Un impreciso y algo forzado balance anual del Poder Judicial

A pesar de todo, lo llaman “la Justicia”

Balance del Poder Judicial. El cimbronazo en la Corte Suprema y sus posibles consecuencias. Falta de transparencia y lenguaje críptico. Los brindis y sus significados. Justicia Legítima. Los nuevos tribunales del consumidor y las reformas de los Códigos.


 Por Mario Wainfeld

LajusticiaUn balance anual es de por sí impreciso y algo forzado. Las tendencias perduran, pocos procesos se cierran el 31 de diciembre. Intentaremos igual algo así en relación con el Poder Judicial (en adelante PJ, con perdón de la sigla).

Por un error transversal y distorsivo se lo apoda “La Justicia”, objetivo excelso que pocas veces se consigue en el Foro. Y que, en sustancia, no es su función.

El PJ agrava la dificultad del resumen por su carácter policéfalo. Hay sistemas judiciales nacional y en cada una de las provincias. La estructura jerárquica es compleja e intraducible para los profanos tanto como los mecanismos de apelaciones. La falta de inteligibilidad democrática es, casi, una característica intrínseca. Es, entonces, aristocrático y críptico, algo que debería atribular y forzar a la creatividad de sus integrantes, que, mayormente, subestiman el problema.

Vaya una última salvedad general, antes de ir (más) al grano. Dado el carácter plural, disperso, no siempre piramidal del PJ, es incorrecto hablar en términos unánimes de los desempeños de sus integrantes. De tendencias hablamos, que reconocen excepciones. En general, lo meritorio son las excepciones, no las tendencias. Ese eje no cambió en el año que se fue ni nació con él.

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Cimbronazos en la Corte más perdurable: La continuidad record de las instituciones democráticas es un logro social, que el kirchnerismo acentuó en varias áreas. La Corte Suprema es una de ellas. Un tribunal adecentado por decisión y coraje del presidente Néstor Kirchner fue el que perduró más tiempo en nuestra agitada historia.

Su integración de siete miembros produjo resultados interesantes, a veces notables, otras discutibles o aciagos. El promedio fue más que aceptable: la estabilidad posibilitó a los Supremos asentarse, interactuar y establecer criterios jurisprudenciales duraderos.

Los lamentables fallecimientos de los doctores Carmen Argibay y Enrique Petracchi son una pérdida para el sistema democrático. La renuncia de Eugenio Raúl Zaffaroni resta otro integrante al Tribunal. Eran siete, quedan cuatro. Nadie que conozca un trabajo en equipo o un cuerpo colegiado puede ignorar que la mengua resentirá la labor posterior.

Habrá menos pluralidad, menos debate, menos riqueza. La posibilidad de convocar “conjueces” ad hoc es imperfecta por donde se la mire. Introduciría, dicho con respeto, “paracaidistas” para causas específicas, podría haber fallos contradictorios sucesivos. Magistrados sin el nivel exigido para ser designados cortesanos resolverán asuntos graves, con voto decisivo.

Todo indica que se acentuará la clásica lentitud de la Corte. Los tribunales son lerdos, parsimoniosos, el Superior no hace excepción. ¿Cuánto tarda una causa promedio en la Corte? Imposible saberlo de modo veloz y certero: la Corte no divulga esos datos.

Tampoco se sabe, en esos estrados o en otros, cuánto ganan sus titulares. El PJ es el más opaco de los poderes públicos, no hay contralor de agencias ad hoc o de otros poderes. La transparencia falta, se la camufla tras los cortinados o merced a un lenguaje críptico. Subsisten beneficios irritativos, antirrepublicanos, como la elusión impositiva.

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Los jueces hablan por sus brindis: Antaño se afirmaba (y ensalzaba) que los jueces sólo hablaban a través de sus sentencias. El criterio, cerril y sectario, viene perdiendo fuerza en buena hora. Numerosos brindis de fin de año escenificaron (a veces en clave de grotesco) un saludable cambio cultural que despuntó hace poco tiempo.

Zaffaroni tuvo su despedida, la Asociación de Magistrados organizó una cena VIP, la Corte reunió a empresarios y periodistas en su brindis, Justicia Legítima (JL) levantó las copas por su lado. Hubo pocos consensos básicos y nutridos chisporroteos entre los ágapes, el lector asiduo los conoce. Las celebraciones reflejaron la existencia de discrepancias significativas.

La Asociación de Magistrados (una organización gremial de afiliación voluntaria) está conducida por opositores al Gobierno, furibundos. Ellos se definen como republicanos, mientras varios acomodan sus boinas blancas o el escudito del Frente Renovador de Sergio Massa.

Los “repúblicos” acusan a JL de ser una célula ultrakirchnerista (ya se sabe, todos los ultras en la Argentina son kirchneristas). Falsean la realidad, no reparan en su imagen en el espejo. Ricardo Recondo, el presidente saliente, bramó con los ojos inyectados en sangre que “la Justicia” tiene la misión de “erradicar de todos los rincones del poder a los corruptos”.

