Granados y el falseamiento de los datos del “Operativo Sol”

¿POR QUE GRANADOS FALSEA LOS DATOS DEL OPERATIVO SOL?
El helado derretido

16–02–2014 / Mientras Scioli se aventuraba bajo la nieve con promesas para empresarios de Estados Unidos, su ministro Granados falseó los datos del Operativo Sol y anunció una caída de la criminalidad que su propia policía niega. La información que ocultó desnuda la inconsistencia de sus afirmaciones. Aunque no pueda competir con Casal, también acude a la mentira para editar la realidad. El nuevo IPC, la reactivación del Consejo de la Magistratura y la relación con la Corte Suprema.


 Por Horacio Verbitsky

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, dijo que el Operativo Sol había reducido los índices delictivos a la mitad en la costa atlántica.

Esta afirmación es desmentida por cuatro fuentes que dependen del propio ministro: la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 (CATE), las jefaturas Departamentales de Mar del Plata y Pinamar y la Superintendencia de Evaluación de Información para la Prevención del Delito, que es el nombre actual de la inteligencia criminal de la policía bonaerense.

El divorcio entre las afirmaciones de Granados y los datos duros producidos por el personal a su cargo no es de mutuo consentimiento, ya que la información que se despliega en este artículo tiene origen en fuentes policiales, cuyas motivaciones para filtrarla escapan a la comprensión y los propósitos del autor.

Por supuesto, es imposible tener acceso a ella en forma oficial, porque se la oculta como un secreto de Estado. Granados no es original, porque el método de la adulteración de los datos para editar la realidad también fue cultivado por sus predecesores en el mismo cargo.

Cuestión de actitud

Según Granados, esa presunta caída en los indicadores se debe a la asignación del doble de policías al Operativo Sol y al “cambio de actitud” policial que, con su proverbial modestia, atribuyó a su propia gestión.

“Los agentes de la fuerza han levantado los brazos y ahora están levantando la frente”, dijo.

También señaló que luego de lo que llamó “las protestas de diciembre” se había recompuesto la nómina salarial. Ante los reclamos de intendentes alineados en el Frente Renovador, como Jorge Macri, negó que se hayan retirado policías del conurbano para trasladarlos a la costa.

Explicó que a los 3000 efectivos habituales en ese operativo de verano se habían agregado este año 5000, recién egresados de las nuevas escuelas descentralizadas que funcionan en La Plata, Moreno, La Matanza, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rojas, Santa Teresita, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, Cañuelas y San Nicolás, y de la tradicional escuela Vucetich del Parque Pereyra Iraola.

“Con el doble de gente, se redujo el delito en un 50 por ciento”, estimó Granados. El ministro realizó esas declaraciones desde Pinamar, donde la conducta policial quedó bajo sospecha en el presunto asalto al Hotel Algeciras, de cuya caja fuerte se supone que desaparecieron 350.000 pesos.

El instantáneo esclarecimiento policial se derrumbó cuando la Justicia dejó en libertad a los detenidos, contra quienes no se presentó ninguna prueba creíble, mientras ellos pudieron acreditar su presencia en otros lugares a la hora en que, según la policía, se habría producido el supuesto robo.

Otro informe de prensa del Ministerio de Seguridad sostuvo que “los intendentes coincidieron en destacar el éxito del Operativo Sol desplegado este verano.” Nadie lo desmintió. El parte también dijo que esos intendentes no identificados “se comprometieron junto al ministro en trasladar al resto de los distritos ese despliegue que permitió bajar los índices delictivos redoblando la presencia de la fuerza policial”.

Con los brazos en alto y la frente erguida, el personal policial ya está en condiciones de comenzar los cursos de comprensión. Tal vez así lleguen a comprender que cuando una mujer denuncia un caso de violencia doméstica, la conducta indicada no consiste en voltearla a golpes y patearla en el suelo.

Inconsistencias

La fuente policial cuyos datos más se aproximan a los contenidos en el discurso de Granados es la jefatura departamental de Mar del Plata, que cubre los partidos de Pueyrredón, Alvarado, Vidal y Balcarce.

