Archivos de la categoría ‘Reportajes’

10 entrevistas memorables, por Jorge Guinzburg

marzo 11, 2014

A 6 años de su muerte

Periodista, productor teatral y conductor de televisión y radio argentino, gran humorista, colaborador de las revistas Satiricón y Humor, falleció el 12 de marzo de 2008. Realizó numerosas tiras de humor gráfico, formó parte de la recordada “La noticia rebelde” y condujo, entre otros, los populares ciclos televisivo “Peor es nada” y “La biblia y el calefón“. Aquí, algunas de sus entrevistas más recordadas en esos programas. Había nacido en Buenos Aires el 3 de febrero de 1949.

1 Pappo 
En “La noticia rebelde” (1986).

2 David Hasselhoff 
En “La noticia rebelde” (1987).

3 Chespirito 
En “La noticia rebelde” (1987).

4 Joaquín Sabina 
En “Peor es nada” (1990).

5 Charly García 
En “Peor es nada” (1991) – Parte I.  
En “Peor es nada” (1991) – Parte II.

6 Araceli González 
En “Peor es nada” (1991).

7 Diego Maradona 
En “Peor es nada” (1992).

8 Alejandro Dolina 
En “Ilustres y desconocidos” (1994).

9 Serrat y Fontanarrosa 
En “La biblia y el calefón” (1999).

10 Tangalanga 
En “Mañanas informales” (2006).

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Anteproyecto del nuevo Código Penal. León Arslanian fija su posición

marzo 9, 2014

LEON ARSLANIAN FIJA SU POSICION CONTRA QUIENES NO QUIEREN DEBATIR EL NUEVO CODIGO PENAL
“Por obtener votos a cualquier precio tratan de arriar a la gente como ganado”

09–03–2014 / En medio de la discusión sobre si es necesario o no un nuevo Código Penal, el ex camarista y ministro explica que el Código actual es el producto de 900 reformas, critica las legislaciones de emergencia y los parches, niega que haya cambios en la forma de registrar la reincidencia, cuestiona a los que ven la ley penal como un talismán y responde por qué el anteproyecto entregado a la Presidenta no cambia el criterio sobre el aborto.

 Por Martín Granovsky

LeonarslanianEn su estudio del centro porteño está rodeado de carpetas. Dice que “hay discusiones dignas de dar”. León Carlos Arslanian integró la comisión de cinco juristas que escribieron un anteproyecto de nuevo Código Penal por encargo de Cristina Fernández de Kirchner y el 13 de febrero se lo entregaron a la Presidenta.

El ex juez del Juicio a las Juntas y ex ministro de Justicia trabajó junto con el miembro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el ex presidente del bloque radical de diputados y también camarista del Juicio a las Juntas Ricardo Gil Lavedra, el presidente del bloque Pro Federico Pinedo y la ex diputada socialista e integrante del Frente Amplio Progresista María Elena Barbagelata.

– A esta altura es difícil saber qué se debate. ¿Tener penas contra no tenerlas?

En ese caso sería un falso debate, ¿no? No tendría en cuenta los hechos ni lo que hicimos en la comisión que redactó el anteproyecto de nuevo Código Penal. Y ese debate falso surge de quienes ven la ley penal como talismán.

Así es como una muy buena noticia como la reforma del Código Penal se convirtió en una mala noticia. Es una verdadera pena porque muestra que por intereses a veces mezquinos, por obtener votos a cualquier precio, no se pone mientes en confundir y tratar de arriar a la gente como ganado, eludiendo incluso un debate razonable y metódico. Lo que busca crearse es una alarma social sobre la base de apenas un anteproyecto de ley.

– ¿Por qué habría que reformar el Código Penal?

El Código Civil tiene casi 150 años. El Código Penal es de 1921. Pasaron 93 años. Lograron superar los avatares del tiempo y salir bastante airosos del objetivo fundamental, que es servir a la vida social.

El Penal fue más víctima de reformas que el Civil. El Civil, cuyas materias son más importantes, sufrió apenas una reforma, mientras que en el Código Penal fueron introducidas nada menos que 900 reformas.

– ¿Por qué tantas?

Es lo que pasa cuando se consagra el criterio de concebir a la ley penal como un talismán con poderes mágicos. Un talismán capaz de regular y dominar la violencia y hacer que los delitos dejen de cometerse o reduzcan su intensidad.

Creer en un talismán penal no repara en un pequeño detalle: en realidad, la función evitadora del código Penal es casi nula. Se hace cargo de las consecuencias y castiga a quien delinquió. No evita que quien delinque lo haga. Lamentablemente, la meta de la prevención tiene un carácter relativo.

– ¿Es una posición filosófica o una lectura de los hechos?

Surge de los hechos. Todas las reformas que sufrió el Código se hicieron bajo el imperio de circunstancias excepcionales.