Cuando habla de “poder” no alude al poder económico, al establishment local, al capital financiero internacional… ni mucho menos al propio PJ. He ahí su problema o característica nuclear, ideológica.

Un estamento que sólo piensa en limitar a otros del Estado y jamás en contrapesar poderes fácticos, con los que coquetea, convive, distribuye capital simbólico o cátedras y practica endogamia.

Justicia Legítima (JL) arrojó una piedra en esas aguas estancadas. La mayoría de quienes la integran goza de excelente reputación, tanto que las acusaciones que le disparan aluden a su hipotético alineamiento actual o a movidas sucedidas en los últimos momentos.

Su currículo no es un prontuario ni una servilleta demasiado célebre. JL no nació de gajo ni de improviso, condensó algo que venía germinando de modo disperso. Magistrados, secretarios y fiscales audaces y dignos fueron anticipando lo que JL encaró de modo orgánico: poner bajo la luz pública las polémicas judiciales, discutir a cielo abierto, combatir al oscurantismo.

El PJ es, por naturaleza, el más conservador de los poderes del Estado, darle una sacudida es un acierto, un progreso de la etapa. El modo en que se polemiza a veces distorsiona o disimula el avance cualitativo.

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Agendas y gente del común: Los medios dominantes y una camarilla judicial quieren establecer “la corrupción” como ítem dominante, por ahí único, de la agenda ciudadana. Desde ya que todos los delitos deben investigarse con celeridad y sancionarse en su caso. Los cometidos por funcionarios o magistrados tienen previstas penas más graves, como cuadra.

Pero es una desviación, interesada desde ya, concebir al PJ consagrado de modo excluyente a esas cuestiones.

El PJ es un servicio público cuya función esencial es tramitar con eficiencia los requerimientos de ciudadanos de a pie. Quedaría mal siquiera mencionar a esa gentuza en ciertos banquetes: habría que entonar meas culpas a gritos acerca de personas no rimbombantes que, por ahí, van una sola vez en su vida a litigar.

No son anónimos (fea la expresión y peor el concepto) pero sí desconocidos en la arena mediática. La gente del común debería ser la gran protagonista de la agenda judicial. Debería ser tratada con amabilidad, esperar poco para ser atendida en antesalas confortables, recibir respuestas veloces para sus problemas.

El procedimiento escrito los aleja de tales objetivos básicos. La mayoría de quienes tienen la desdicha de ser parte o testigo en juicios no resonantes son destratados en el trajín cotidiano y en los resultados finales.

La morosidad, como casi todos los bienes o males de una sociedad capitalista, distribuye injustamente sus consecuencias. Los más ricos o poderosos tienen buenas oportunidades para sacar ventaja de la eternización de los procesos.

Los damnificados son “débiles”: por ejemplo, las víctimas de delitos comunes o los sospechosos de haberlos cometido que van en cana sin llegar a una sentencia firme. Hay también una parte débil en los conflictos familiares en que media el dinero: siempre los chicos, a menudo las mujeres.

Los trabajadores arrancan perdiendo en los juicios contra sus empleadores: el que tiene capital, o sea “resto”, puede especular mejor con un arreglo que (contra) quien está apremiado por la necesidad.

Ni la praxis diaria de los tribunales ni la Reforma que intentó el Gobierno en 2013 reconocieron centralidad al ciudadano-protagonista. Aquella se centra en “el poder”, recortado como ya se dijo.

Esta apuntó a cuestiones superestructurales, algunas interesantes como introducir por la cerradura el voto popular para el Consejo de la Magistratura pero no fue al centro de la cuestión.

La “opinión pública” puede conocer apellidos y rostros de un puñado de jueces o fiscales protagónicos, figuras elogiadas o denostadas. Pero casi ningún particular es recibido por los jueces que le tocan en suerte.

Un muro de procedimientos, secretarios y trámites kafkianos obtura el contacto. Un laburante que busca una indemnización tardía e insuficiente, una familia que no se da maña para reparar sus cuitas sin ir a juicio… ellos no podrán contar su historia a quienes deciden sobre sus vidas.

Son miles cada año. A pocos les cabe la fortuna de conocer el rostro de quienes deciden sobre su vida personal, su libertad, su patrimonio, los conflictos que le agrían la existencia y los fuerzan a pleitear.

Se desconocen las estadísticas estrictas: ningún magistrado está obligado a reseñar a cuántos sujetos de derecho recibe o escucha. Para los desaprensivos, la distancia es una vacuna contra la introspección, ni hablar de culpa.

Los expedientes se amontonan, los papeles ponen en riesgo la estabilidad de edificios, los presos sin condena se hacinan en las cárceles… Imposible pensar en un ersatz de justicia. Ni siquiera en una digna prestación estatal en tales casos, que son millares, año a año. Nadie sacará la cuenta de los trámites que se eternizaron en 2014, crecen como una bola de nieve.

El Gobierno no centró su mira en el ángulo que elegimos. Permítase un contrafactual. Imaginemos que cinco años atrás se hubieran creado Tribunales de Defensa del Consumidor. Agiles, con procedimientos sumarísimos, de vecindad, con elencos atentos a los reclamos.

