La corrupción es relativizada por cierto republicanismo

El republicano corrupto

 Por Luis Bruschtein

Macriycarrio

25–10–2014 / Elisa Carrió definió a Mauricio Macri como el corrupto dentro de la República. Se puede hacer alianzas con un corrupto si es de la República, insistió. Daría a entender que una gran parte de la gente no está dentro de la República, aunque sea honesta. Es preferible el deshonesto republicano antes que una persona honesta que no coincide con la forma en que ella concibe a la República.

Lo que le importa más que la honestidad, entonces, es esa forma de concebir a la República. Sin embargo, su caballito de campaña no es esa idea, sino la corrupción. Quiere decir que la denuncia de la corrupción sólo tiene sentido para desprestigiar las ideas sobre la República que no coincidan con la suya. Es tan sólo un arma para destruir una idea diferente.

Denunciar al adversario como herramienta política no es una virtud republicana. Pero evita hablar sobre otros temas, como políticas de inclusión y democratización en la República, propuestas de distribución de la riqueza y modernización de las instituciones republicanas y muchas otras posibles.

La denuncia de la corrupción ha sido el argumento central para oponerse a todos los proyectos para democratizar, modernizar y agilizar la Justicia. Pueden ser discutibles y puede haber otros, pero no hubo alternativas más que la vieja y anacrónica Justicia tradicional, burocrática y conservadora.

Todas las iniciativas para transformarla fueron imputadas de haber sido concebidas para garantizar la impunidad de los funcionarios del actual gobierno y rechazadas.

La herramienta más potente para combatir la corrupción es la Justicia. Entonces todos los argumentos para obstruir su mejoramiento terminan por encubrir lo que dicen combatir. En ese discurso no hay vocación real de combatir la corrupción.

La Justicia es un ámbito sensible a la política. Durante décadas los jueces fueron elegidos por los caudillos políticos hasta que surgió el Consejo de la Magistratura. En la negociación con Carlos Menem a mediados de los ’90, la UCR concedió la reforma constitucional a cambio de la Magistratura.

De esa forma, el radicalismo se protegía de la mayoría electoral permanente que anunciaba el menemismo. El radicalismo era minoritario en la sociedad pero mayoritario en los estamentos de profesionales que integran la Magistratura y de esa forma se aseguró injerencia en la designación de jueces.

El fundamento fue separar a la Justicia de la política, pero el objetivo fue hegemonista por parte del radicalismo. El resultado es una Magistratura que tiende a mantener una mayoría de un signo político en una sociedad mayoritariamente de un signo diferente. Y la consecuencia es la parálisis. Con el agravante de que la Justicia debe responder a la sociedad y no sólo a los estamentos minoritarios que la componen.

El paquete de leyes de democratización de la Justicia planteaba la elección popular de algunos de los integrantes del Consejo para romper la composición estamentaria sin descartar a las minorías.

El proyecto fue demonizado por hegemonista, pero a los que se horrorizaron por ese “ataque” a la República no les parecía hegemonista un Consejo de la Magistratura pensado para favorecer a una selecta minoría. El oficialismo logró aprobar ese proyecto, pero la Corte lo declaró inconstitucional.

Además, en ese paquete había leyes para democratizar el ingreso a la Justicia, para facilitar el acceso a la información de las causas y para hacer públicas las declaraciones juradas de los jueces.

El papa Francisco se reunió el jueves con un grupo de penalistas y señaló que la pena de muerte debía ser erradicada en todo el mundo. Criticó las políticas de mano dura y gatillo fácil y cuestionó las condiciones carcelarias.

Algunos de estos puntos estaban contenidos en la reforma del Código Penal que se presentó después del paquete de democratización de la Justicia. La norma fue usada para una campaña basada en el temor. A pesar de que en la elaboración del texto participaron dirigentes de la oposición, la embestida demagógica de Sergio Massa hizo que todos se desdijeran y que nunca fuera discutida realmente.

Entre los treinta representantes de las cinco asociaciones internacionales de penalistas más importantes que se reunieron el jueves con el Papa estaban los argentinos Eugenio Zaffaroni y Roberto Carlés, principales protagonistas de esa reforma del Código Penal.

Esa campaña demagógica hizo que hasta ahora se mantenga un Código Penal que fue aprobado por primera vez en 1886 y que además está inspirado en un Código de 1813. Tiene más de 900 modificaciones parciales y más de 290 leyes especiales y decretos penales encimados.

