También puede constituirse una asociación civil para ayudar a que los cambios puedan realizarse. No podemos quedarnos solo con reformas normativas para ejercitar una retórica cuando todavía permanecen intactos los mecanismos internos de disciplinamiento o de manipulación.
La dependencia judicial se maneja en las sombras, no cuando sale uno a quejarse de una sentencia que le parece injusta. Eso es parte del escrutinio público al que están sometidos todos.
Es un examen público saludable. Cuando alguien de nosotros, en la Magistratura, recibe una crítica, no puede ser que se sienta difamado. Es parte de la actitud burocrática y autoritaria.
Es burócrata el que sigue un ritualismo exacerbado, sobre todo en los procesos civiles. Se avanzó en la oralidad especialmente en lo penal. Pero continúa en general esa enorme distancia entre el juez y las partes.
El juez conoce a los abogados, no a las partes. A veces ejerce una imparcialidad mal entendida, porque se manifiesta impasible ante las desigualdades.
Se limita a ver los hechos del caso sin considerar los conflictos sociales que subyacen detrás de un caso. Todos esos actos responden a una lógica burocrática de eludir los temas de fondo.
Cuando asumí como procuradora, vi que no había una unidad especializada en narcotráfico y narcocriminalidad. ¿Qué queremos? ¿Que un fiscal con diez empleados pueda luchar solitario contra poderosas bandas internacionales? Ridículo.
Por eso creamos la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, o sea un sistema de persecución penal adecuado a la complejidad del siglo XXI.
¿Sabe qué es un burócrata? En mi caso, descubrir que la narcocriminalidad no puede ser materia de un fiscal solitario y quedarme sentada. Supuestamente cumplo con mi trabajo, me pagan el mismo sueldo y evito los problemas. Eso es la burocracia rutinizada. Es un pensamiento conservador que no tiene ninguna eficiencia para dar una respuesta a la sociedad.
Si llegamos a un acuerdo sobre ese punto, para no quedarnos con la definición teórica de lo que debe hacerse. Tiene que haber una palabra que produzca sentido para que todo no quede en propuestas de reforma. Ya hubo propuestas de reformas de la Justicia que no dieron el resultado. Eso suele suceder cuando no se miran los fenómenos reales.
Al Consejo de la Magistratura. Debería estar más abierto a la participación ciudadana. Que esté abierto sólo a jueces y abogados es funcionar con un cuerpo cerrado y endogámico.
Por qué no médicos, por qué no ingenieros, por qué no gente sin título universitario, por qué no gente ajena a la corporación y a sus constantes toma y daca… Miremos el caso del juez Luis Armella. Estuvo en una de las causas de mayor exposición, en la que se hicieron todos los negocios imaginables.
Sí. Quizás Armella sintió que tenía el colchón suficiente para seguir firmando sentencias. ¿Qué puede pensar un ciudadano que hoy tiene un fallo con la firma de Armella? ¿Cómo no vamos a hablar de que es necesario un cambio?
No. Y además, los funcionarios judiciales no suelen estar tan politizados. Por lo pronto, tienen vedado afiliarse a un partido político. Ahora, eso es una cuestión y otra es la necesidad de contar con una política judicial sana, de comunicación, de transparencia en la información judicial y administrativa.
Excede absolutamente esa cuestión. Tiene que haber un disgusto muy grande para que personas tan disímiles se alcen contra un comunicado cuya redacción se atribuía a ministros de la Corte.
No es propio de la magistratura rebelarse. Es que debe existir algo muy fuerte que estuvo alimentando este sentimiento de indignación, de no querer ser parte de un entramado de relaciones corporativas, con agentes externos que son contrarios a los intereses de la sociedad.
Debo pensar entonces que no estaban todos de acuerdo. Mire, igual la situación no tiene vuelta atrás. Y no la tiene por la fuerte sensación de que la Justicia no debe ser como antes y no volverá a ser como antes. Hay un debate, hay ideas, hay proyectos.
Algunos de los que firmamos, por los puestos que ocupamos, tenemos posibilidades de reglamentar y ejecutar. Es el caso de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y es el caso del Ministerio Público Fiscal. Haremos la reforma de los concursos.