Tienen los rasgos típicos de las leyes de emergencia promulgadas ante una ola de secuestros o robos de automotor, y así para cada suceso que produjo algún tipo de inquietud social por su recurrencia. La experiencia nos muestra que esos delitos no disminuyeron por el cambio de penas.

A veces incluso crecieron en frecuencia. Entonces no fue una opción pragmática. Subir penas no puede ser una panacea continua. Verlo así sería impregnarnos de la cultura de la emergencia.

Entonces, cuando justo cuando queremos adecentar el Código Penal y recuperar el equilibrio perdido entre el modo en que se protegen los bienes jurídicos en la ley penal, nos encontramos con reacciones que nada tienen que ver con un debate ordenado.

Parece un recurso sencillo para atemorizar a la opinión pública con propuestas nada pertinentes como convocar a una consulta popular. Estamos a nivel de un anteproyecto. El artículo 40 de la Constitución establece con claridad que el Congreso puede someter un proyecto de ley a consulta popular.

Pero escucho hablar de consulta popular para oponerse a un anteproyecto. Es la réplica de quienes no ven satisfechas sus posturas. Por eso la emprenden contra las ideas, a las que tildan de abolicionistas o a las que atribuyen lenidad.

No advierten que nosotros queremos salir del régimen de emergencia que cambió todas las reformas sucesivas y desfiguró el Código Penal, desvirtuó la coherencia interna y le quitó racionalidad.

No puede ser que castiguemos con una pena superior al robo que al homicidio. Estaríamos perdiendo de vista que la primera misión de un legislador es rankear, por así decirlo, los diferentes bienes jurídicos y atenderlos según el orden jerárquico prelativo.

– ¿Qué es el abolicionismo? ¿Algo más que una utopía?

Es una propuesta de la criminología que propone un proceso de despenalización en función de lo que los abolicionistas ven como un fracaso, la privación de la libertad.

Tienen una mirada etiológica sobre la violencia que observa y da preponderancia a otras formas de enfrentar los fenómenos de la violencia, como la recuperación de equilibrios o el cambio de circunstancias sociales.

– Escuché “los abolicionistas ven”. Tercera persona, no primera.

Es que yo creo en el establecimiento de la pena privativa de la libertad. Mientras no se demuestre que hay algo más valioso, defiendo este sistema que yo mismo apliqué por años.

– ¿La síntesis sería “creo en la validez de las penas, pero no solo en las penas”?

El haber rendido tanto tributo a la ley penal hizo que hayamos descuidado por años todas las instancias primarias del control social y del funcionamiento de las demás agencias del sistema, cuya eficacia debe reconocerse como tan o más importante que la pena en sí. Insisto: la pena no funciona en su dimensión preventiva.

Sí funcionan la agencia policial, la agencia judicial y todo lo que tiene que ver con la diagnosis y la inteligencia del delito. Lo importante es trazar políticas criminales en materia penal con conocimiento de circunstancias fácticas.

Así el Estado puede intervenir con todos sus recursos, reducir violencia y reducir los perjuicios en los conflictos severos que se dan en la marginalidad y en los sectores de exclusión. El Estado puede y debe generar inclusión y cultura del trabajo, ayudar a la distribución del ingreso y al mismo tiempo disponer eficazmente de sus agencias.

– ¿Y para qué servirían las penas?

Aunque, como sostengo, el derecho penal viene con posterioridad al delito y actúa sobre las consecuencias, no sobre las causas, de todas maneras es muy importante que se sancionen los delitos. La pena cumple una misión resocializadora para que la persona no vuelva a delinquir.

Y también debemos demostrar que quien delinque cumple una pena y tiene un castigo. Pero deben ser castigos racionales, porque no resolveremos todo con perpetuas.

En la realidad, los hechos demuestran que la función evitadora es relativa y no depende de la magnitud de las penas. Eso es lo último que uno debe discutir. Demos el debate sobre el Código Penal, pero en un marco en que nos pongamos de acuerdo en los instrumentos del Estado a la hora de actuar sobre los fenómenos de la violencia.

Y luego hablemos de cuál es la función de la ley penal y veamos qué tiene de malo utilizar formas que complementen a veces la prisión. El anteproyecto busca quitarle el carácter simbólico al derecho penal y, en cambio, darle efectividad.

Digo que es simbólico cuando las penas no se cumplen. Pasa con la prisión en suspenso o las penas condicionales. Preferimos las penas que se cumplen, aunque no se agoten siempre en el encarcelamiento.

– ¿Sería el fin de la libertad condicional?

No más libertad condicional. Hoy alguien condenado a 12 años, a los 8 sale con libertad condicional. Incluso puede ser antes, por el régimen vigente. Los redactores del anteproyecto preferimos que esa persona cumpla el tercio remanente con otra pena: prisión domiciliaria, trabajos con la comunidad o lo que fuere útil.

Pero el peso de lo institucional sobre el infractor debe ser real y el Estado debe ser responsable de que se cumpla. Porque encima el patronato de liberados ni siquiera es público.