En su comparación estadística de enero de 2013 y enero de 2014, informó una disminución del 45 por ciento en la suma de homicidios, asaltos, robos y hurtos y del 4 por ciento en violaciones, cuatrerismo y piratería.

La jefatura departamental Pinamar, que comprende los partidos de Pinamar, la Costa, Villa Gesell, Madariaga y Lavalle, reportó una merma del 18 por ciento en el primer agregado y del 7 por ciento en el segundo.

Una constatación notable es la discordancia entre estas cifras y las que sobre los mismos delitos en los mismos lugares, provee la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911.

Mientras la jefatura marplatense acusa 130 sustracciones de automotores en enero de 2014, la CATE 911 sostiene que fueron 350, casi tres veces más, y no disminuyeron un 45 por ciento sino que aumentaron el 53 por ciento.

Esta inconsistencia entre fuentes de la misma policía no perturba a Granados, que toma la cifra más conveniente y luego la infla a su gusto.

Si se agrupan los datos de la central telefónica para los denominados delitos prevenibles (venta de estupefacientes y su consumo en la calle; hurto y robo de automotores; hurto y robo en centros comerciales, en casas y en la calle; violaciones, robo en transportes colectivos y piratería en rutas), la mejora de los indicadores no llega al 10 por ciento en el partido de Pueyrredón (cuya cabecera es Mar del Plata), sube al 20 por ciento en el municipio de la Costa y es nula en Pinamar donde el número de delitos fue idéntico en ambos eneros.

En cambio, se registra un incremento del 10 por ciento en Villa Gesell. Mayor es el incremento en la sustracción de automotores, que se contabiliza aparte: en el conjunto de los cuatro partidos creció un 50 por ciento.

Para la mayoría de los especialistas los datos más confiables son los de la inteligencia policial (denominada ahora Evaluación de Información para la Prevención del Delito).

Para los delitos prevenibles, presenta una disminución que no llega al 5 por ciento en Pueyrredón y supera el 35 por ciento en el Municipio de la Costa, pero acusa aumentos del 7 por ciento en Pinamar y del 10 por ciento en Villa Gesell.

En el caso del robo de autos, la única caída se produjo en Pinamar y fue del 33 por ciento (en 2013 se llevaron tres autos y en enero de este año dos), mientras creció el ciento por ciento en Villa Gesell, el 5 por ciento en Mar del Plata y el 17 por ciento en el Municipio de la Costa.

La disparidad de datos sobre los mismos delitos en los mismos lugares en idéntico período podría destacarse en un cuadro comparativo.

Basta con tomar como ejemplo la sustracción de automotores en el partido de Pueyrredón. Las inconsistencias se repiten, delito por delito, lugar por lugar.

Delitosperro

Esta impactante falta de seriedad en el manejo de datos imprescindibles para planificar y evaluar una política de seguridad no es de extrañar en la cartera a cargo del matarife de Ezeiza.

En otra declaración de verano, ligera y burbujeante como los programas de radio que se transmiten desde los paradores en la playa, dijo que la seguridad era una llaga “que nos duele a todos” y con aire marcial notificó que “en cualquier coche puede venir un enemigo en potencia”.

De ese modo pretendió justificar los controles vehiculares en los accesos a los balnearios, que motivaron protestas de los conductores demorados durante horas bajo el rayo del sol. También desarrolló su concepto de prevención, policía de proximidad y policía científica:

“Tiene que ser así: cuando estemos en una plaza comiendo un helado tiene que pasar el móvil de la Policía de la Provincia, cuando vas por la mitad del helado tiene que pasar el móvil de la Gendarmería, y cuando estás terminando el cucurucho tenés que ver el móvil de la Policía local”.

No está claro si la Superintendencia de Evaluación para la Prevención del Delito, que se encarga de realizar el mapa del delito y planificar en consecuencia la distribución de efectivos y móviles, en puestos de custodia fijos o dinámicos, terminó de captar el sistema propuesto por el ministro.