También estamos hablando con los decanos de universidades del conurbano para crear un régimen de pasantías. Esto va a traer un cambio cultural que atacará el oscurantismo de los pasillos tribunalicios que dominó hasta ahora.
El comunicado es de una minoría que intenta arrogarse una representación. Ni siquiera tienen que ver con el interés del resto de los magistrados.
Detrás de eso se vio una pretensión de establecer alianzas estratégicas para trabajar un proyecto personal de poder que no tiene que ver con la función judicial. Es una manera de subvertir las funciones de la magistratura, que debe servir al interés común.
Ya le dije: no englobaría a toda la Corte en los comunicados, si es que fue eso lo que generó la reacción. Si no, habrían firmado todos los ministros. Y no firmó nadie.
Al hablar de autoritarismo me refiero a otra cosa: a que en la mayor parte de la historia argentina, la Justicia legitimó regímenes autoritarios. Y déjeme volver al Ministerio Público: es uno de los más atrasados de Latinoamérica.
No se desarrolló la autonomía institucional y la consagración del sistema acusatorio. El Ministerio Público sigue teniendo una organización en espejo respecto del Poder Judicial. Imita sus funciones aun cuando son distintas. Pienso, al contrario, que debe responder al dinamismo, porque debe llevar adelante la investigación.
Obviamente incorporar el sistema acusatorio no es suficiente. Si no se produce un cambio cultural, siempre se trasvasará todo lo viejo. Si no, los funcionarios se reproducen. Y ésa no es precisamente mi idea ni la idea de quienes nos reuniremos en la Biblioteca Nacional.
PROYECTO SOBRE DECLARACIONES DE FISCALES
Además de los nuevos concursos que explicó en la entrevista publicada en estas páginas, la procuradora Alejandra Gils Carbó dijo a este diario que se propone implementar un programa de transparencia que incluya un reglamento de acceso a las declaraciones juradas de los fiscales.
Según la jefa del Ministerio Público Fiscal, “el actual reglamento de acceso a las declaraciones juradas es restrictivo del derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública”.
Uno de los papeles de trabajo a los que tuvo acceso P/12 sostiene que el sistema actual “dificulta el acceso a la ciudadanía en general” porque establece requisitos “que resultan de difícil superación” y permite “interpretaciones que suelen limitar o directamente impedir el acceso a las declaraciones juradas”.
Otro de los puntos del llamado Programa de Transparencia es ampliar el área de atención a las víctimas “para garantizar la protección de los derechos” y acercar las víctimas al Ministerio Público “como actor fundamental en la representación de esos derechos e intereses”.
El plan contempla “mecanismos de atención directa y personalizada” para acceder a la Justicia: líneas telefónicas, mail, chats e incluso locales del Ministerio Público Fiscal con atención personalizada.
Habrá también un Portal de Gobierno abierto y un portal de noticias para difundir la información que producen las unidades especiales y la Procuraduría, la información de las fiscalías y los dictámenes de la procuradora y de los procuradores adjuntos ante la Corte Suprema.
En cuanto al código de ética, el texto dice que “debería prevenir incorporar aquellas situaciones reñidas con la ética que son propias del sistema judicial argentino”. El caso concreto sería la regulación sobre conflictos de intereses, regalos y viajes.
Otro punto será un reglamento para compras y licitaciones. Ese reglamento podría incluir “un mecanismo para dar prioridad a distintos actores sociales de relevancia”, como cooperativas de trabajadores, fábricas recuperadas y el Ente Cooperador Penitenciario.
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Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.
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Julian Assange, fundador de Wikileaks, permanece asilado desde hace 7 meses en la embajada de Ecuador en Londres tras haber filtrado a medios de prensa internacionales cables secretos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de sus embajadas en todo el mundo.
Assange está acusado de supuestos delitos sexuales cometidos en Suecia, que pretende su extradición para juzgarlo, sin embargo él está convencido de que es en los Estados Unidos, país donde rige la pena de muerte, donde se lo quiere juzgar.
