Por Luis Bruschtein
Fue más que rebeldía. Y no fue nada alocado. Al negarse a concurrir al juzgado, que es un hecho judicial, Hebe de Bonafini lo desconoció como tal. No lo reconoce como hecho judicial sino como hecho político y lo rechaza, por esa razón, como siempre hicieron las Madres: con resistencia civil, es una forma de no violencia para alertar por la violencia que se está incubando al usar a la justicia como instrumento de persecución política.
Más allá de su peso ético en una sociedad en la que algunos sectores intentan, sin lograrlo, esquivar su gravitación, Hebe funcionó en este caso como síntoma de algo que está muy extendido. Los referentes funcionan así, como marcadores de temas que crecen en forma subterránea y se manifiestan cuando ya no tienen remedio.
El gesto de rebeldía de Hebe de Bonafini es un síntoma y al mismo tiempo una advertencia. Aunque la acusen de intransigente y hasta de violenta en sus expresiones, ese gesto que puede ser calificado de ambas cosas por quienes la detestan, en realidad es una forma de prevenir las consecuencias violentas de la intransigencia del gobierno.
A esta altura no ve el que no quiere. En estos siete meses, el gobierno conservador avanzó en forma fulminante en decisiones económicas altamente agresivas del consumo popular y la producción interna.
La velocidad se vio como fundamental para aprovechar el momento de mayor respaldo tras el triunfo electoral. El mismo criterio sirvió para avanzar en el plano político desarmando con rapidez y una facilidad inusitada al Frente para la Victoria, sembrando la dispersión a partir de fuertes presiones económicas a los gobernadores e intendentes, las que repercutieron en los bloques del FPV y en el kirchnerismo y su campo de alianzas.
Y el mismo criterio de guerra relámpago se aplicó en la ofensiva mediática y judicial contra referentes del movimiento social y contra Cristina Kirchner, que puede convertirse en la cabeza de la oposición con mayor convocatoria.
El capital político que devino del triunfo electoral fue subestimado por el FPV y bien calibrado por el PRO-Cambiemos que lo aprovechó hasta la última gota. Pudo aplicar, aunque con dificultades, medidas económicas por las que en otras épocas se hubiera incendiado el país, y generó una crisis en el FPV que todavía está en desarrollo.
Estos dos planos de acción son visualizados por la sociedad como movidas políticas del gobierno. Pero no sucede lo mismo con la campaña de desprestigio y neutralización en contra del movimiento social y de dirigentes opositores porque el gobierno se oculta detrás de los grandes medios del oficialismo y sus periodistas, así como de jueces y fiscales del partido judicial.
Pero para alcanzar las metas que obtuvo en los tres niveles de su blitzkrieg, el gobierno quemó naves y capital político. Los costos de la ferocidad del PRO-Cambiemos en estos siete meses se empiezan a ver en el profundo malestar creado por la inflación, la desocupación y la carestía de la vida, que se expresó en movilizaciones masivas y cacerolazos.
Y a nivel político, la brutalidad del ajuste impactó en fuerzas amigas de la oposición, como las cúpulas sindicales dispuestas a conciliar, el massismo y progres antiperonistas, que difícilmente puedan sostener su política de diferenciación del kirchnerismo, que aparece así como la única fuerza de oposición real en sintonía con los que están afectados y se movilizan contra las medidas económicas.
El tercer nivel –la persecución judicial y el desprestigio mediático a este sector de la oposición– tuvo menos resistencia porque fue menos visible, ocultado tras argumentos de anticorrupción que son altamente sensibles para la sociedad.
Hasta que Hebe de Bonafini se les plantó el jueves, el mismo día del ruidazo contra el tarifazo, y puso en evidencia con ese gesto que las medidas económicas antipopulares y el ataque judicial y mediático a dirigentes de este sector de la oposición forman parte del mismo paquete.
No se negó a declarar ni a esclarecer un hecho delictivo ante la justicia. Con el plantón denunció a la Justicia por prestarse a la persecución de dirigentes sociales y políticos con la excusa de perseguir la corrupción.
Ya sea porque participa de esa estrategia o porque se hace cargo de la inercia creada por los medios y varios de sus colegas, el juez no la convocó para aclarar nada, sino para machacar con el desfile de una Madre de Plaza de Mayo ante los tribunales, que es una forma de degradarla mediáticamente, como lo hicieron con la exposición pública, ilegal e innecesaria judicialmente, de las pilas de billetes de la herencia de Florencia Kirchner.