Y equitativos, lo que significa recargar el platillo de la balanza correspondiente a la parte débil del contrato. Sería mayor la posibilidad de combatir la concentración económica, los abusos de los oligopolios, de defender Precios Cuidados. Se promovió, pero tarde.

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Jugar con Códigos: Los códigos de fondo o de procedimiento no resuelven del todo tantas rémoras, cuyo primer componente es una cultura corporativa arraigada. Pero las leyes ayudan, orientan, dan contexto. El oficialismo promovió reformas del Código Penal, del Civil y Comercial, del de Procedimientos penales. Y va por un Código de Trabajo.

Todos sintetizaron demandas y propuestas anteriores de similar direccionalidad. Varios fueron corredactados con opositores políticos o con jueces prestigiosos. La oposición se enfrentó con su obstruccionismo habitual. El Código Penal está frenado, los otros se hicieron ley o avanzan.

El oficialismo, sometido a la crítica o aun a la sospecha, es el que impulsa el aggiornamento y el cambio. La oposición, bien vista, defiende lo real existente, que es casi siempre un pasado espantoso. El actual Código Penal es un mamarracho,

Anacrónico, autocontradictorio y lleno de parches. El Código Civil, otro tanto. El procedimiento penal vigente y sus actores protagónicos dieron contexto a la impunidad o la eternización de causas tales como AMIA, Río Tercero, la masacre ordenada por Fernando de la Rúa en su despedida, por no mencionar sino hechos de sangre.

Ahí finca la preferencia de este cronista por las ideas fuerza y las normas que insta el oficialismo o por las reformas que propone JL. Van para adelante, buscan reparar y mejorar. El territorio de la oposición o del núcleo rancio de la corporación judicial es el pasado. Las viejas leyes, el viejo orden político, ¡los viejos jueces federales!

Retrogradar la historia, volver atrás: eso es ser reaccionario en el sentido original del vocablo.

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Medios que son fines: Las denuncias proliferan, los medios hegemónicos las propalan, los dirigentes opositores renuncian a proponer un programa político y mocionan una mega comisión investigadora en vez de un gobierno convencional.

La polución de denuncias se transforma en algo similar a un fin en sí mismo. Como otros recursos comunicativos en boga –las selfies producidas o las falsas instantáneas– el objetivo esencial del mensaje no es la persuasión.

Seguro que algo se procura, pero lo central es saturar el ágora, “colmar” la agenda, ocluir otros temas, despolitizar el debate.

Suplir la discusión de un proyecto de país por la de un puñado de expedientes que durarán lustros y cuyo resultado final (ya) no les importa a los denunciantes. El proceso es el mensaje, su culminación un acontecimiento futuro, remoto, no prioritario.

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Avances, aciertos, desafíos, riesgos: La estabilidad democrática es un gran logro, que prospera cada día y se invisibiliza. Los debates públicos sobre códigos, leyes o performance de los jueces son un capital de la etapa aunque los modos y los contenidos rayen por debajo de lo deseable. Los juicios por jurados se instalan en varias provincias sin escándalos ni recusaciones académicas o periodísticas de fuste.

La “productividad” del PJ sigue siendo baja y olímpica su distancia respecto de la gente común. De nuevo, por última vez: hablamos de grandes números, no de uniformidad plena.

Para la Corte fue un año duro. Alguna vez habrá que sondear paralelismos entre la saga de este Tribunal y la del Ejecutivo que lo formó. El 2014 no fue su mejor año, para nada, aunque no borró con el codo todo lo construido antes.

El presidente Ricardo Lorenzetti, un buen juez y un político hábil o hasta mañero, debería “centrear” y hasta dinamizar la controversia entre los jueces. Por motivos episódicos, se inclinó por el bando de los Recondos y los Bonadios, contra JL. Una parte de la explicación apena: éstos lo cuestionan y lo refutan, aquellos le rinden pleitesía, aparente.

El cronista es reacio a formular pronósticos o agorerías. Empero, no se puede soslayar que es posible que la Corte no funcione bien en 2015 si, como anhela la oposición, no completa su elenco. Puede resentirse o puede quedar imposibilitada. No es deseable, no es inexorable, no es imposible y eso debería preocupar a los protagonistas.

Concejales, intendentes, legisladores nacionales, gobernadores y la Presidenta se someterán este año al voto popular. Habrá ascensos, caídas, ingresos, salidas, veredictos colectivos. El cambio llegará por la ecología del sistema, merced a la participación popular.

El Poder Judicial es ajeno a esos aires vivificantes. Tiene toda la pinta de mantenerse como el más elitista, el más distante de “la gente”, el más esquivo a la innovación. Ojalá no sea así, la esperanza es lo último que se pierde.


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2 Comments »

  1. 1
    debora Says:

    un vocabulario fácil preciso sencillo, ningún ciudadano se quedara sin comprender su contenido (si estudio para ser juez) gracias amigo completamente de acuerdo las leyes no son justas, pero las imparten los que las crean
    FELIZ AÑO NUEVO_-2015


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