Parte 1
Parte 2
Parte 3
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ENTREVISTA A JULIAN ASSANGE, FUNDADOR DE WIKILEAKS, DESDE LA EMBAJADA DE ECUADOR EN LONDRES
“Las comunicaciones en América latina deberían estar fuertemente encriptadas”
23–02–2013 / El periodista australiano cuestionó el acceso a la información que tienen superpotencias sobre otros países, habló de las ventajas y desventajas de Internet y dijo que los medios usan su presencia para apuntalar intereses económicos y políticos.
Por Marcelo Justo
Desde Londres
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, recibe a P/12 en una oficina especial que la Embajada de Ecuador en el Reino Unido ha habilitado para que dialogue con la prensa de cara a la publicación de su nuevo libro, Cypherpunks. La libertad y el futuro del Internet.
El pelo blanco y la piel casi traslúcida le dan un aire de albino insomne, pero los más de seis meses encerrado en los confines de la embajada y el más que incierto futuro ante la decisión del gobierno británico de no concederle el salvoconducto que le permitiría viajar a Ecuador no parecen pesarle mucho.
Es cierto que tiene una aparentemente bien ganada fama de recluso y que en su pequeño cuarto en la embajada debe hacer lo mismo que hacía la mayor parte del tiempo en su vida libre: estar pegado a la computadora y a Internet.
Es prácticamente imposible imaginar su vida sin la pantalla y el ciberespacio. Por eso mismo, su libro sorprende por partida doble. Según Assange, Internet puede hacer palidecer las peores pesadillas de control poblacional imaginadas en 1984, de George Orwell.
– Usted habla en su libro de Internet como posible amenaza para la civilización. Muchos piensan que Internet es un arma para el progreso humano que ha producido, entre otras cosas, Wikileaks. ¿No es su interpretación un poco pesimista?
No cabe duda de que Internet ha dado poder a gente que no lo tenía al posibilitar el acceso de todo tipo de información a nivel global.
Pero al mismo tiempo hay un contrapeso de esto, un poder que usa la web para acumular información sobre todos nosotros y utilizarla en beneficio de los gobiernos y las grandes corporaciones.
Hoy no se sabe cuál de estas dos fuerzas va a imponerse. Nuestras sociedades están tan íntimamente fusionadas por Internet que ésta se ha convertido en un sistema nervioso de nuestra civilización que atraviesa desde las corporaciones hasta los gobiernos, desde las parejas hasta los periodistas y los activistas.
De modo que una enfermedad que ataca este sistema nervioso afecta a la civilización en tanto tal.
En este sistema nervioso hay vastos aparatos del Estado, principalmente, pero no únicamente, de Estados Unidos, que operan para acaparar todo este conocimiento que Internet suministra sobre la población. Este es un problema que simultáneamente nos sucede a todos. Y se parece en este sentido a los problemas de la Guerra Fría.
– Usted es muy crítico de Google y Facebook, que mucha gente considera como maravillosas herramientas para el conocimiento o las relaciones sociales. A esta gente en su experiencia cotidiana no le importa la manipulación que se pueda hacer con Internet.
No les importa porque esta manipulación de información está oculta. Creo que en los últimos seis meses esto está cambiando. En parte por Wikileaks y por la represión que hemos sufrido, pero también por el periodismo y la investigación que se está haciendo.
Google es excelente para obtener conocimiento, pero también está suministrando conocimiento sobre los usuarios. Google sabe todo lo que buscaste hace dos años. Cada página de Internet está registrada, cada visita al Gmail también.
Hay gente que dice que no importa porque lo único que quiere es vender avisos. Ese no es el problema. El problema es que Google es una compañía que tiene su sede en Estados Unidos sujeta a la influencia de poderosos grupos. Google le pasa información al gobierno de manera rutinaria. Información que se usa para otros propósitos que el conocimiento. Es algo que en Wikileaks sufrimos de primera mano. Es algo que le ha sucedido a muchísima gente.
– Pero a nivel de control de Estado hay usos legítimos de Internet para la lucha contra la pornografía infantil, el terrorismo, la evasión fiscal.
Indudablemente hay usos legítimos y la mayoría del tiempo la policía los usa adecuadamente. Pero las veces en que no lo hacen, pueden ser terribles, aterrorizadoras, como está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos.
Hay que tener en cuenta que lo que llamamos los cuatro jinetes del apocalipsis –la pornografía infantil, el terrorismo, las drogas y el lavado de dinero– son usados para justificar un sistema de vigilancia masivo de la misma manera que se usaron las armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Irak.
