TRANSPORTE URBANO
Traspaso del subte: algunos puntos verificables: otros, no tanto.
Por Matías Mc Loughlin
13–01–2011 / Cuál sería la tarifa sin subsidio, quién debe hacerse cargo del subte y por qué hay un pleito legal por el precio.
Macri: “Sin subsidios, el boleto del subte costaría entre $ 3,30 y $ 3,40
VERDADERO
El Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, aseguró que si el subte fuese traspasado sin ningún subsidio, el valor del boleto se triplicaría.
Los datos obtenidos confirman esos cálculos.
Según estadísticas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), durante 2011 hubo 313 millones de pasajeros pagos que viajaron en subte, (diciembre estimado).
Los subsidios que el Estado Nacional brindaba en su totalidad eran de 720 millones de pesos, eso equivale a $2,30 por pasaje.
Sin subsidios, el valor del boleto del subte que era de $1,10 aumentaría a $3,40.
Carmen Polo, economista especializada en el sector transporte, explicó que la tarifa de $1,10
“cubre el 30% de los gastos operativos y de mantenimiento, excluyendo inversiones, mientras que el restante 70% se cubre con subsidios”.
Agregó que Metrovías firmó en el 2001 con la Secretaría de Transporte contratos con cláusulas de ajuste, cuando habían determinados aumentos de precios la empresa o aumentaba la tarifa o solicitaba mayores aumentos en subsidios.
Desde 2002 el precio aumentó en 2008, de $0,70 a $0,90 y en 2009 a $1,10.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó a Chequeado.com que su función es controlar que las empresas cumplan con el valor de las tarifas pero no intervenir en establecer las mismas.
Schiavi: “Que lo maneje la Nación (el subte) es un contrasentido porque es un tema del Gobierno de la Ciudad porque el subte es de la Ciudad”
DISCUTIBLE
El secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, declaró que el subterráneo debe manejarlo el gobierno porteño ya que está en la ciudad.
Si bien el subterráneo se extiende dentro de la Ciudad de Buenos Aires hay un 27% de los pasajeros que lo utilizan para viajar desde y hacia la Provincia de Buenos Aires, según un estudio publicado en el período 2006/2007 por medio de la Investigación de Transporte Urbano Público de Buenos Aires (INTRUPUBA) que depende de la Secretaría de Transporte de la Nación.
En el 72% de los casos el motivo del viaje es el trabajo, y su uso más intenso es entre 8 a 9 de la mañana, y de 5 a 7 de la tarde. En cada uno de esos horarios se registran casi 100 mil usuarios. En total la cantidad de usuarios por día era, en el momento del estudio, de 725 mil.
En otros sistemas de metros, la autoridad es metropolitana o sea la gestión es responsabilidad de un ente que comprende tanto la ciudad como municipalidaes aledañas.
Estos son los casos del RATP en Paris y el Metro en Madrid que está integrado en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Actualmente esas redes trasponen el ejido de la ciudad, pero cuando lo entes fueron creados circulaban dentro de su perímetro.
El aumento de la tarifa del subte: ¿se justifica el pleito?
El aumento de tarifas que siguió al traspaso de la administración del subte al gobierno de la Ciudad, provocó la presentación de ocho amparos judiciales que buscan declararlo ilegal.
En el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del viernes 6 de enero se publicó el decreto 27/2012 que fija el aumento tarifario de $1,10 a $2,50.
Los amparos presentados a la justicia sostienen que el aumento tarifario es ilegal, debido a que no hubo audiencia pública previa y que la legislatura no aprobó el traspaso del subte del gobierno nacional al porteño. La decisión la tomará el juez Fernando Juan Lima.
Entre las atribuciones de la legislatura se encuentra la aprobación o el rechazo “de los tratados, convenios y acuerdos celebrados por el gobernador”, según lo establece el artículo 80 inciso 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, el artículo 13 de la ley 210, establece que debe convocarse una audiencia pública previa
“cuando una tarifa, cargo, clasificación o servicio de un prestador sea considerada, con fundamento como inadecuada, indebidamente discriminatoria o preferencial, según la naturaleza del servicio o cuando se considere alterado el principio de razonabilidad y justicia tarifaria; asimismo en caso de solicitud de modificación de la tarifa.”
La ley 6 explica las funciones y los objetivos de una audiencia pública. La define como “un proceso de toma de decisión administrativa” y deja en claro que es de “carácter consultivo y no vinculante”.
El incumplimiento de este procedimiento puede anular cualquier decisión tomada.
La audiencia es presidida por el Jefe de Gobierno, deben asistir funcionarios del gobierno relacionados con el tema. Pueden asistir legisladores, el defensor del pueblo, todo ciudadano con domicilio en la Ciudad y las organizaciones y asociaciones relacionadas al tema.
Desde que se publicó el decreto, la legislatura no aprobó el traspaso ni realizó una audiencia pública previa, pero en el gobierno porteño se basan en la ley 373 del año 2000 por la cual la legislatura aprobó la transferencia del subte del Estado Nacional al Gobierno Porteño.
Una audiencia pública previa autorizó el aumento tarifario (hasta 70 centavos de dólar) que no llegó a aplicarse.
En el año 2002, la ley de emergencia económica autorizaba al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos que tuvieran por objeto la prestación de servicios públicos, considerando, entre otros aspectos, el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos.
Martín Machaín, director de www.enelsubte.com, confirmó que en estos 10 años los contratos jamás se renegociaron y por lo tanto tampoco las tarifas.
Agregó que ahora quedaría en manos de la legislatura porteña la posibilidad de rever los contratos.
Hasta el momento el juez no se ha expedido.
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Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.
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Hace tiempo que vengo escuchando que aquello que llamamos “sintonía fina” es en realidad un ajuste encubierto. 
De este modo, Boudou opinó sobre la medida cautelar otorgada por el juez Alberto Ize a favor del gremio que conduce Gerónimo “Momo” Venegas, con el objeto de frenar la ley del Estatuto del Peón Rural, que fue aprobada con amplio consenso en las últimas sesiones extraordinarias del Congreso. 
Soy donde no pienso 