Ley 23.514. Creación del Fondo Permanente para la ampliación de la red de subterráneos

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BUENOS AIRES, 3 de Junio de 1987
BOLETIN OFICIAL, 10 de Julio de 1987
Vigentes

Decreto Reglamentario
Decreto Nacional 86/88

GENERALIDADES

TRANSPORTE SUBTERRANEO – SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES – FONDO PERMANENTE PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE SUBTERRANEOS

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1.- Créase el «Fondo Permanente para la ampliación de  la Red de Subterráneos«, el que será destinado exclusivamente a las inversiones que originen los proyectos, construcciones,  instalaciones, material rodante, gastos financieros y demás derogaciones necesarias para la habilitación de nuevas líneas  subterráneas o ampliación de las existentes.

ARTICULO 2.– El «Fondo Permanente para la Ampliación de la Red de Subterráneos» se formará con los siguientes recursos:

a) saldo resultante de las liquidaciones de transportes de Buenos  Aires, Autorrutas Argentinas y Villalonga Furlong;
b) contribución de mejoras a cargo de los propietarios de los inmuebles comprendidos dentro de la zona de influencia de cada  línea o tramo de línea que se habilite;
c) incremento del 5 % del monto que en concepto de  contribución territorial recauda la municipalidad de la Ciudad de  Buenos Aires;
d) incremento del 10 % del monto en concepto de patentes sobre vehículos en general recauda la municipalidad de la Ciudad de  Buenos Aires;
e) legados, donaciones y contribucionesl
f) importes que subterráneos de Buenos Aires, sociedad del Estado  destine al cumplimiento de los fines previstos en el artículo 1. de esta ley, cuando facultada pra emitir títulos, acciones, en las  condiciones prescriptas que se convengan con la municipalidad de la  ciudad de Buenos Aires y los municipios de las áreas del conurbano.

Ref. Normativas:
Ley 20.705 Art.3
Ley 20.705 

ARTICULO 3.- Los recursos previstos en los incisos c) y d) del artículo precedente, serán percibidos únicamente mientras se realicen inversiones de las establecidas en el artículo 1 en el ámbito de la Capital Federal. 

A tales efectos subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, deberá informar trimestralmente a la Secretaría de Economía de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la iniciación, continuidad o suspensión de las inversiones.

ARTICULO 4.- La contribución prevista en el inciso b) del artículo 2 recaerá sobre los inmuebles ubicados dentro de un radio de 400 metros de tránsito directo a la boca de acceso a cada línea  o tramo de línea que se habilite. Estarán obligados al pago de dicha contribución quienes a la fecha de habilitación de cada línea o tramo fueran titulares de dominio o poseedores a título de dueño de los inmuebles alcanzados por la presente contribución.

ARTICULO 5.- La contribución se calculará prorrateando el costo total del tramo o línea que se habilite entre todos los inmuebles ubicados en la zona de influencia en función de la distancia de los mismos a la boca de acceso más próxima, aun en los supuestos de titulares de dominio o poseedores a título de dueño exentos según las disposiciones de la presente ley. El citado costo se determinará actualizando cada una de las sumas invertidas desde la fecha en que se realizó la inversión hasta la de la habilitación.

Tales fines se utilizarán los índices del costo de la construcción en la Capital Federal que suministra el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

ARTICULO 6.- La contribución determinada según las previsiones de los artículos precedentes no podrá exceder en ningún caso el 15 % del valor fiscal de la propiedad.

ARTICULO 7.- Esta contribución se abonará a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se habiliten las respectivas líneas o tramos durante cinco años, o bien hasta que el costo total sea cubierto, si ello se produjera en un plazo menor.

La misma no podrá exceder anualmente el 20 % de la contribución territorial que para cada ejercicio fiscal establezca la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y se percibirá en cuotas actualizables sin intereses, en la forma, plazos y condiciones que fije la citada municipalidad.

ARTICULO 8.- No podrán ser otorgadas escrituras de transferencia de dominio, constitución de derechos reales y en general escrituras relativas a cualquier modificación o limitación del derecho de propiedad de los inmuebles alcanzados por la contribución del inciso b) del artículo 2, beneficiados por obras que se construyan por el régimen de la presente ley, hasta el pago total de ellas sin previa certificación extendida por la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires acreditando dicho pago a la exención de la contribución, salvo la expresa aceptación del adquirente o beneficiario de asumir la obligación impuesta por la presente ley.

El escribano o funcionario actuante deberá consignar la mencionada aceptación en la escritura respectiva o retener en su defecto la suma que se adeudare a la fecha de la escrituración, responsabilizándose por ese importe, en el supuesto de incumplimiento de la presente disposición.