No se trata de una vigilancia selectiva de personas que están cometiendo un delito. Hay una grabación permanente de todo el mundo. Eso es una amenaza diferente de todo lo que vivimos antes, algo que ni siquiera George Orwell en 1984 pudo imaginar.
– En Occidente se ha hablado mucho de la revolución de Twitter para explicar la Primavera Arabe. ¿No es éste un ejemplo perfecto del potencial revolucionario de Internet?
La Primavera Arabe se debió a la acción de la gente y de los activistas, desde la Hermandad Musulmana hasta otros grupos organizados. Internet ayudó el panarabismo de la rebelión con gente de distintas partes aprendiendo unos de otros.
También ayudó a que Wikileaks difundiera los documentos que dieron más ímpetu al movimiento. Pero si usted mira los manuales de los grupos que coordinaban las protestas, en la primera y última página recomendaban que no se usaran Twitter y Facebook. Para las fuerzas de seguridad los mensajes en Twitter ni Facebook son un documento probatorio de fácil acceso para arrestar gente.
– ¿Qué se puede hacer entonces?
Lo primero es ser consciente del problema. Una vez que uno es consciente, no se comunica de la misma manera por estos medios. Hay una cuestión de soberanía que los gobiernos de América latina deberían tomar en cuenta. Las comunicaciones que van de América latina a Europa o Asia pasan por Estados Unidos.
De manera que los gobiernos deberían insistir en que estas comunicaciones estén fuertemente encriptadas. Si un servidor de Internet de Brasil hace un acuerdo con uno europeo es importante que la información esté encriptada. Los individuos también deberían hacerlo. Y esto no es fácil.
– ¿De qué manera un gobierno democrático o un Congreso puede contribuir a preservar el secreto de las comunicaciones por Internet?
Para empezar, garantizando la neutralidad del servicio. Igual que con la electricidad, no se puede negar el suministro basado en razones políticas, con Internet no debería existir esta posibilidad de controlar el servicio. El conocimiento es esencial en una sociedad.
No hay sociedad, no hay constitución, no hay regulación sin conocimiento. En segundo lugar hay que negarles a las grandes potencias y superpoderes el acceso a la información de otros países. En Argentina o Brasil la penetración de Google y Facebook es total. Si los parlamentos en América latina consiguen introducir una ley que consagre el encriptamiento de la información, eso será fundamental.
– Hemos hablado de la revolución de Twitter, pero en términos de medios más tradicionales como la prensa escrita o la televisión, vemos que hay un creciente debate mundial sobre su lugar en nuestra sociedad. El cuestionamiento al poder de grandes corporaciones mediáticas como el Grupo Murdoch o Berlusconi en Italia y las leyes y proyectos en Argentina o Ecuador para conseguir una mayor diversidad mediática muestran un debate muy intenso al respecto. ¿Qué piensa de estas iniciativas?
Nosotros hemos visto en nuestra propia lucha cómo el Grupo Murdoch o el Grupo Bonnier en Suecia han distorsionado deliberadamente la información que dan sobre nuestras actividades porque sus organizaciones tienen un interés en el caso.
Entonces tenemos por un lado censura a nivel del Estado y, por el otro, el abuso de poder de grupos mediáticos. Es un hecho que los medios usan su presencia para apuntalar sus intereses económicos y políticos.
Por ejemplo, The Australian, que es el principal periódico de Murdoch en Australia, ha tenido pérdidas durante más de 25 años. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué lo sigue manteniendo? Porque es utilizado como un palo con el que golpear al gobierno para que ceda en determinadas políticas importantes para el Grupo Murdoch.
El presidente Correa hace una diferencia entre la “libertad de extorsión” y la “libertad de expresión”. Yo no lo pondría exactamente así, pero hemos visto que el abuso que hacen grandes corporaciones mediáticas de su poder de mercado es un problema.
En los medios, la transparencia, la responsabilidad informativa y la diversidad son cruciales. Una de las maneras de lidiar con esto es abrir el juego para que haya un incremento masivo de medios en el mercado.
