Últimas imágenes del naufragio en la Secretaría de DD.HH.
19–02–2012 / Luego de la golpiza contra los trabajadores y el posterior paro y movilización, se anuncian cambios en la Secretaría provincial. Hay agresores identificados: uno de ellos tiene un cargo en el sindicato de patovicas.
Por Laureano Barrera
Sara Derotier de Cobacho.
Los empleados de la secretaria
piden que renuncie. (TELAM)
El último acto parece haber sido demasiado, incluso para el paraguas protector que sobre la secretaria de Derechos Humanos Sara Derotier de Cobacho venía desplegando, en cada aguacero, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Blas Casal.
Miradas al Sur lo adelantó en su edición anterior: el viernes al mediodía, 6 osos modelados entre fierros y esteroides irrumpieron en una reunión en la que 6 trabajadores –3 de ellos delegados de ATE– y el director de Promoción y Protección, Manuel Oteriño, y –excepto al funcionario– les dieron una biaba.
Pablo Rivelli, un hijo de desaparecidos, debió ser hospitalizado.
Sara declaró en la prensa:
“Hay un solo golpeado y ya hablé con el chico”.
La ira corrió dentro del organismo, y también por fuera: la mañana del lunes, una cuadra de manifestantes –universitarios, trabajadores, activistas de izquierda– marcharon desde el lugar del ataque al edificio principal pidiendo la renuncia de los funcionarios.
La Cámpora y el Movimiento Evita no asistieron orgánicamente. Derotier se asomó un instante, con el pañuelo blanco en la cabeza, y a dos miembros de Hijos que exigían su presencia les respondió con el dedo en ‘fuck you’.
Mientras, una comisión de delegados y trabajadores agredidos se reunió con el vicegobernador Gabriel Mariotto, que les pidió 48 horas para intervenir en el conflicto.
El martes y miércoles, en asambleas casi plenas –con la visita de Nora Cortiñas– decretaron el paro indefinido hasta que las autoridades den un paso al costado.
El jueves montaron en la puerta una mesa de debate en la que varios abogados –Pablo Llonto, Pablo Pimentel, Guadalupe Godoy, entre otros– ejemplificaron cómo se la había vaciado.
El viernes, sobre la vereda de la dependencia, se leyeron decenas de adhesiones: Hijos La Plata, la Asociación Anahí, Justicia Ya!, diputados de Nuevo Encuentro, Abuelas de Plaza de Mayo, el MAS, PTS, PO, y las dos CTA, entre muchas otras, evidencian un hartazgo variopinto.
Mientras, el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, se comprometía a concretar el demorado pase a planta permanente, a no descontar los paros del conflicto y a poner veedores para evitar un nuevo abuso de la jefatura. El miércoles, los trabajadores harán su contraoferta.
La doble presión, en el Palacio y en las calles, colocó a Derotier y su trouppe sobre una tela de araña: el jueves y el viernes, Diagonales y La Nación prenunciaban su reemplazo por el senador provincial Guido Carlotto, quien reconoció al diario de los Mitre la oferta del jefe de Gabinete Alberto Pérez.
Una alta fuente gubernamental, involucrada en el conflicto, se lo corroboró a este diario.
El rumor corrió entre los empleados, aunque ya no se fían: sobrevuela el fantasma del blef de diciembre pasado, cuando se dijo que asumiría Edy Binstock, hasta que la bendición del superministro logró salvarla.
Esta vez, sin su máxima garantía, Sara Derotier sólo consiguió solidaridad de 11 intendentes municipales.
Una gestión simbiótica
Sara Derotier de Cobacho fue siempre uno de los alfiles preferidos del ex alcaide mayor Ricardo Casal.
Llegó como subsecretaria en la creación de la dependencia, en el año 2002, después de un pasado de masacres familiares durante la dictadura. En 2007, con la llegada de Scioli –y Casal– quedó como secretaria.
Pronto quedaría en evidencia el influjo que asumía el ministro sobre la gestión.
En febrero de 2008, la Dirección de Protección denunció penalmente que Alfredo Franchiotti, condenado por el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, salía los domingos de la cárcel a comer asados.