– Cumplir sería lo contrario de lo simbólico.

Cumplir es lo efectivo. Si no, es conminar y no cumplir. Escuché críticas a que la perpetua no figura en el anteproyecto. ¡Si con el Código Penal vigente hoy no hay nadie con perpetua en la cárcel! La perpetua no existe en los hechos porque los presos recuperan la libertad a los 35 años.

Entonces no usemos algo que en la realidad no es tal. No nos llenemos la boca con falsedades. Es un error perder el tiempo discutiendo sobre penas y sobre el presunto rol que cumple el Código Penal.

Debería estar más en cabeza qué hacer con otras instituciones, como las policiales, que necesitan acciones de reforma y de dotación de efectividad porque son la primera frontera contra el delito.

O evitan que se cometa o esclarecen los hechos que luego son sometidos a la Justicia. Si nuestra intención es mejorar las cosas, pensemos en esto. Si no, yo tendría que pensar que quienes se detienen en estas discusiones sobre la extraordinaria y poderosa eficacia del Código Penal en realidad están interesados en otra cosa.

– ¿En qué?

En evitar discusiones de otra naturaleza, como el tipo de control del funcionamiento de las policías. O en esquivar el debate de cuestiones de origen social que demandan recursos y políticas del Estado y apuntan a reducir ámbitos de violencia extrema.

Este anteproyecto merece en todo caso una discusión como la que tuvo el proyecto de Código Civil. No sé por qué debe ser abortado a través de supuestas “puebladas” o convocatorias multitudinarias a la pesca de que alguno se oponga sin saber.

Discutamos racionalmente y que todo el mundo se explaye. Le dijimos a la Presidenta que este anteproyecto debía tener un fuerte consenso social y un fuerte consenso político, para que el nuevo Código sea estable y tenga por delante mucho tiempo de vigencia. Miremos estas circunstancias para darle racionalidad al debate. No agitemos fantasmas que no existen.

– Uno de los puntos en debate es el de la reincidencia.

Sí, lo escuché. Quienes lo menean no dicen que también la reincidencia tiene un carácter simbólico y no real. Hoy la Justicia a veces coloca una pena de cinco años más como accesoria de la última pena impuesta por el último delito.

Pero permite la libertad condicional. Y la persona ya fue penada y juzgada antes por un delito anterior. ¿Vamos a juzgar dos veces a la gente? Por otra parte, no estoy en contra de que el Registro de Reincidencia siga y sea de acceso a los jueces.

– ¿No?

No, no estoy en contra. Acá está lo que dice hoy el artículo 51 del Código Penal vigente:

“Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos de un proceso terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria. En ningún caso se informará la existencia de detenciones que no provengan de la formación de causa, salvo que los informes se requieran para resolver un hábeas corpus o en causas por delitos de que haya sido víctima el detenido”.

Y después vienen una serie de supuestos sobre cómo y cuándo caducan los antecedentes. En el anteproyecto nuestro, hay un título, el sexto, sobre el registro penal. Habla del régimen y destaca también la abstención de informar.

Una vez cumplidos los plazos del registro, que no son inmediatamente posteriores al cumplimiento de la pena, el anteproyecto propone que salvo que quien requiera el antecedente sea un magistrado, la persona que alguna vez fue condenada sea consultada sobre si está de acuerdo o no en dar la información.

Si no, no habría caducidad de los registros. Tendría un efecto ultraactivo más allá del cumplimiento de la pena y más allá del plazo de caducidad del registro de esa pena.

– Una parte de la dirigencia política pidió directamente no debatir.

Es como si dijeran: “Mejor no dar la discusión. No conocemos la versión oficial, pero no hablemos”. Yo no sólo admito que se discuta. Lo deseo. Desde el primer momento dijimos que necesitamos consenso social y político.

Lo necesita cualquier código, porque tanto el Civil como el Penal o el Laboral tienen que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos. No abortemos el debate.

Lo que hizo Sergio Massa, precipitándose con desesperación porque vio la ventana de oportunidad demagógica, fue asustar con un fantasma.

Dio por hecho que el anteproyecto es el Código Penal que va a salir, cuando la verdad es que le falta caminar mucho. Ni siquiera sabemos qué enviará el Poder Ejecutivo al Congreso.

Al conformar la comisión, Cristina dijo que había procurado la representación de las distintas fuerzas políticas y que los integrantes tuvieran alguna versación en la materia. No dimos a difusión el anteproyecto porque no somos los dueños.

Se lo entregamos a la Presidenta, y la Presidenta dispuso una amplia discusión. Está muy mal que se pretenda abortar el tratamiento del código a partir de agitar fantasmas inhibiendo a la comunidad de la posibilidad de tener un código.

Sin reforma, la Argentina seguirá sometida a parches o leyes de emergencia tipo Blumberg. La idea es sacar al Código Penal de la emergencia, quitarle el estigma de la extravagancia y las ideas erráticas.