El Código vigente se basa en un texto de principios de 1800 y está lleno de remiendos y contradicciones. El nuevo Código propuesto fue discutido durante un año y medio con representantes de la Justicia, de la oposición, de académicos locales e internacionales y está resumido en 289 artículos.

La campaña demagógica del Frente Renovador de Massa se basó en el temor, en la distorsión de alguno de los artículos y se asentaba en una concepción reaccionaria de la ley.

No fue solamente demagogia. El jueves, Mauricio Macri y Massa se reunieron con el ex presidente de Colombia Alvaro Uribe, un político conservador, vinculado con bandas paramilitares y acusado de espiar a sus opositores en forma ilegal.

Uribe acaba de ser acusado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser el autor intelectual del asesinato de un legislador chavista. Los paramilitares ligados a Uribe también formaban un importante cartel del narcotráfico.

Tres de los jefes de seguridad de su gobierno están siendo juzgados y uno de ellos, un ex general, fue extraditado a Estados Unidos, por sus actividades como narco con los paramilitares de las AUC.

El propio hermano de Uribe, Santiago, ya fallecido, estaba acusado de formar parte de Los Doce Apóstoles, un grupo paramilitar, y la que fue su pareja también está siendo juzgada en los Estados Unidos. Macri y Massa lo presentaron aquí como el “campeón” de la lucha contra el narcotráfico.

Ese jueves pintó un escenario simétrico. Mientras dos de los autores del denostado proyecto de reforma del Código Penal se reunían en Roma con el Papa, sus dos principales detractores se reunían en Buenos Aires con un ex presidente colombiano que puede ser procesado en su país por violaciones a los derechos humanos.

Para la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial se empezó a trabajar desde 2011.

En este caso, el coordinador para la modernización de un texto del siglo XIX fue el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Otra vez la discusión fue absurda, la oposición dijo que el Gobierno entraría en los bancos para incautar dólares o que con la Ley de Abastecimiento serían expropiados los silos de soja.

Las bancadas opositoras, de izquierda o de derecha, se levantaron y no asistieron a la aprobación de la norma. Y después anunciaron que derogarían las leyes si ganaran las elecciones. Lorenzetti afirmó en la reunión anual de los jueces que esta reforma tiene “un gran respaldo académico”.

Y ahora le toca el turno a la reforma del Código Procesal Penal, que está inspirada en un proyecto del jurista Julio Maier que presentó en 1986 el gobierno de Raúl Alfonsín sin suerte.

La esencia del proyecto es transferir de los jueces a los fiscales la investigación de las causas y eliminar los procedimientos burocráticos que hacen más lenta la aplicación de justicia.

Hay provincias que ya tienen normas parecidas, pero el título del diario La Nación, al día siguiente que se envió el proyecto al Senado, fue que el kirchnerismo se aprestaba a designar 26 fiscales tras sacarle poder a los jueces.

Todas estas normas, las que quedaron del proyecto de democratización de la Justicia, la reforma pendiente del Código Penal, la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial y la actual reforma al Código Procesal Penal implicaron grandes procesos de debate con movimientos sociales, de género, pueblos originarios, sin tierra, campesinos, desocupados, estudiantiles, de derechos humanos, centrales obreras, asociaciones de profesionales y ONG, además de políticos de la oposición.

Hubo cientos de audiencias públicas en todo el país, en un proceso inédito por la participación activa de la sociedad, con aportes sustanciales para discutir las leyes que ordenarán su vida.

Los mismos políticos de la oposición hicieron aportes de los que después se desdijeron en público. No fue sólo el kirchnerismo, el debate se da incluso dentro de esa misma fuerza, donde hay disidencias, críticas y aportes.

Cuando Lorenzetti habló del respaldo del mundo académico hacía referencia a ese proceso amplio de discusión que se eligió para elaborar estas normas por el cual la sociedad se empoderó y dio vida a una actividad legislativa.

La actitud de la oposición ha sido mediocre. Para cuando finalice este gobierno el cuerpo de leyes más importantes que regulan la vida de los argentinos habrá sido transformado y modernizado por el kirchnerismo y tras esta callada pero gran movilización, la sociedad habrá incorporado como propio el derecho a intervenir transversalmente en el diseño de sus leyes.


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