ARTICULO 9.- Están exentos del pago de la contribución de  mejoras:

a) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y las  Municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas y  descentralizadas, excepto los organismos y empresas alcanzados por  la ley N. 22.016;
b) las representaciones diplomáticas y consulares de los países  extranjeros acreditados ante el gobierno de la República, dentro de  las condiciones establecidas por la ley N. 13.238.
c) las entidades religiosas debidamente registradas en el organismo  nacional competente;
d) las asociaciones vecinales y las asociaciones y-o cooperadoras  de ayuda a la acción hospitalaria, reconocidas por la municipalidad  de la Ciudad de Buenos Aires;
e) las cooperadoras escolares reconocidas por autoridad competente;
f) las asociaciones mutualistas constituidas de conformidad con la  legislación vigente;
g) las asociaciones gremiales de trabajadores;
h) las obras y servicios sociales que funcionen bajo el régimen de  la ley N. 22.269 las de provincias y las previstas en la ley N. 17628;
i) los partidos políticos legalmente constituidos;
j) los inmuebles declarados monumentos históricos según la lista y  clasificación oficial de la Comisión Nacional de museos, monumentos  y lugares históricos;
k) los inmuebles exentos de las contribuciones de alumbrado,  barrido y limpieza; territorial y de pavimentos y aceras que prevé  la ordenanza fiscal de la municipalidad de la ciudad de Buenos  Aires, pertenecientes a jubilados y pensionados.

Ref. Normativas:
Ley 22.016
Ley 13.238
Ley 22.269
Ley 17.628

ARTICULO 10.- Facúltase a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires a extender el ámbito de exenciones a las que previera  la ordenanza fiscal.

ARTICULO 11.- Los tributos establecidos en los incisos b), c) y  d) del artículo 2, se regirán por las normas pertinentes de la ordenanza fiscal de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires,  con las modalidades impuestas por la presente ley.

ARTICULO 12.- La municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, depositará los importes que perciba en cumplimiento de los  dispuestos por esta ley en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cuenta especial que se denominará «Fondo Permanente para la  ampliación de la Red de Subterráneos«. Asimismo deberán depositarse en la cuenta mencionada los demás recursos enunciados en el  artículo 2 de la presente ley.

ARTICULO 13.- El «Fondo Permanente» será administrado por subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado y destinado  exclusivamente a los fines previstos en el artículo 1 de la presente ley. La aplicación de dicho fondo será fiscalizada por una comisión honoraria compuesta por siete miembros del consejo deliberante y  tres representantes de departamento ejecutivo de la municipalidad  de la ciudad de Buenos Aires, quienes deberán elevar un informe  anual al consejo deliberante y tomar intervención en los informes previstos por el artículo 3 de la presente ley.  Para el cumplimiento de su función la comisión tendrá las atribuciones que la ley N. 19.550 conceda a la sindicatura de las sociedades anónimas. Esta comisión honoraria y su gestión no dará lugar a la percepción de importe alguno cualquiera sea su denominación.

Ref. Normativas:
Ley 19.550

ARTICULO 14.- Declárase de interés nacional las inversiones, obras, adquisiciones, construcciones y servicios realizados con el  «Fondo Permanente para la ampliación de la Red de Subterráneos» que  se crea por la presente ley.

ARTICULO 15.- Derógase la ley N. 17.510 y toda disposición legal  en cuanto se oponga a la presente ley.

Deroga a:
Ley 17.510

ARTICULO 16.- Incorpórase como inciso y) del artículo 106 de la  ley N. 19.987 y sus modificaciones el siguiente:  «y) la contribución de mejoras por la realización de obras públicas  que beneficien determinadas zonas».

Modifica a:
Ley 19.987 Art.106

ARTICULO 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FIRMANTES

PUGLIESE – OTERO – BRAVO – MACRI

Tags: CABA, Subtes, Legales

De la Sota se anota en la presidencial de 2015 ?

Un aspirante con tonada

12–08–2012 / De la Sota se anota en la presidencial. Dos reclamos en la Corte. Carta a los otros gobernadores, una táctica. Ajustes para jubilados cordobeses, rechazos. Los subtes siguen en conflicto. Macri niega lo que firmó. Los metrodelegados, sus motivos para oponerse a la conciliación obligatoria. Y otras cuitas.

 Por Mario Wainfeld

Eramos pocos y se lanzó José Manuel de la Sota.