Los responsables fueron separados. Una semana después, la directora que había impulsado la denuncia, Carolina Brandana, fue despedida.
“A partir de entonces, empezó la política de avisar a las cárceles que nosotros íbamos a ir”, contó el abogado Aníbal Natiuk en la charla pública del jueves.
Sucedió dos veces: los funcionarios avisaban, además, que la visita era para recabar una denuncia, poniendo en peligro al denunciante preso.
Los abogados del área plantearon el despropósito:
“La potestad de avisar o no es una reserva que nos hacemos. Vamos a seguir avisando”.
Desde entonces, las visitas de los abogados a las cárceles se restringieron muchísimo: se ha llegado a negar –por memo– la visita a una cárcel por razones de distancia.
Ese debut de Ricardo Casal fue profundizado con otras medidas: disolvió el Comité de Control de las fuerzas de seguridad creado por un decreto Felipé Solá después del aluvión Blumberg.
La integraban el Ministerio de Seguridad, el de Justicia, y la presidía la Secretaría de Derechos Humanos.
“Cuando unifican los ministerios, Casal le comunica a Cobacho que no era necesario, a pesar de la cantidad enorme de casos que habíamos traído”, recordó Pablo Pimentel, coordinador de la Apdh La Matanza que participaba ad honórem.
Este jueves, acaso previendo la retirada, la secretaria de Derechos Humanos de Daniel Scioli le dijo al portal Política argentina que en la actualidad “la policía te trata con respeto”, que en las cárceles bonaerenses “hay muchísimos menos delitos (…) menos tortura y también se dice que hay un trato mejor con los nuevos funcionarios”.
En los antípodas de los informes anuales del Comité Contra la Tortura y las advertencias severas de organismos internacionales, afirmó que las peleas entre presos “no aumentaron”, “no hay tanto hacinamiento como antes”, y que las cárceles nuevas “todavía no están colapsadas”.
El resto del iceberg
“¿A ver dónde están los zurditos?”, decían los matones mientras advertían que “con el de abajo no se jode” y se desplegaban por el despacho.
Cuatro se turnaban para la golpiza, mientras dos impedían en la puerta que nadie saliera ni entrara.
Juan Ignacio Gianibelli, uno de los golpeados por los patovicas “con la mano abierta”, le cuenta a Miradas al Sur que todavía se despierta por las noches.
“Me acuerdo el cabezazo que le da al compañero que primero se para, y el ruido a huesos cuando le pegaba en la cara”.
Ignacio Manazza, el guardia de seguridad, había entrado a trabajar 15 días antes por un acuerdo entre los funcionarios y el sindicato de patovicas, Sutcapra.
“Alguien tan nuevo no tiene el manejo de la situación que tiene este pibe. Es obvio que la orden vino de arriba”, especula el abogado de la CTA, Marcelo Ponce Núñez.
Después de la golpiza, cuando los empleados lo increparon, Manazza dijo que les franqueó el paso porque lo habían amenazado.
También se despegó en su declaración ante el fiscal. Pero un empleado de limpieza le dijo al fiscal que uno de los agresores mantuvo un diálogo amistoso con Manazza, que le entregó las llaves del auto estacionado en doble fila con el que escaparon.
Un trabajador, que no declaró en la Justicia, quiso entrar cuando estaban arriba, y Manazza no se lo permitió.
“Debería ser indagado como partícipe necesario”, dice Ponce Núñez.
El sindicato se apresuró en despegarse en un comunicado. Sin embargo, dos patovicas estarían identificados y denunciados en la causa. Miradas al Sur tiene el nombre de uno de ellos, que no publicará aún para no entorpecer los próximos días de pesquisa. Tiene un cargo alto en el Sutcapra.
—
Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.
Si has disfrutado este post Suscribete al boletin de Novedades de Soy donde no pienso o agregame 
a tu lector de noticias preferido
19–02–2012 / El Ministerio de Seguridad de la Nación pasó a retiro a 27 comisarios de la Policía Federal, 19 comandantes de la Gendarmería y a 6 prefectos, y resolvió varios ascensos, en el marco del proceso de selección de personal superior de esas fuerzas. 
Soy donde no pienso 