– ¿Por qué pensaron en un apartado especial para los pueblos originarios?

Tienen una cultura propia que debe ser respetada. Ya poseen normas de sanción. La idea es respetar en la medida de lo posible las sanciones de su propio régimen.

– En el mundo suele discutirse si lo que vale es el universalismo o el relativismo cultural. ¿Qué pasaría si unas normas originarias permitieran penas prohibidas por el régimen penal general?

Obviamente no deberían permitirse como parte del poder sancionatorio de una comunidad.

– ¿El anteproyecto innova en la despenalización de la tenencia de droga para el consumo personal?

No hacemos otra cosa que seguir la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Arriola. La tenencia para consumo personal está exenta de pena.

– ¿Es cierto que eliminan la figura del dolo eventual?

El dolo eventual ha tenido relación en nuestra jurisprudencia con la figura del homicidio culposo. Se trata de supuestos en los que, por ejemplo, un colectivero violó la luz roja, atropelló a un transeúnte y lo mató. Frente a esa conducta, para que el colectivero no quede penado livianamente, inventaron y forzaron una categoría equivalente a deseo y voluntad de matar.

El dolo eventual quedaría expresado así: “No quiero el resultado, pero si se produce el resultado no me importa”. Nosotros, en cambio, incorporamos el concepto de “culpa temeraria”.

El colectivero que viola un semáforo a 80 kilómetros por hora y mata gente merece una pena muy grave porque actuó con una desaprensión y un desinterés absolutos y no tuvo el cuidado que su actividad le imponía. Y le ponemos una pena de ocho años.

Es más que los cinco actuales. Así evitamos que algunos jueces hagan malabares con la dudosa teoría del dolo eventual por la que hoy quedan satisfechas la familia y la opinión pública luego de la aplicación de otro talismán.

– ¿El anteproyecto establece el derecho al aborto libre y seguro o mantiene la penalidad actual?

Más allá de las convicciones personales de cada uno, como es un tema que divide de manera ostensible a la sociedad, preferimos no incursionar en él para no malograr la necesaria reforma del Código Penal.


Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.


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Victor Hugo Morales mano a mano con Mauro Viale

febrero 17, 2014

Valioso diálogo de VHM con Mauro Viale en América TV, son 20 minutos sin desperdicio !!!


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Reportaje a Juliana Di Tullio, jefa del bloque de diputados del FpV

febrero 5, 2014

JULIANA DI TULLIO, JEFA DEL BLOQUE DE DIPUTADOS DEL FRENTE PARA LA VICTORIA
“La participación del pueblo es central”

 Por Miguel Jorquera

Julianaditulio05–02–2014 / La jefa de la bancada de diputados del Frente para la Victoria (FpV), Juliana Di Tullio, asegura que el Gobierno sufre “una nueva embestida de los sectores económicos poderosos” y destaca que “frente al ataque especulativo” y la respuesta del Ejecutivo es determinante el accionar del pueblo: “Una enorme mayoría de los argentinos, que nos votaron y que no, no quieren volver para atrás, tampoco como consumidor. Si me estás robando mi bolsillo y mi salario, no te compro”, afirma.

Di Tullio cuestiona a los partidos opositores “con origen nacional y popular” porque no alzaron su voz contra los especuladores. Prefiere tomar distancia de la disputa entre quienes apoyan y quienes rechazan a Daniel Scioli como continuidad del proyecto kirchnerista: insiste en que eso debe resolverse en 2015 y que la postura que adopte la Presidenta será “decisiva”.

– ¿Cómo ve la puja por el dólar y la escalada de precios?

Hay una embestida, que no es nueva para este gobierno ni lo fue para los otros de la democracia. Pero éste, en especial desde 2007, ha sufrido muchas presiones especulativas de sectores económicos muy poderosos.

El pueblo conoce y tiene memoria, no hace falta explicarlo demasiado, ni ser economista o politólogo. El Gobierno va a seguir reaccionando como en los últimos años, dando la batalla cuando nos presentan batalla, no nos peleamos con las sombras ni inventamos peleas. Si hay ataques especulativos, el Gobierno toma medidas.

– ¿Las considera suficientes?

Ya se anunciaron retractaciones de precios y se mantuvieron como la semana anterior. Parece que las cerealeras van a liquidar sus cosechas, de acuerdo con lo que se desprendió de la reunión del jefe de Gabinete con las exportadoras.

Pero durante estos años el pueblo se empoderó de manera interesante, está en un momento en el que no sólo elige gobierno o legisladores, sino también qué país quiere. Porque el Gobierno puede tomar medidas y hacer leyes, pero la participación de todo el pueblo es absolutamente central.

No puede pelear solo el Ejecutivo o los partidarios de un signo de gobierno, sino el pueblo en su conjunto. Si Shell no puede justificar una suba del 12 por ciento, bueno, no le consumas a Shell.