El gobernador de Córdoba es la tercera voz del desparejo trío de aspirantes opositores a la presidencia, sumándose a su colega bonaerense Daniel Scioli y al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

En cuestión de días, el Gallego De la Sota hilvanó una seguidilla de movidas potentes y contradictorias. Interpuso ante la Corte Suprema una demanda y una medida cautelar contra el Estado nacional. Se valió de su cómoda mayoría en el Parlamento unicameral de su provincia para dejar sin efecto un Pacto Fiscal con la Nación.

Convocó por carta a los demás gobernadores a adherir a esa movida. Postergó por 180 días el pago de un aumento a los jubilados cordobeses, a quienes alega defender. E impuso una tasa a los combustibles líquidos. Desafíos por un lado, ajuste por otro, receta similar (con variantes sensibles según el color local) a las que exploran Macri y Scioli.

De la Sota es un dirigente tenaz. Dos elecciones provinciales perdió a manos del radical Eduardo Angeloz pero en su tercer intento llegó a la gobernación. Desde entonces es la figura política más potente de su territorio, aunque con la mancha del escrutinio capcioso de 2003 en la que su desangelado pollo, Juan Schiaretti, primó sobre el ahora senador Luis Juez con malas artes. Como fuera, volvió en 2011 venciendo por goleada.

En lo nacional, su suerte ha sido esquiva: el cartero llamó a su puerta dos veces y en ambas mordió el polvo. La primera, inolvidable y quizás ya olvidada, fue en 1988, cuando fue candidato a vicepresidente de Antonio Cafiero en la interna contra el luego presidente Carlos Menem.

Fue uno de los oradores más ácidos y despectivos contra el riojano en campaña, claro que cuando se conoció el score tardó poco en plegársele con armas y petates. Fue premiado con la embajada en Brasil.

La segunda aconteció cuando el duhaldismo buscaba su candidato a la Rosada para las elecciones de 2003. El senador Carlos Reutemann se borró, De La Sota asomó como prospecto.

Las encuestas le daban fatal, aun menos de lo poco que congregaba el gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. El patagónico dio el primer batacazo entre muchos. El Gallego volvió a su terruño, seguramente rumiando una bronca personal que algo debe sumar a su cruzada actual.

En el doloroso período 1999-2003, los “gobernas” tuvieron un poder relativo alto respecto del gobierno nacional, tanto en la etapa que comandó (es un modo de decir) el radical Fernando de la Rúa cuanto en la que rigió Duhalde. Fue un momento top del “federalismo”, fuerte peso político provincial con un Estado nacional desguarnecido, de ruinosas consecuencias para los argentinos.

Este hombre fue protagonista en dos trances determinantes del gobierno duhaldista.

El primero fue cuando los gobernadores quisieron imponerle al presidente un ministro de Economía marcadamente sesgado a derecha, Alieto Guadagni, y Duhalde tuvo el tino de resistir y nombrar a Roberto Lavagna.

El segundo fue en los días previos a la Masacre de Avellaneda, en la que fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En esos días el peronismo discutió si mantener su postura de cautela para reprimir la protesta social o si había llegado la hora de ponerle violento coto a los reclamos de los piqueteros.

De la Sota estaba entre los halcones quienes, es consabido, triunfaron. La evocación no releva de responsabilidad a Duhalde, sus funcionarios y su Policía, pero da cuenta de una coherencia histórica del Gallego. A él se le debe también el ingreso del ex ministro Domingo Cavallo a la arena política: lo coló como candidato a diputado nacional en su lista, y hay quien chimenta que mediaron millones de buenas razones.

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Money, money, money: Por vía de su fiscal de Estado, De la Sota interpuso dos reclamos ante la Corte: una acción de fondo y una cautelar. En el expediente principal reclama un pago de más de mil millones de pesos, aduce que el gobierno nacional lo retrasó sin motivos válidos.

El origen del crédito es un acuerdo previo, suscripto ante el mismo Tribunal. Córdoba es una de las provincias que conservó las Cajas de Jubilaciones y pactó sostén financiero del Fisco Nacional.

El demandante interpreta ese convenio, dice un integrante de la Corte, “como si se tratara de un pagaré”: está firmado, debe abonarse sin que medie discusión alguna.

Desde la Nación le responden que el pacto es complejo, existen prestaciones mutuas y el Tesoro nacional ha entregado a Córdoba cifras mayores a las reclamadas.

Todos estos asuntos son intrincados, el trámite será laaaaaargo. Hasta notificarlo tarda bastante y el plazo para responder es de noventa días hábiles.

Una vez contestada la demanda, adelantan en voz baja en el cuarto piso de Tribunales, la Corte reiterará su praxis en asuntos similares: convocará a audiencias para que las partes acudan y se esmeren en ir por una solución política. Si no llegan a un arreglo, agrega el cronista, tendrán por delante un mal y prolongado pleito.