Mientras el helado de Granados se le derretía al sol y el ministro se aplastaba el cucurucho en la frente, el gobernador Daniel Scioli se aventuraba sin abrigo bajo la nieve de Nueva York, donde repitió el inútil ritual de jefes de gobierno y aspirantes a sucederlos, que se presentan como garantes de la seguridad para la inversión ante los hombres de negocios estadounidenses.

Cuidar la tradición

El falseamiento de la información es una especialidad en la que el Ministerio de Seguridad ha descollado bajo distintas gestiones.

Los esfuerzos de Granados por inscribir su desempeño en esta tradición son apreciables, pero debe reconocerse la dificultad de competir con el recuerdo de su predecesor, el alcaide mayor penitenciario Ricardo Blas Casal, ahora a cargo del Ministerio de Justicia, quien conserva un record por ahora insuperable.

En diciembre de 2011 anunció que había secuestrado el mayor cargamento de cocaína de la historia y detenido al segundo jefe del cartel mexicano de Los Zeta. En realidad se trató del bluff más grande de la historia y las únicas Z son las del zonzo que pensó que semejante invento podría pasar sin consecuencias.

La comunidad de inteligencia nacional e internacional no tenía registrado a ese presunto jefe de la organización más observada, no había pedidos de captura vía Interpol, ni actuaciones previas de la bonaerense sobre él. Una agencia estadounidense envió una delegación a la Argentina para verificar de qué se trataba.

El tema fue sepultado en el olvido y ni Casal ni Scioli volvieron a mencionarlo.

En febrero de 2011, justificó el asesinato de dos adolescentes por la espalda en José León Suárez, alegando que una banda de delincuentes había colocado obstáculos en las vías al paso de un tren de carga para que descarrilara y saquear su carga.

La llegada de un móvil policial, por denuncia telefónica al 911, habría sido recibida a tiros. Al contestar el fuego se habrían producido las bajas.

La investigación judicial estableció más allá de cualquier duda que nada de eso era cierto: el descarrilamiento sólo se debió al mal estado de mantenimiento de las vías y el material rodante y Mauricio Ramos y Franco Almirón fueron ejecutados y Joaquín Romero herido de gravedad por los efectivos de la Policía Bonaerense Gustavo Rey y Gustavo Vega, cuyo juicio oral se celebra en estos días.

En cambio no se avanzó sobre las responsabilidades funcionales de los jefes policiales que tomaron las decisiones que produjeron el crimen ni los intentos posteriores de encubrimiento, lo cual incluye a Casal.

En abril de 2013, cuando las aguas del anegamiento de La Plata todavía no habían descendido, Casal anunció que “la cifra definitiva de muertos es de 52”.

Las investigaciones del defensor juvenil Julián Axat y del juez Luis Arias mostraron que ese número era mucho mayor y descubrieron la operatoria ilegítima establecida entre la morgue judicial y el Registro de las Personas, ambos dependientes de Casal, para ocultar el número de víctimas, de modo que éstas pasaran a identificarse por un número y no con la carátula correspondiente a una investigación penal e inscribiendo las defunciones traumáticas sin la intervención judicial que marca la ley y sin tomar las huellas digitales de aquellos no identificados. La respuesta de Casal fue impulsar el juicio político de Axat y Arias.

Confusiones

Descontado que es imposible competir con Casal, Granados hace todo lo que está a su alcance por no desentonar en el ranking de la falsificación de datos. Además, padece una ostensible confusión conceptual.

En los meses que lleva como ministro de Seguridad no parece haber percibido que Seguridad no es lo mismo que Prevención del Delito y Prevención del Delito no es lo mismo que Policía.

Como no se preocupa, o no sabe en qué consisten, la prevención del delito mediante el desarrollo social, por medio de políticas comunitarias cohesivas y de reinserción social, se limita a controlar operativos y poner más gente en la calle, lo cual no puede llamarse una política pública de seguridad sino apenas como una táctica policial de coyuntura.

Es una pena que justo cuando el gobierno nacional revisa el insostenible falseamiento de datos económicos del Indec, la provincia de Buenos Aires incurra en tan grosero desprecio por los datos de la realidad.

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