U otra vez vamos a atravesar situaciones donde las corporaciones nos dicen cómo tenemos que vivir, si hay que devaluar o no, si el salario debe ser tanto, si hay que despedir o no. Frente a las corporaciones no sólo hay un gobierno, sino que hay un pueblo.

– ¿No considera que las acciones especulativas con el dólar terminaron doblándole el brazo al Gobierno y lo obligaron a acelerar y realizar una devaluación tal vez más grande que la que imaginaba?

No creo, puede haber ataques más o menos efectivos. Considero y tengo la expectativa de que, con los días, eso se va a corregir. Además, va a ser el pueblo el que va a poner límites. Ojalá la oposición hubiera acompañado, hubiera sido maravilloso, pero no los escuché nunca hablar en contra de los especuladores y las corporaciones.

– Hay sectores que vuelven a hablar de un retiro anticipado del Gobierno. ¿Le parece que la oposición también especuló con la posibilidad?

La Presidenta no se va a retirar a ningún lado y no está retirada. El que dice eso miente. Si especularon con eso, es grave. Confío y tengo un enorme respeto en el pueblo argentino, aun cuando no ganemos elecciones y de hecho hemos perdido legislativas.

El pueblo que parió a Néstor como presidente y convalidó a Cristina dos veces con un enorme caudal de votos está lo suficientemente maduro como para ser un actor muy activo como para ponerles freno a las especulaciones.

Me enoja que los partidos con origen nacional y popular no tengan una voz alzada y fuerte contra los ataques especulativos. Hay una enorme mayoría de los argentinos, que nos votaron y que no, que no quieren volver para atrás, tampoco como consumidor: si me estás robando mi bolsillo y mi salario, no te compro.

– ¿Cómo cree que se van a desarrollar las paritarias?

El sector de los trabajadores que más se ha beneficiado en estos diez años de gestión va a seguir confiando en la Presidenta y la capacidad de este gobierno de crecer con redistribución de la riqueza.

– ¿Considera que deben ser parciales o acotadas?

No es un tema en el que yo tenga que emitir opinión, lo resuelven las partes: los trabajadores, el Ministerio de Trabajo como el que tercia y los empresarios. Es un momento en que todos tienen que pegar en la misma dirección frente a un minúsculo grupo que es el que históricamente nos hace perder a los argentinos. Es un grave error pensar que cuanto peor le vaya a la Argentina mejor le va a ir a un sector político.

– ¿Cómo imagina el año parlamentario luego de esta situación económica?

Con mucha actividad y con la presencia del jefe de Gabinete discutiendo políticamente. Con capacidad para debatir a pesar de que haya un mito de que el Congreso no debate y que no transformamos ninguna propuesta del Ejecutivo ni agregamos algo que pida la oposición: eso es mentira y lo han instalado como si fuera una verdad de Perogrullo.

No me lo imagino distinto, pero igual espero que la oposición de origen nacional y popular y que tiene expectativas de gobernar actúe con responsabilidad. Leí la nota de Página/12 donde el politólogo Ernesto Calvo derriba el mito opositor de que este Congreso es una escribanía del Ejecutivo. El informe es interesante y da cifras. Y en ese sentido este Parlamento es el mejor no sólo en América latina, sino con respecto a otros países del mundo.

– ¿Habrá sesiones extraordinarias en febrero?

Está pendiente la agenda de las extraordinarias de diciembre. El Ejecutivo tiene la facultad de convocarlas, pero todavía no lo hizo.

– Algunos diputados del FpV ven a Scioli como sucesor de la Presidenta y para otros el gobernador no los representa. ¿Cuál es su opinión?

Los mejores candidatos o candidatas están dentro del FpV.

– ¿Cómo se define?

Hay que esperar hasta 2015.

– ¿Considera que la postura de la Presidenta será decisiva?

Cristina gravita mucho en nuestro espacio, es nuestra conducción política. Para mí, la palabra de Cristina es muy importante.


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Entrevista al jefe de gabinete, Jorge Capitanich

enero 19, 2014

“Hay un intento de desestabilización permanente hacia el Gobierno”

19–01–2013 / A dos meses de asumir, Capitanich analiza la baja de las reservas y la pulseada por el dólar. Habla de los intereses que buscan desestabilizar al Gobierno para imponer políticas de ajuste.


 Por Nicolás Lantos y Fernando Cibeira

CapitanichDifícil desenchufarse de la realidad en la oficina del jefe de Gabinete. Sobre una pared, varias pantallas transmiten los principales canales de noticias más otras dos que informan en tiempo real sobre la evolución de la Bolsa y de las variables económicas.

En uno de estos canales, un ex funcionario analiza la cotización del dólar blue, que ya supera los 11,50 pesos. “Qué capos que son estos tipos. Lo voy a llamar a éste y le voy a decir: ¿para qué estamos nosotros? Si son capos ustedes, ¿por qué no gobiernan?”, reacciona Jorge Capitanich antes de acomodarse en un sillón.