La medida cautelar quiere cortar camino, conseguir que el Máximo Tribunal imponga al Tesoro Nacional pagos parciales mientras se dilucida la causa principal. Por ahora, todos son aprontes y desde luego los Supremos no adelantarán criterios. En general, han sido muy refractarios a la concesión de cautelares que funcionan como sentencias anticipadas. Habrá que ver.

Para machacar su posición, De la Sota gestionó la aprobación parlamentaria para suspender el Pacto Fiscal de 1992, por el cual el Estado nacional le descuenta el 15 % de la coparticipación provincial, para derivarlo a la Anses. Es un complemento del acuerdo jubilatorio a que se viene haciendo referencia.

La carta enviada a los restantes gobernadores los convoca a imitar esa batida. La bandera es el federalismo. El afán, ubicarse como puntal de los mandatarios provinciales. Un sitial que ni Scioli ni Macri reivindican y que, da toda la impresión, es parte de la táctica para instalar a De la Sota 2015.

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¿Y por casa cómo andamos? Al unísono, el gobernador impuso dos medidas en sesiones convocadas sobre tablas. Toda la oposición provincial las repudió y abandonó el recinto, el delasotismo se bastó solo para hacerlas ley. Ya se las mentó.

La primera es una tasa a los combustibles líquidos que el Gallego justipreció como “unas monedas” sin convencer a sus adversarios.

La segunda es postergar un aumento a jubilados por seis meses, esto es, hasta bien entrado el año próximo.

Las reacciones populares y sindicales se hicieron sentir: hubo movilizaciones de protesta, masivas según testigos presenciales. Algunos damnificados interpusieron recursos de amparo.

De la Sota descalificó a una jubilada de 86 años aduciendo que cobra un haber bruto superior apenas superior a 5100 pesos (o sea, un neto menor a 5000 pesos).

Cabe esperar una respuesta indignada de los republicanos que se rasgan las vestiduras cuando la presidenta critica, con pruebas documentales, a un periodista y lobbista poderoso del mayor conglomerado mediático del país. ¿La habrá?

Mientras se devela tamaño enigma, De la Sota va por el podio presidencial, con la camiseta de la oposición. Cuenta con menos conocimiento público y menos potencial de voto que Scioli y Macri, está menos “instalado”. Pero elige otra táctica, tratando se sumar aliados, un rebusque ajeno a la idiosincrasia de Macri y, por ahora, a los manejos de Scioli.

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Ni gestionar ni someterse: La huelga de los subtes sumó ocho días, un record no olímpico pero impactante. Los que lo padecen son usuarios porteños y bonaerenses, que son los millares que combinan en Once, Retiro y Constitución.

El conflicto es endiablado, un pentágono de participantes: dos representaciones sindicales enfrentadas, la empresa Metrovías que parece pintada pero es la que debería afrontar la paritaria, más los dos gobiernos que contienden.

Es innegable el cariz político del entripado, el gobierno nacional tiene resuelto no moverse para solucionar la situación. Macri elige su metodología clásica: no gestionar y victimizarse.

Hay intereses cruzados entre el jefe de Gobierno y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sería necio negarlo. Tal vez, en otro escenario, la Nación cooperaría más con el gobierno local.

Pero el punto central, desdeñado por la narrativa del macrismo y su claque mediática, es el acta convenio firmada entre las dos jurisdicciones.

La Ciudad asumió el servicio allí, en un acuerdo parco pero muy preciso. Y cuando subió la tarifa de volea le dio comienzo de ejecución, que es un modo arquetípico de corroborar que el contrato se puso en vigencia. Macri está, pues, flojito de papeles.

Quiere, a su manera enfurruñada, borrar con el codo lo que sus funcionarios firmaron con la mano. Eso no se vale, diría el Chavo del Ocho. Los pretensos republicanos que bancan al líder de PRO camuflan la obligación contractual tras una lluvia de palabras. “Le tiraron el subte por la cabeza”, “se dejó arrastrar”. La pregunta correcta, si de funcionarios públicos hablamos, es si firmó lo que firmó.

Macri gambeteó ese aspecto central en la conferencia de prensa del viernes. Ninguna pregunta de los periodistas interfirió en su designio.

Hubo así comparaciones con “el chavismo”, arrebatos verbales con la palabra “sometimiento” repetida hasta el cansancio para facilitar la tarea de los editores de los diarios. Como frutillas del postre, un elogio a los gremialistas de la Unión Tranviarios Automotor (amarillos, agrega este escriba, como la divisa de PRO) y la acusación a los “metrodelegados”.