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SABBATELLA, MÁS ALLÁ DE CLARÍN
Por Santiago Marino y Sebastián Lacunza
15–02–2013 / La ley de medios se encamina a su cuarto año de vigencia, pese a que un punto nodal del texto, como es la desconcentración del mercado, se encuentra trabado en la Justicia. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), cuyo mandato se extiende más allá de la gestión de Cristina de Kirchner, responde a preguntas y repreguntas sobre los objetivos alcanzados y las moras en la ejecución de la norma. Inexorablemente, el nombre de Clarín se mete una y otra vez en el diálogo sostenido en el despacho de Sabbatella.
VIERNES: Hay una sensación de que la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se reduce al paquete Clarín y su derivación judicial. ¿No se empaña la implementación de la ley con una reducción de ese tipo?
Martín Sabbatella: La ley es mucho más que la adecuación a los límites de tenencia de medios. Es el conjunto de cuestiones que regulan la AFSCA y todos los institutos creados para democratizar la palabra. Para garantizar los objetivos de la ley se necesita fomentar nuevas herramientas comunicacionales y darles anclaje territorial y social. Y a su vez, enfrentar la concentración mediática, en todos los casos.
V.: Pero el propio Gobierno habla más de lo segundo que de lo primero.
M.S.: Es cierto que tiene más difusión pública el debate sobre la adecuación y dentro de eso, indiscutiblemente, el caso Clarín. Hay dos motivos: en primer lugar, porque es el más excedido respecto de los límites a la concentración. Tiene muchísimo más de lo que la ley prevé. Y en segundo lugar, porque dice que no va a cumplirla. Clarín desafía a los poderes del Estado, a la propia ley y a la democracia. Intenta constituir sus poderes corporativos por encima de los del Estado, con un conjunto de maniobras políticas y judiciales dilatorias para sostener el privilegio. Esto nos lleva al debate sobre el rol de las corporaciones, no sólo en cuanto a los medios. Ahora, es absolutamente cierto que hay un montón de aspectos de la ley que se están cumpliendo y nos enorgullecen.
V.: ¿Podría especificar tres logros ya conseguidos con la aplicación de la ley de medios?
M.S.: Primero, es un logro concreto de la democracia tener una ley de medios que, fruto de un debate de más de 26 años, deja atrás una norma oscura de la dictadura militar. Y esa historia militante se encontró con un Gobierno que venía a romper el molde, a correr la frontera de lo posible, y se llegó a esta ley, muy valorada en la región y en el mundo.
V.: ¿Y avances en el plano concreto de la implementación?
M.S.: Hay nuevas emisoras y nuevas productoras de contenidos. Los números son los siguientes. En los servicios de TV ya autorizados, 36 corresponden a gobiernos provinciales, de los cuales 12 son analógicos y están en funcionamiento, y 24 digitales, estos últimos asignados en el marco de la nueva ley. Además, fueron asignados 45 canales de TV digital a universidades nacionales y se otorgaron 1.132 frecuencias de FM para municipios, de los cuales 132 comenzaron con el trámite de habilitación. Otros 53 municipios ya cuentan con radios autorizadas. Existen en la actualidad 52 radios FM de universidades y tres de gobiernos provinciales fueron autorizadas (ver gráfico con detalles).
V.: ¿Qué ocurre con la habilitación para que las cooperativas brinden TV por cable, un sector que el Gobierno identifica como muy concentrado?
M.S.: AFSCA puede otorgar licencias para ese tipo de actores. Después hay otro tipo de habilitaciones, como el uso del espacio aéreo o el suelo para el cableado, que corresponde a los municipios. En total, el directorio aprobó la entrega de 45 licencias para cooperativas de servicios que brindan servicios de cable.
V.: ¿Qué lugar ocupa hoy aquel objetivo de garantizar el 33% para el sector sin fines de lucro (art. 89, inc. f) y, vinculado a ello, qué ocurre con el plan técnico que permitiría saber cuántas licencias hay disponibles en cada localidad (art. 88)?
M.S.: Los dos temas son absolutamente necesarios. Hasta la fecha, el directorio aprobó la entrega de ocho licencias sin fines de lucro y dos con lucro en zonas de alta vulnerabilidad o poca densidad poblacional, que tienen que difundir contenidos de carácter social, de acuerdo con el artículo 49. En total, son 196 las radios con perfil comunitario que fueron autorizadas.