Detrás, hay imágenes de la presidenta Cristina Kirchner –una del día en que le tomó juramento, el pasado 20 de noviembre–, de sus hijas y de su visita al papa Francisco.

La ola de calor ha vuelto y, con ella, un amago de nueva protesta policial en Córdoba. Un fantasma de los días de diciembre que Capitanich tiene muy presentes. “Hay un intento de desestabilización permanente hacia el Gobierno”, asegura.

–¿Qué balance hace de su decisión de dar conferencias de prensa diarias?

La agenda que hemos diseñado por instrucción de la Presidenta fue tener una comunicación fluida con los medios. Nos parece una metodología apropiada, aun cuando existen interpretaciones capciosas de determinado tipo de periodistas o de grupos mediáticos concentrados.

Una conferencia de prensa no significa tener una agenda temática con una duración definida. Los medios que son férreamente opositores critican cuando la conferencia es de seis minutos, cuando es de 52 minutos, cuando se utiliza un lenguaje técnico para explicar determinadas situaciones y cuando se usa un lenguaje más rudimentario. Nunca están de acuerdo con nada.

–¿No preveía que esto podía suceder?

Sí, pero qué es lo que pretenden aquellos que son opositores al Gobierno: que uno diga lo que ellos quieren que uno diga. Y, en general, los opositores quieren que uno haga lo que ellos quieren que uno haga. Pero para eso hay que ganar elecciones.

Y acá la única persona que ha ganado una elección con casi el 55 por ciento de los votos se llama Cristina Fernández de Kirchner, así que si quieren ocupar ese espacio tienen que competir en elecciones y ganarlas.

–¿No cree que se instaló un clima de pesimismo con los cortes, la cotización del dólar y con la caída de las reservas?

El tema central es que desde la oposición en forma permanente van a intentar generar pesimismo y esmerilar todas las acciones del Gobierno. Pero lo importante es ver razones objetivas de comportamiento de cada una de las variables.

–Vamos a las reservas, que bajaron de los 30 mil millones de dólares.

Efectivamente, hemos tenido una evolución de las reservas conforme al programa de desendeudamiento. Prácticamente 43 mil millones de dólares se destinaron a pagar deuda.

En definitiva, se utilizó una política contracíclica no a través de la política fiscal sino de la política de acumulación de reservas.

Argentina en una primera fase del ciclo expansivo con Néstor Kirchner tuvo acumulación de reservas en virtud de la expansión de la política fiscal para tener mayor cobertura previsional, para incrementar la inclusión social, para mejorar la actividad distributiva.

Mientras se producía este esquema de crecimiento de la actividad económica, también se generaban condiciones como para acumular reservas. Esas reservas han permitido pagar deuda. Eso fue lo que permitió bajar de casi 160 por ciento de deuda en términos del PBI al actual cerca del 42 por ciento.

–¿En qué nivel comienza a ser preocupante la falta de reservas?

Lo que hay que pensar es que las reservas eran un activo que se destinaron a cancelar un pasivo, por lo tanto no tiene variación patrimonial.

Digámoslo de otra manera: en vez de tener casi 30 mil millones de dólares podríamos tener 73 mil millones de dólares. El problema es que si no hubiéramos cancelado la deuda con el FMI tendríamos políticas que hubiesen condicionado el desenvolvimiento de la actividad económica.

Entonces, no tendríamos una desocupación del 6,6 por ciento, no tendríamos la capacidad de generar 6 millones de puestos de trabajo, la industria automotriz no hubiera tenido cerca de 800 mil autos producidos localmente.

Tampoco 2,5 millones de jubilados que no habían completado los aportes previsionales, ni cerca de 3,8 millones de niños y jóvenes con AUH. En definitiva, se invirtió en el pueblo argentino.

¿Quiénes son los que critican a la Argentina? Las grandes usinas internacionales, los fondos buitre, los que tienen capacidad de lobby en los medios dominados por el poder financiero.

–Más allá de esto hay una idea, incluso en gente afín al Gobierno, de que la situación no es la misma que la de hace un par de años.

Las condiciones son distintas. La puja distributiva se ha acentuado. Acá hay una discusión política de carácter ideológico. No es lo mismo la capacidad de representación de los sindicatos con 25 por ciento que con 6,6 por ciento de desempleo.

La puja implica que los especuladores y quienes proponen una estrategia neoliberal pretenden prescindir del Estado, generar un ajuste de carácter recesivo y castigar a la gente. Hay dos modelos en pugna.

–Hoy el repiqueteo informativo tiene que ver con la última cotización del dólar blue, que aunque represente a un mercado marginal genera impacto psicológico, porque la gente imagina hasta dónde podría llegar el dólar oficial. ¿Eso les preocupa?

Es un mercado ilegal. Son transacciones de quienes no tienen sus dólares declarados o no pueden explicar el origen de sus fondos. La política económica que define la Presidenta está orientada a la sustitución de importaciones, la industrialización más acelerada y el incremento de exportaciones.