Dependen del gobierno, simplificó Macri hasta el paroxismo. No explica bien los hechos pero desnuda la carestía conceptual de la derecha autóctona, a menudo preverbal y muy poco seria.

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Un poquito de historia: Los “metrodelegados” son uno de los ejemplos de dirigentes de base, más representativos y combativos que los sindicatos reconocidos.

En épocas recientes le han sacado canas verdes al gobierno nacional, cuando regenteaba el subte. Su legitimidad se funda en lo que consiguen para las bases. Por eso no pueden “casarse” con ningún gobierno, aunque han mejorado su relación con el nacional, después de tantas pulseadas.

Como hay un delegado por línea, la conducción no es homogénea en la política extragremial. Asambleístas por convicciones, siempre conservan y privilegian la “unidad en la acción”.

Macri destacó con razón que un referente, Roberto Pianelli, estuvo en la Casa de Gobierno, con la comitiva de la CTA dirigida por Hugo Yasky. Pero hay otros, como Claudio Della Carbonara que es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y fustiga a “los dos gobiernos”.

A su vez, Néstor Segovia, aunque tuvo un acercamiento al partido de Luis D’Elía, es un dirigente con mucho juego propio, un líder genuino mucho más atento a la variable sindical que a posicionamientos en otras ligas.

Los “muchachos” rechazaron la Conciliación Obligatoria dispuesta por el Gobierno de la Ciudad. Sus motivos son sólidos. El primero es que esa instancia, que es una limitación del derecho de huelga, sólo es válida cuando es realizada por quien es tercero en el conflicto. Sólo un poder independiente capacita para intervenir, instar negociaciones o avenimientos.

Pero la Ciudad, explican los gremialistas, es parte en el problema porque es la responsable del servicio. Tan es así, comentan participantes de las maratónicas reuniones, que los funcionarios macristas llevaban y traían propuestas “de Mauricio” respecto de sus demandas, que abarcan salarios y condiciones de trabajo.

El segundo argumento es que la autoridad porteña no tiene potestades para imponer un laudo, entre otros factores porque niega ser competente.

Desde el punto de vista político, para los metrodelegados sería un arriesgado precedente reconocer la competencia de la Ciudad, mientras esta juega su rol bifronte: hace como que interviene pero invoca que no tiene nada que ver.

El paro está atrancado del peor modo. La cúpula de la UTA añadió torpezas al marasmo: firmó un acuerdo supeditado a que la empresa consiga la plata para pagarlo. O sea, un pacto no ejecutable ni exigible por el modo en que se firmó. En fin.

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Cuadro general: Scioli se generó un problema con los docentes, difícil de comprender aun desde la óptica de sus intereses más pragmáticos. Es patente su ansiedad por conseguir fondos pero fue a buscarlos en un territorio inadecuado. La renuncia de la Directora de Escuelas, Silvina Gvirtz puede ser un ajuste de cuentas con el kirchnerismo, no muy consistente con sus gestos de apaciguamiento reciente.

De la Sota entró al ruedo. Macri persevera con sus manejos que le bastaron un año atrás para ser reelecto con goleada en la capital pero no para construir un liderazgo nacional.

Quizás sus demandas muy porteñas también le jueguen en contra pero nada debe darse por seguro. Hay que ser muy cauto con las profecías sobre el futuro, máxime cuando la realidad nativa e internacional es tan cambiante.

Todos esos distritos tienen disputas económicas con el gobierno nacional. No son los únicos. De la Sota cuenta con capitalizar esa variable. La provincia de Santa Fe tiene una demanda en la Corte, que pasó a sentencia. El expediente recorre los despachos de los magistrados que deben ser muy ponderados pero también fallar en un plazo razonable y construir una mayoría que le dé peso específico a la decisión.

Entre tanto, La Rioja, San Juan y San Luis litigan contra la AFIP. El organismo nacional reclama devolución actualizada de diferimientos impositivos concedidos por leyes de promoción industrial. Las provincias explican que sería ruinoso pagarlos de ese modo.

La desaceleración de la economía trastocó el esquema de la Coparticipación que posibilitó tanto al gobierno nacional como a los provinciales años de relativa bonanza. En ese marco se sucedieron muchas victorias oficialistas en provincias y municipalidades, lo que en promedio atemperó las rebeldías comarcales.

Algunos mandatarios provinciales ven cerrada esa etapa. En la Casa Rosada confían en un segundo semestre de rebote económico que permita mantener la conducción política sin asfixiar a las provincias. De eso se trata, en parte. Las elecciones presidenciales también están en el imaginario de los participantes.

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Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.