Como ha sido la herramienta más eficaz, la campaña judicial y mediática contra integrantes de los gobiernos anteriores se convirtió en algo cotidiano, pero el abuso de estos mecanismos terminó por ponerlos en evidencia y el gesto de Hebe ha sido expresión de esta eclosión de un sentido opuesto al antikirchnerismo exacerbado que le imponían los medios del macrismo.
Hay ex funcionarios del kirchnerismo que fueron acusados y como se alinearon en otras fuerzas, ya no lo son. Cada ex funcionario kirchnerista, incluyendo a la ex presidenta, no tiene una sola causa, sino multitud de causas, muchas de ellas absurdas, como viajes en helicóptero o transferencias de autos usados en los años 90, lo que pone en evidencia la búsqueda del efecto mediático a través de la saturación y la manipulación, así como la complicidad de los jueces que aceptaron abrir esas causas descabelladas.
Los allanamientos innecesarios y abundantemente reproducidos por los medios oficialistas que saturan los medios, igual que las persistentes citaciones y las medidas extremas de los jueces como el congelamiento de los fondos de la ex presidenta, más las interminables falsas denuncias nunca demostradas de cuentas en el exterior de la familia Kirchner o declaraciones públicas de grandes empresarios o ex funcionarios que después se desdijeron cuando tuvieron que declarar ante la justicia, a las que se suman las acusaciones por delitos que claramente fueron cometidos por los que denuncian, como en la causa del dólar a futuro y Fútbol para Todos, o campañas que se montaron sobre declaraciones compradas a delincuentes y pruebas falsas colocadas por funcionarios policiales, como fue la acusación feroz contra Aníbal Fernández.
Toda esa pudrición de la política ha quedado tan expuesta que a esta altura nunca se sabrá si hubo corrupción o no durante el kirchnerismo, porque toda la campaña contra el gobierno anterior está infectada, corrompida hasta la raíz.
No es como dijo un comentarista de la televisión: esta causa sí y esta no; porque todo el paquete huele a podrido, y no por la corrupción k sino por la corrupción de los políticos, fiscales y jueces que han pervertido estas herramientas para sacarles provecho político o personal.
La complicidad de jueces y fiscales y de la prensa oficialista le dio cierta impunidad a esa estrategia, pero el malestar provocado por la crisis económica tendió a sacar estos temas del foco de interés de la sociedad que los empezó a mirar con distancia, con más objetividad y así la mugre salió a la vista.
Cuando Hebe se plantó, sabía que ya existía un plafón social que podía entender lo que estaba haciendo. Estaba expresando el hartazgo por la persecución política a través de la Justicia y dijo “Macri, pará la mano”, explicó que lo mismo le había hecho el gobierno radical-policial de Jujuy a Milagro Salas y que lo mismo tratan de hacer con Cristina Kirchner.
Hay una semilla fértil de violencia en esta persecución a una fuerza que cuenta con un fuerte respaldo popular. Es violencia que se incuba. Igual que la denuncia que está impulsando la cúpula de la colectividad judía contra Cristina Kirchner por el memorándum nunca aplicado entre Argentina e Irán.
La iniciativa se suma a la campaña judicial y mediática contra el gobierno anterior y parcializa y expone por primera vez en Argentina a la colectividad judía como parte central de un conflicto cada vez más violento contra una fuerza política popular.
Es una actitud temeraria por parte de esos dirigentes que rompen una tradición histórica de la colectividad judía donde hay diversidad de pensamiento. Las acciones del Isis buscan desatar una campaña contra los musulmanes para que estos se radicalicen hacia sus posiciones de guerra santa.
El gobierno de derecha de Israel coincide con esa política de los terroristas, aunque por distintas razones: Espera que esa ola antimusulmana consolide su alianza con las potencias occidentales frente a los reclamos palestinos.
Las decisiones que ha tomado la conducción de la colectividad judía argentina en consonancia con el gobierno macrista y la derecha israelí evidencian que quieren importar a la Argentina el clima de violencia que está haciendo estragos en Europa y los Estados Unidos.
Fuente: Pagina12
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