V.: ¿Cuándo estará listo el plan técnico?
M.S.: El mundo no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Hay una historia de gestión que yo valoro y reconozco. Los pasos que se dieron nos permiten dar los que siguen. Necesitamos también mejorar el registro (art. 57). Se había avanzando con un censo (realizado en 2010), que es una herramienta más para corregir, ordenar y aportar al registro. Hoy uno puede venir, solicitar y acceder a esos datos, al censo y al registro. Está claro que ambos están sujetos a verificación.
V.: ¿Estiman tener listo el plan técnico en 2013?
M.S.: Tenemos que tener el plan técnico ordenado para este año. Gabriel (Mariotto) y Santiago (Aragón) avanzaron mucho en regularizar situaciones provisorias que llevaban veinte años, y nosotros sobre la base de eso tenemos posibilidades de seguir avanzando.
V.: Hay un director de la AFSCA, Alejandro Pereyra, representante del Frente Amplio Progresista (FAP), que ha sido impugnado ¿Cuándo se va a resolver esa situación?
M.S.: Ya es un tema del FAP.
V.: ¿No es una impugnación pendiente de resolución?
M.S.: No. La Comisión Bicameral (de Seguimiento de los Servicios de Comunicación Audiovisual, art. 18), que hoy preside Agustín Rossi, dejó de funcionar durante dos años, cuando la oposición tenía la mayoría en el Congreso.
No elegir a sus directores en la AFSCA fue una decisión política que se dio al mismo tiempo que el Grupo Clarín decidía no reconocer la ley; por lo tanto yo creo que era el plan de (Héctor) Magnetto llevado adelante por la oposición.
Cuando tuvimos nuevamente mayoría (ndr: en diciembre de 2011) se convocó a la Comisión (ndr: en octubre de 2012, cuando asumió Sabbatella), se eligió a la defensora del público (Cynthia Ottaviano, elegida en diciembre).
Ahora la oposición nombró a sus directores. Uno asumió (Marcelo Stubrin, por la UCR) y otro fue impugnado (Pereyra, por el FAP), a partir de lo cual se devolvió la designación a la Bicameral. Es el FAP el que deberá nombrar otro representante.
V.: Pero si el FAP insiste, salvo cuestiones muy graves, ¿no está en su derecho?
M.S.: Son impugnaciones muy claras, una (de la Universidad Nacional de La Plata) por la falsificación de aspectos en el currículum, una denuncia del CELS por haber firmado una resolución que tomó el COMFER en un momento muy difícil de la Argentina (se refiere a las jornadas del 19 y el 20 de diciembre de 2001, cuando Pereyra era funcionario del organismo antes de la renuncia de Fernando de la Rúa), que obligaba a los canales a no emitir determinada información. Otras que tenían que ver con su actuación privada como abogado en algunas acciones litigando contra la AFSCA.
V.: Hermes Binner, que votó a favor de la ley de medios, y otros en el FAP sostienen que la desinversión de los grupos que exceden el límite debería implementarse una vez que venzan las concesiones, porque si no se afectaría el derecho de propiedad, y ello, en algunos casos, sería en 2025. ¿Qué opinión le merece esa postura?
M.S.: Cada uno tiene una opinión y está buenísimo. Lo que pasa es que acá lo que hacemos es cumplir una ley. Si el FAP tiene mayoría en el Congreso, llega a la presidencia y logra una modificación, la AFSCA tendrá que aplicar la ley con las modificaciones.
V.: Por una denuncia de Clarín se abrió un nuevo juicio en Mar del Plata en contra de la aplicación de la ley. ¿Les preocupa la apertura de demandas judiciales en distintos juzgados del país que podrían prolongar la indefinición?
M.S.: Estamos esperando el fallo de la Cámara (Federal Civil y Comercial 1, integrada por Francisco de las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni), con poca expectativa en un tribunal que creemos que tiene vínculos concretos con Clarín.
La cuestión, que es de gravedad institucional, seguramente llegará a la Corte. Paralelamente aparecen las presentaciones judiciales en distintas sedes, que no son más que la estrategia dilatoria.