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Tags: Politica, Opinion

Utopías… Etica periodística

Etica periodística

 Por Horacio Verbitsky

12–08–2012 / El Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, aprobó en 2006 un Código de Etica y el Sindicato de Prensa de Rosario, que integra la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, culminó en 2007 la elaboración de una Declaración de Principios sobre Etica Periodística.

Son propuestas de autorregulación, sin carácter obligatorio. Ambos definen la información como un bien social, pero el sindicato rosarino agrega que es un “derecho humano fundamental que posibilita el conocimiento y el ejercicio de otros derechos”.

Una decena de los 42 artículos de las pandectas de FOPEA rozan las cuestiones suscitadas el jueves por la presidente CFK, aunque ninguno las aborda en forma específica.

Esa entidad considera incompatible con la profesión periodística la difusión de mensajes publicitarios “explícitos o implícitos”. Diferencia entre las noticias y la publicidad, proscribe que los periodistas negocien pautas publicitarias, realicen “operaciones de prensa”, difundan “información tendenciosa” o acepten “pagos, retribuciones, dádivas ni privilegios” que pudieran “incidir sobre un manejo informativo particular”.

Califica como “falta grave” los “sobornos y las prácticas extorsivas”, explica que el periodista sirve al interés público y “nunca a objetivos sectoriales ni personales”.

Añade que “el ejercicio de la profesión de un servidor público no habilita la obtención de beneficios personales” y declara incompatible “cualquier tipo de actividad que afecte su independencia y el derecho del público a ser informado con honestidad”.

El texto de los trabajadores rosarinos reclama una autocrítica de las empresas y de las personas complacientes o cómplices con la dictadura, y contrapone sus actitudes con las de quienes “perdieron la vida a partir del compromiso por mostrar la verdad, romper el aislamiento que supone la incomunicación y contar los hechos de la realidad sin tamices ni medias tintas”.

Además incluye una cláusula de conciencia, según la cual una empresa no puede obligar a sus periodistas a escribir algo en contrario a sus “convicciones o principios o que sabemos que no responde a la verdad” (un proyecto similar de ley presentó después FOPEA).

El sindicato rosarino también advierte que la precarización, la flexibilización y el fraude laboral operan contra la ética profesional, por lo cual reivindica la protección del Estatuto del Periodista Profesional y el Convenio Colectivo de Trabajo, ya que salarios dignos, condiciones y medios de trabajo adecuados, son “requisitos fundamentales para la calidad e independencia periodística”.

En forma explícita objeta la creación de tribunales de disciplina y la intervención de los poderes públicos en la regulación de la ética profesional, porque “sería condicionante y limitativa de la libertad de expresión y del derecho a la información”.

También opina que las empresas de la comunicación no pueden ser concebidas sólo como grandes negocios cuya finalidad sea acumular poder para ganar más dinero. Entiende que los periodistas deben rechazar funciones, tareas y beneficios que coloquen su independencia e integridad profesional “en situación de vulnerabilidad”.

De existir un interés personal en un tema deben excusarse y solicitar que se asigne a un colega.

Como se ve, ni el Código ni la Declaración de Etica contemplan en forma expresa el caso de contratos de una empresa con socios o familiares de un periodista que escribe sobre esa empresa, ni el caso tan difundido de periodistas de grandes medios que al mismo tiempo tienen, por sí mismos o a través de asociados, programas en cable o radio y/o boletines por suscripción, a través de los cuales se recompensan sus palabras (o sus omisiones) en el medio principal.

Tampoco reclaman que cada periodista haga una declaración jurada de conflicto de intereses, con lo que distan de ser documentos operativos con condiciones objetivas exigibles.

El debate es bienvenido, aunque haya comenzado sin las convenientes precisiones y seguido con una respuesta de notable vaguedad.

Pese a que el aludido periodista Marcelo Bonelli anunció que respondería “punto por punto” a lo que llamó “escrache presidencial”, su descargo no coincidió ni siquiera en las fechas: mencionó “tareas en YPF” que su esposa desarrolló como profesora de inglés “a fines de 2007”, cuando Cristina habló de pagos “del año 2008 a la fecha” y dijo que luego de la intervención “no le renovaron el contrato”, por el que habrían percibido un millón de pesos. Y no sólo a su mujer sino también a un socio, que no fue identificado, ni en la cadena nacional ni en la réplica de Bonelli.

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Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.

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Tags: Politica, Medios, Opinion

De la Casa de la Moneda a la Procuración General

El centro del ring

12–08–2012 / La expropiación de la única empresa privada con capacidad para imprimir papel moneda y la designación de la nueva Procuradora General devuelven la iniciativa política al gobierno y frustran a una oposición que se extravía en los detalles y la denuncia, sin articular un proyecto. El impreciso comienzo de un bienvenido debate sobre ética periodística, el juicio a Pedraza y los bandos enfrentados en la CGT.