Esos son los temas a resolver, igual que el autoabastecimiento de energía, que va a implicar menor demanda de divisas. El consumo de energía creció de una manera extraordinaria. Eso es porque crece la calidad de vida en los hogares y también la demanda industrial.

Hay muchos que proponen un modelo agroexportador. Eso implica dejar afuera a 10 millones de argentinos, o tener salarios más bajos, o generar mayor exclusión. No es casualidad que exista un diseño urdido por grupos mediáticos concentrados, con una acción deliberada para generar pesimismo y pérdida de confianza.

– ¿En qué ve ese diseño?

No es casualidad lo que ha ocurrido en diciembre. Nosotros asumimos el 20 de noviembre y el 3 de diciembre hay un alzamiento policial en Córdoba, qué enorme coincidencia. Pero no es casualidad, hay causalidad.

Hay un intento de desestabilización permanente hacia el Gobierno. El cambio de expectativa, a través de un cambio de gabinete, ha sido sistemáticamente atacado. Primero, por las características personales de sus miembros.

Los alzamientos policiales fueron para provocar una deslegitimación de los gobiernos provinciales que lograron, en muchos casos, respaldo popular en las elecciones. Todos los petitorios fueron con acciones coordinadas. Por lo tanto, ha habido actores políticos, actores sindicales y actores económicos.

No es casualidad un proceso de desestabilización política con un nivel de fuerte impronta por las fuerzas de seguridad provinciales, que portan armas. Fue una afrenta institucional en la fecha de celebración de 30 años de la democracia, porque empezó el 3 de diciembre y se agudizó esa semana con una finalidad determinada.

El mensaje es que hay fuerzas organizadas para provocar disturbios y desestabilización de un gobierno. A eso se le suman acciones deliberadas, o no, por parte de empresas de energía para no prestar servicios o no programar adecuadamente, mecanismos de omisión de comunicación y de capacidad operativa para resolver el problema.

El permanente ataque a la gestión desde medios de comunicación en donde no hay nunca una noticia positiva.

Se puede estar a favor o en contra de un gobierno, pero un medio de comunicación tiene una responsabilidad social y eso implica garantizar pluralidad de voces y perfil de carácter informativo.

Cuando existe la acción manifiesta de solo atacar a un gobierno, eso, más que oposición política o mediática, es acción desestabilizadora.

–A partir de lo que sucedió el jueves en Córdoba, ¿cree que pueden reanudarse las protestas policiales?

Todo mecanismo de aceptación de la extorsión por parte del sistema democrático termina mal. Lo que hay que hacer es garantizar el cumplimiento de la ley. Hay un rol indelegable de la Justicia para la investigación y la detención de aquellos que fueron autores de delitos. No se puede autorizar ningún tipo de negociación bajo extorsión.

–Con ese argumento, en algunas provincias se está planteando la nulidad de los acuerdos salariales firmados durante las protestas. ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la validez de esos acuerdos?

Lo que dice la Justicia en muchos casos, que bajo extorsión se determina la nulidad de los actos. Es imprescindible pensar si con 30 años de democracia todavía tenemos que aceptar métodos extorsivos. Toda negociación de carácter salarial tiene que hacerse en el marco de la representatividad de los actores.

En ese contexto, quien usa un arma no puede tener sindicalización, porque debe primar su misión principal, que es garantizar la vida, la propiedad y la libertad de los habitantes.

–Vamos a los que hacen reclamos sin usar armas, entonces. Las primeras declaraciones de los referentes de las diferentes centrales obreras coinciden en un pedido de recomposición que va del 25 al 30 por ciento para estas paritarias. ¿Cuál será la postura del Gobierno?

El Gobierno ha establecido claramente una estrategia desde Néstor Kirchner hasta la fecha. Había 200 paritarias en el año 2002 y hoy hay 1500 y la meta del Gobierno es llegar a 1650. Las paritarias son libres y dependen de la capacidad de negociación entre empresarios y trabajadores.

No todos los sectores que forman parte de la industria pueden tener la misma capacidad de discusión salarial porque tienen parámetros distintos. Todos quisiéramos ganar lo que gana un trabajador del petróleo pero no puede un trabajador público de una provincia pretender esa equiparación.

En ese contexto, creemos que aquellos dirigentes sindicales que pretenden a partir de este mes azuzar con determinados porcentajes, lo que están haciendo es una manifestación de orden político.

–¿Cómo marcha el plan de los Precios Cuidados? Hay denuncias de faltantes en los comercios.

Los precios cuidados están cumpliendo de forma gradual los objetivos: primero se identificaron 100 productos, 194 precios, 64 proveedores y las cadenas de supermercados para llegar a 1500 bocas de expendio en el área metropolitana.

Eso luego se extendió a la Costa y ahora están en proceso de incorporación los supermercados de origen asiático. También está la idea de convocar la semana próxima a los ministros de Economía provinciales para extender el acuerdo a todo el país.

