Lo justo y necesario para no quedar pegados del lado de los extorsionadores

Los dirigentes ante la desestabilización
La miseria de los tibios

12–12–2013 / Empresarios, opositores y medios dominantes evitaron repudiar con firmeza la extorsión al sistema democrático.  


 Por  Francisco Balázs 

Desde el comienzo del acuartelamiento policial en la provincia de Córdoba, y los sucesivos que luego irían extendiéndose en varias provincias del país, la dirigencia política opositora al gobierno nacional, las representaciones sindicales y empresariales y los medios de comunicación dominantes, ejercieron un zigzagueante derrotero para repudiar de manera firme y contundente la extorsión al sistema democrático que a punta de pistola generaron las fuerzas de seguridad y sus oscuros aliados en la instigación al delito.

Protestapolicial

No es exagerado afirmar que los episodios recientes se encuadran como los más graves en materia institucional desde el estallido de la crisis de diciembre de 2001.

La mayoría de las declaraciones fueron tibias, políticamente correctas, lo justo y necesario para no quedar pegados del lado de los extorsionadores.

Lo máximo que se logró fue recién el lunes por la noche, cuando referentes de las distintas bancadas de la Cámara de Diputados emitieron un comunicado manifestando su repudio a los hechos de violencia.

Los magros salarios de las policías provinciales y las precarias condiciones de trabajo con las que desempeñan sus funciones, sumado a la falta de una estructura que organice sus demandas de manera democrática, sirvieron en la mayoría de los casos para relativizar la gravedad institucional en la que, con su accionar, sometieron al país.

Ninguna de las razones antes expuestas pueden ser consideradas atenuantes para que, de manera abroquelada y firme, no haya existido hasta hoy un claro pronunciamiento de repudio por parte de los principales referentes políticos que hasta hace poco más de un mes aparecían diariamente en los medios de comunicación anunciando en sus campañas electorales, en costosísimos spots televisivos y en entrevistas en medios amigos, que la seguridad se inscribía como la mayor preocupación.

¿Cuál fue la respuesta que brindaron ante el mayor delito que significa jaquear la gobernabilidad y al sistema democrático? ¿O es que esto es ahora una exageración utilizada por el kirchnerismo para victimizarse?

¿Son responsables, y ayudan a encauzar la anomia que vivieron tantas provincias, las declaraciones de Hugo Moyano en el día de ayer, cuando todavía hay focos de incertidumbre en varias provincias, diciendo que está a favor de las demandas de las fuerzas de seguridad, sin aclarar, antes que nada, que repudia el accionar extorsivo que llevan adelante? ¿Es entonces un reclamo salarial justo a cualquier precio?

La respuesta a Moyano fue el silencio, aun de los mismos que cuando se encontraba alineado con el gobierno nacional lo destrozaban como el energúmeno número uno; nadie salió a cruzarlo.

Tampoco las entidades empresariales fueron lo suficientemente firmes para salir en la defensa del patrimonio privado de los miles de comerciantes que sufrieron pérdidas cuantiosas durante los saqueos. Los damnificados, los que perdieron todo, no se encuentran nucleados en la Unión Industrial Argentina, tampoco en la Sociedad Rural, o en la Asociación de Empresarios Argentinos. Ninguno de sus bienes fue afectado.

¿Cuál hubiera sido la reacción de esos empresarios si los delincuentes saqueadores hubieran tocado las bolsas silo donde se almacenan sus toneladas de soja, o hubieran ingresado a alguna de las oficinas de las empresas líderes del país?

Ayer, la totalidad de la dirigencia opositora participó del Foro de la Mesa de Enlace que agrupa a las patronales agropecuarias.

Ningún comunicado surgió en repudio a los hechos que conmueven al país desde hace diez días. Ante tal gravedad, que ocurre en tiempo real, es inadmisible guardar silencio.

Desde comienzos de la semana, el eje del debate pasó a centrarse en si se debían o no realizar los festejos de los 30 años de democracia.

Allí también, rápidos, se pronunciaron a favor de la suspensión de todo acto, aduciendo la falta de oportunidad para tal celebración.

¿Había entonces que, en nombre de la tibia prudencia, entregarles ese día como prenda de victoria a los extorsionadores?

El martes 10 de diciembre, en su discurso en el Museo del Bicentenario, la presidenta se refirió de manera rotunda y explícita a los acuartelamientos, a los violentos que están agazapados, a los que se ilusionan ante la posibilidad de debilitar a un gobierno democrático para que apure su “transición”, y que si esta no fuera ordenada, sobrevendría “el caos”, como adelantaban hace unos meses los voceros de Clarín.

En cuanto al debate que se deben la dirigencia política y la sociedad toda acerca de qué tipo de fuerzas de seguridad debe disponer el sistema democrático, es hora de sincerarlo, se trata, en muchos casos, de argumentos completamente opuestos.

La lucha contra el delito, como la entienden amplios sectores de la derecha argentina, no se puede llevar a cabo con fuerzas de seguridad que no se encuadren dentro del sistema democrático.

El combate contra “la inseguridad” a como sea, arroja resultados como los de la provincia de Córdoba, que sumó, año tras año, a miles de policías con sueldos y condiciones de trabajo miserables, con la sola idea de abarrotar las ciudades con uniformados, y de terminar enlazada al narcotráfico. Allí un ejemplo del éxito de los representantes de la mano dura.

Pasar de una política de seguridad y de reformulación de la policía en la provincia de Buenos Aires como la que llevaba adelante León Arslanian, para ser remplazada por la de Ricardo Casal a instancias del gobernador Daniel Scioli, explica también cómo se concibe la relación entre política y fuerzas de seguridad, bajo qué lógicas y qué costos.

Las fuerzas de seguridad en un Estado de Derecho deben subordinarse al poder político. Si no es así, irremediablemente el poder político termina subordinándose a las fuerzas de seguridad. Varias provincias ya han pagado ese precio. Ceder a una extorsión es pagar uno altísimo, siempre, y quedar preso de las mismas, más aun.

Ignorar el impacto que tendrán a futuro las concesiones hechas en los aumentos otorgados a las fuerzas de seguridad en las principales provincias del país, será la primera consecuencia.

Apostar al caos, lo demuestra la historia, es una de las pocas herramientas de las que disponen ciertos sectores trasnochados, que todavía existen, para, a cualquier precio, encontrar un hueco por donde retornar a un orden que no resignarán fácilmente.

La democracia cumplió 30 años, y estos días también sirvieron para recordar de dónde venimos, lo que pagamos por tomar atajos, por mirar para otro lado. El silencio y el oportunismo ante la violencia es complicidad. En ese territorio, nadie está a salvo.


Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.


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