En Mar del Plata actuaron muy bien el fiscal (Daniel Adler) y el juez (Alfredo López), que han dicho: Muchachos, esto no es así, están abusando de la Justicia, piedra libre a Clarín haciendo trampa una vez más, digo para ponerle una cuota de humor.
Y sin embargo, la Cámara de Mar del Plata (integrada por Jorge Ferro y Alejandro Tazza) lo admite. Seguiremos trabajando para evitar que esto siga sucediendo. No puede ser que si a vos te va mal en un lugar, pruebes en otro. Ahora, la verdad es que todo el mundo sabe que la ley es constitucional. Clarín también.
V.: En términos de mejorar las condiciones de acceso a la información, la ley prevé otros mecanismos, como la tarifa social para la televisión por cable (artículo 73). Eso no está impedido por ninguna cautelar pero tampoco se aplica. ¿Por qué?
M.S.: Es un tema en el que hay que avanzar. Lo he hablado también con la defensora del público. En el caso de Cablevisión, hemos tenido una cantidad de resoluciones que no han cumplido, como por ejemplo el orden de la grilla. La relación con los que no quieren cumplir la ley es indiscutiblemente tensa.
V.: ¿Cuál es su relación con el Ministerio de Planificación en cuanto a la política de Televisión Digital Abierta (TDA)?
M.S: Trabajamos en forma conjunta y tengo una profunda valoración de todo lo que hacen en torno a TDA, ARSAT, y también a las políticas de fomento para los contenidos como el BACUA.
V.: ¿Por qué TDA no porta las señales del Grupo Clarín y sí las de otros grupos?
M.S.: Porque Clarín no lo solicitó.
V.: ¿Ustedes lo invitaron?
M.S: Clarín puede pedir sumarse.
V.: ¿Si lo pidiera, subirían, por ejemplo Canal 13?
M.S.: No depende de mí, pero seguramente sí. No está porque no le interesa estar. Si le interesa, lo solicita y sigue los trámites como todo el mundo. Las políticas públicas son para todos.
V.: En la grilla de TDA operan una serie de señales a modo de prueba, como C5N, CN23, 360 TV, que no cuentan con licencias en el sistema analógico de TV abierta. ¿Cuál es su situación respecto de las licencias futuras?
M.S.: Están actuando de modo provisorio. Eso está en análisis en ARSAT (empresa estatal) y en TDA. La aplicación integral de la ley y la adecuación a todo lo que pide la ley -no sólo a la cantidad de licencias- necesita recursos y soporte financiero, y el Estado debe acompañar el proceso. Hemos desarrollado acuerdos con el Banco Nación (para préstamos a organizaciones sin fines de lucro), nos hemos reunido con (la ministra de Industria) Débora Giorgi, entendiendo que esto es una industria cultural.
V.: El otorgamiento de licencias debe hacerse por concurso, de acuerdo con lo que establece la ley. En estos casos fueron asignaciones puntuales.
M.S.: Hay que avanzar con los concursos y muchas cosas que están por hacer. Las pruebas son pruebas y después habrá que hacer los concursos que correspondan. Los vamos a hacer.
V.: Entre los objetivos más importantes del directorio está la evaluación de los planes de desinversión presentados. ¿Se trató ya el caso de los medios comprados por Cristóbal López y sus socios?
M.S.: El directorio todavía no lo trató. Hasta ahora se aprobaron tres planes. Todos los grupos menos Clarín presentaron su plan. Claro que tengo opinión sobre cada uno de los que se presentaron que daré en su momento.
Paralelamente a eso hemos iniciado la transferencia de oficio del Grupo Clarín porque fue el único que no se presentó, entonces le corresponde la transferencia de oficio. Esa transferencia comenzó el día que presentamos la notificación en su sede (el 16 de diciembre de 2012), que está suspendida ahora por la Justicia.
V.: Un reparto entre socios y familiares quizás en la letra respete la ley, pero podría ser frustrante para quienes militaron por una desconcentración real. ¿Cuál es su postura?
M.S.: Si me preguntás si la ley permite que la adecuación implique que los socios de un grupo se dividan entre ellos, la respuesta es sí, lo permite. Y eso lo permite la mayoría de las leyes antimonopólicas en el mundo.