Se espera que los productos seleccionados tengan efectos de demostración. Incorporar una mermelada de ciruela es un precio de referencia para la mermelada de naranja o durazno de las mismas características. Apuntamos a desalentar cualquier tipo de expectativa de inflación.

El acuerdo tal como está implementado significa una reducción del 7 por ciento en los precios de los productos que forman parte. Se busca mostrar que el Gobierno está dispuesto a utilizar todas las herramientas de política económica. Si se produce el faltante de un producto por algún motivo, el Gobierno está determinado a intervenir, aun con la importación transitoria.

–La famosa discusión del tomate.

La discusión del tomate es muy importante, porque pone en evidencia que en la cadena existen contradicciones. Por un lado, alguien puede suponer que puede faltar un producto por condiciones climáticas adversas y por otro lado los productores dicen que hay excedente.

Por eso queremos poner todas las cosas a la luz pública, para que el pueblo argentino pueda tener información acerca del precio de cada cosa.

–¿Se está pensando qué herramientas se van a aplicar luego de que concluya el acuerdo de precios?

La tensión de precios en la Argentina es producto de la puja distributiva y del incremento de la demanda. En ese sentido, hay que pensar que es una tensión derivada de la concentración económica y de precios oligopólicos y monopólicos impuestos por sectores que ostentan una posición dominante.

Por eso, democratizar la economía significa propiciar políticas públicas para preservar el poder adquisitivo del salario.

–Eso ya hablaría de un plan a largo plazo, no sólo de un acuerdo de precios.

Muchos hablan de la inexistencia de un programa económico integral. Esa es la permanente afrenta de la ortodoxia para promover planes de ajuste descomunales. ¿Qué significa tener un programa económico?

Significa tener reglas esenciales desde el punto de vista fiscal, monetario y cambiario. La regla fiscal la da el presupuesto aprobado, la reglamentación de ese presupuesto y la asignación de los recursos correspondientes.

Lo que nosotros hacemos, que la ortodoxia económica rechaza, es utilizar los elementos que nos permite la Carta Orgánica del Banco Central. Pero nada se dice cómo utilizan estos recursos en otros lugares del mundo, donde dedican parte de la renta obtenida por recursos estratégicos, ejemplo petróleo, que se colocan dentro del presupuesto como recursos cuasifiscales para lograr el equilibrio presupuestario.

¿Existe política fiscal en la Argentina? Claro. El Banco Central publicó el programa monetario el último día hábil del año pasado. Y política cambiaria también: hay una flotación administrada, que puede tener distintos niveles conforme lo que determine la conducción política del Estado.

Lo que la ortodoxia y las usinas del neoliberalismo pretenden es desacreditar todo este tipo de herramientas. ¿Por qué publican todo el tiempo la cotización del blue?

Es un mercado ilegal que no tiene una cotización transparente, no hay un valor que determine claramente el precio de la oferta y de la demanda. Por ejemplo, la cotización del gramo de cocaína es exactamente lo mismo. Los medios de comunicación podrían publicarlo.

–En algún momento advirtieron sobre la posibilidad de que el Estado asumiera el manejo de las empresas energéticas. ¿Quedaron conformes con las respuestas que recibieron en la reunión que mantuvieron con ellas?

Vamos a quedar conformes cuando las empresas inviertan lo que se comprometieron y hagan efectivo el plan de contingencia que nos han entregado.

La Presidenta tomó la decisión de dejar conformado el ente regulador y este ente es el responsable de la supervisión del plan de inversiones, de evaluar la calidad del servicio y del plan operativo y de contingencia a los efectos de garantizar que existan cuadrillas entrenadas con los recursos adecuados. Eso es lo que tienen que hacer las empresas.

–Hay toda una cuestión acerca de si la Presidenta tiene que hablar o no, si está gobernando como siempre o no. ¿Cómo es el trabajo con ustedes?

La Presidenta toma decisiones en forma sistemática y diaria, tanto estratégicas como operativas, y está en contacto con cada uno de sus ministros, a quienes instruye órdenes y promueve las acciones correspondientes. Es una persona que está gobernando con plena y absoluta dedicación.

–Scioli planteó la posibilidad de modificar las leyes de Defensa y de Seguridad Interior para que el Ejército profundice su participación en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es su posición?

Es un debate contrario a la Ley de Seguridad Interior. En definitiva, el ámbito de discusión de eso es el Congreso de la Nación. Pero tenemos experiencia como para restringir la participación del Ejército en estas tareas.

Lo que hay que pensar es que las fuerzas de seguridad en la Argentina cuentan con 205 mil miembros de fuerzas provinciales y otros cien mil de fuerzas nacionales, además de 150 mil trabajadores registrados abocados a tareas de seguridad, además de los trabajadores no registrados.

Por lo tanto, si uno toma sólo los registrados formalmente hoy hay casi 455 mil personas afectadas a seguridad.


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