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  Por Horacio Verbitsky

El gobierno nacional volvió a salir de las cuerdas con un paso al costado y dejó a la oposición tirando golpes al aire, con opciones poco atractivas: plegarse a la decisión oficial clamando que ella lo había dicho primero, o abjurar por cuestiones secundarias de sus propios proyectos, desdeñando el principio de congruencia.

Cuando sus adversarios lo creían acorralado pasó a la ofensiva, como si al recostarse contra las sogas sólo hubiera descansado, para recuperar el centro del ring y seguir marcando puntos. La manifiesta parcialidad del palco de la prensa cada tres minutos le da el round por perdido y anuncia que madura un knock-out que nunca llega.

Cambio de pantalla

La fragmentación opositora en bancadas que ni siquiera pueden coincidir en aquello que niegan le hace las cosas más fáciles.

Al núcleo propio inconmovible consolidado en las últimas elecciones, se le suman con cierta estabilidad algunos aliados permanentes y, de acuerdo con la cuestión y el momento, algún sector de la oposición más dura.

Si a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la recuperación de YPF se sumaron la UCR, el FAP y Proyecto Sur, la expropiación de la Compañía Sudamericana de Valores mantiene el apoyo del pinosolanismo, suma el del Peornismo Opositor, divide al FAP y pone en tensión al radicalismo.

En mayo, el bloque de diputados presidido por Ricardo Gil Lavedra presentó un proyecto de expropiación, acompañado por un legislador socialista.

La semana pasada, Gerardo Morales dijo que sostendrían esa posición coincidente con el proyecto oficial, pero quien lo sucedió en la presidencia del bloque, Luis Petcoff Naidenoff, anunció lo contrario.

Otro tanto ocurre dentro del GEN (que integra el FAP), donde Gerardo Milman presentó un proyecto de expropiación, sin la aprobación de Margarita Stolbizer, cada día más apasionada impugnadora.

La oposición inflexible se desplaza así de las bancas a las pantallas y a los titulares de los diarios. Es ostensible que CFK le ha tomado el gusto a este juego y no deja pasar ocasión para estimularlo.

Si se atiende al incremento de su caudal de votos y a la merma de rating, tiradas y capacidad de fijar agenda de sus antagonistas, no le ha ido nada mal. La expropiación de la Compañía Sudamericana de Valores constituirá un nuevo cambio de pantalla, afirmativo de la centralidad del gobierno nacional y el desconcierto del resto.

La única excepción se encuentra en el bloque de diputados de PRO, que sigue la agenda mediática sin dudas ni murmuraciones, porque coinciden en un modelo de país incompatible con las políticas en aplicación.

El problema del amarillismo es la pobreza de su gestión en el único distrito subnacional que gobierna, donde ni siquiera puede hacerse cargo de gestionar los servicios esenciales de salud y transporte. Maurizio Macri intenta compensar esta limitación con una original mezcla de desfachatez menemista y victimización a lo Fernando de la Rúa.

El ser y la nada

El debate por la expropiación de la única firma privada con capacidad técnica para intervenir en la impresión de papel moneda volvió a poner de manifiesto la distinta calidad de los contendientes en la disputa política y económica sobre el cambio de paradigmas económico-sociales que se libra desde 2003.

En la conferencia de prensa en la que se anunció el proyecto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lorenzino, y la presidente de la sociedad del Estado Casa de Moneda, Katya Daura, expusieron que desde 2010 el Poder Ejecutivo intentó controlar todos los equipos aptos para la producción de papel moneda y que el actual proyecto es apenas la culminación de una carrera de obstáculos hacia esa meta.

Daura recordó que el juez de la quiebra de Ciccone Calcográfica rechazó la oferta de la Casa de Moneda para quedarse con la planta, y que esto obligó a importar billetes desde Brasil.

La oposición se repartió entre quienes pusieron esos obstáculos y quienes no vieron el bosque de la soberanía monetaria, extasiados con el presunto árbol de la corrupción que habría crecido en el proceso que siguió a aquella decisión del juez Javier Cosentino.

Entre los sembradores de obstáculos, los funcionarios individualizaron al ex senador Eduardo Duhalde (durante los meses en que desempeñó en forma interina el Poder Ejecutivo), y a su derrotado candidato al Congreso Martín Redrado, antes de ser removido de la presidencia del Banco Central.