Como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley antimonopólica, lo que dice es que si entre tres socios tienen treinta licencias de aire y el máximo es diez, puede cada socio quedarse con diez licencias.
Obviamente no podrá funcionar más como grupo, y deberán ser tres empresas distintas, con tres administraciones distintas, con gerenciamiento e infraestructura diferentes. Por supuesto que la división no podrá ser de mentira, no podrá ser una trampa. Y luego tendrá que haber un control conjunto entre la AFSCA y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que dé cuenta de que no hay trampas.
V.: ¿Qué piensa de la propuesta de Vila (segundo multimedios del país, detrás de Clarín)?
M.S.: Más allá del caso puntual, cualquier plan de adecuación, sea de quien sea, tenga el nombre que tenga, sea más conocido o menos conocido, lo que tiene que hacer es cumplir la ley, que es pareja para todos.
V.: Hay una discusión sobre cómo se entienden las extensiones de cobertura de las licencias de televisión por cable (art. 58). Algunos operadores lograron con una misma licencia cubrir varias localidades, y con eso eludirían o amortiguarían el límite de 24 que impone la norma.
M.S.: Es cierto. Hay que discutirlo y elaborar un sistema que deje más claro qué se entiende por extensiones. Porque si reemplazan de facto las licencias tampoco es correcto. El criterio que establece la ley es que se puede extender una licencia a otra ciudad que tenga menor densidad de población.
V.: ¿Han tenido respuesta, aunque sea informal, de los grupos que ya presentaron planes de adecuación y que la AFSCA prima facie objetó?
M.S.: Hemos conversado con todos los grupos desde que estamos acá. Obviamente hay consultas diariamente y la AFSCA está para eso.
V.: ¿Tienen claro de quién es Canal 9 y si incumple la ley en cuanto a la participación de dueños extranjeros con un límite del 30%?
M.S.: Canal 9 no tiene que adecuarse porque el 70% es de Carlos Lorefice y el 30% es de capitales extranjeros, con lo cual está en el marco de la ley.
V.: ¿Quién es Carlos Lorefice?
M.S.: El titular del 70% de Canal 9. Fuera de este caso, la ley mantiene la excepción para quienes tengan mayor porcentaje extranjero, pero se hayan constituido antes de la Ley de Bienes e Industrias Culturales de 2003 (ndr: por ejemplo, Telefe, de Telefónica de España).
V.: ¿Lo conoce?
M.S.: Sí, claro, se ha presentado aquí, hemos tenido reuniones con él. Es el titular del 70% de Canal 9.
V.: ¿Qué le parece que el único programa político de Canal 7 sea 678, en virtud de que la ley pide pluralismo político en los medios públicos (art. 121)?
M.S.: Primero, tengo un gran entusiasmo por cómo ha crecido y mejorado el sistema público de televisión, que es de calidad y cumple el rol de lo público. Yo creo que 678 es un programa muy bueno que permitió mostrar cosas que no se muestran en otro lado. De ese modo, el Estado garantiza que exista el conjunto de voces y de miradas.
V.: ¿Pero le satisface la programación general del canal en términos de pluralismo?
M.S.: Me parece que es un canal plural, federal. Si uno mira la programación encuentra un solo ciclo político, que es 678, pero el resto del canal demuestra otro tipo de programas y otros ángulos. Uno podría pensar que sería bueno que existieran más programas de debate.
En ese sentido es que valoro las mesas de discusión que armó el programa. Además, son invitados dirigentes de la oposición y no quieren ir. Los medios públicos tienen que seguir mejorando.
Si les preguntás a Tristán (Bauer, titular de Radio y Televisión Argentina) o a María Seoane (titular de Radio Nacional), seguramente están muy contentos con lo que están haciendo, pero quieren seguir mejorando.
V.: Si el día de mañana gana Mauricio Macri la presidencia y hay un 876 con periodistas que hoy son muy opositores como único programa político, a usted le va a parecer mal.
M.S.: Si gana Macri tendríamos un problema mucho más grave. La Argentina estaría retrocediendo veinte casilleros con las políticas que hicieron que el país volcara.
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Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.
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