Daura los acusó de destruir la única institución autorizada a acuñar moneda en el país, con el objetivo de privatizar la producción de billetes, cuya demanda creció al ritmo de la inflación y por la negativa oficial a lanzar series de mayor denominación que los actuales de 100 pesos.

El sector de la oposición que no tuvo responsabilidad en tales hechos no toma nota de este proceso y concentra toda su energía en reclamar una investigación sobre el vicepresidente Amado Boudou, por su desempeño en el tema cuando era ministro de Economía.

El conglomerado opositor aduce que el gobierno sólo busca encubrir los delitos que habría cometido Boudou, que por ahora sólo han sido acreditados en el tribunal mediático.

Esta estrategia tiene por lo menos dos problemas: la investigación ya la está realizando el Poder Judicial, al que le corresponde, y el fiscal a cargo del expediente, Jorge Di Lello, afirmó que la intervención y la expropiación no serán un obstáculo sino todo lo contrario y desmintió que en su fiscalía hubiera fotos comprometedoras para el vicepresidente.

Si la decisión de cortar el nudo gordiano con una ley que era imposible cuando el Grupo Ahhh… tenía mayoría en ambas cámaras del Congreso implica admitir que el rumbo que siguió Boudou en el tema no fue el más recomendable, la designación de Daura en la intervención es una caricia presidencial sobre las magulladuras del vicepresidente.

Si Boudou y alguno de sus amigos merecen algún reproche penal, lo dirán Di Lello y el juez federal Ariel Lijo, pero la gestión estatal en un tema tan sensible como la fabricación del dinero quedará desligada de esas alternativas procesales.

En este momento culmina en Brasil un megajuicio por financiamiento ilegal de la política, contra un grupo de altísimos ex funcionarios. A nadie se le ocurre sugerir que su resultado pueda afectar la respetabilidad y el aprecio popular por Lula o por Dilma Roussef. No parece que algo distinto esté ocurriendo aquí.

Mani pulite

Por casualidad o no, la expropiación de la Compañía Sudamericana de Valores se producirá en forma casi simultánea con la confirmación de la fiscal Alejandra Gils Carbó como nueva Procuradora General de la Nación.

Antes, el Poder Ejecutivo intentó designar en el cargo a Daniel Reposo, quien naufragó en las aguas de su propia inconsistencia.

Esta fue una de las pocas derrotas del gobierno nacional en el Congreso, si se considera desde las relaciones de fuerza previas a una votación.

Pero también es lícito observar el desenlace como un éxito del procedimiento establecido por Néstor Kirchner en 2003 para la designación de todos los magistrados federales.

Por distintos motivos es difícil que Cristina y sus opositores compartan esta valoración.

El envío del pliego de Gils Carbó es consecuencia necesaria de esa mayor calidad institucional debida al kirchnerismo, al adoptar las propuestas surgidas de organizaciones de la sociedad civil para contrarrestar la grave crisis de fin de siglo y el desprestigio del sistema político, incluyendo su rama judicial.

En la extensa audiencia de confirmación, la nominada mostró una preparación exhaustiva para responder a las preguntas que le formularon, pero también astucia y seducción ad hominem et feminam, por ejemplo cuando citó los artículos sobre derecho concursal de la arrobada senadora puntana Teresita Negre.

Declaró su acuerdo con los fallos de la Corte Suprema sobre aborto no punible, publicidad oficial, crímenes de lesa humanidad, libertad de expresión y descriminalización de las adicciones, a las que se refirió como una cuestión socio– sanitaria antes que penal.

Se pronunció a favor del sistema acusatorio (en el que los fiscales y no los jueces dirigen la investigación), de la formación de equipos interdisciplinarios y de la ampliación de facultades a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, pero en contra de la organización refleja con el Poder Judicial.

Pidió la creación de fiscalías de control de la ejecución penal y un incremento presupuestario para designar más fiscales.

Opinó que no hay razones de bien público para que los jueces sigan sin pagar impuesto a las ganancias. Eludió fijar posición sobre la ley antiterrorista, de la que sólo dijo que “fue pedida por el Gafi”, y rechazó que los fiscales puedan incidir sobre la inseguridad, cuyas causas son educativas y sociales, porque recién intervienen después de cometido el delito.

Defendió las actividades de resocialización y el régimen progresivo en las cárceles, pero cuestionó la oportunidad de algunos permisos recientes.

Ante preguntas sobre la Compañía Sudamericana de Valores, derivó sus respuestas hacia cuestiones estructurales que posibilitan los delitos de cuello blanco, como las dificultades para identificar accionistas anónimos, la creación de empresas fantasma, el desvío de dinero, la falta de transparencia en la información.

No excluyó del cuestionamiento ni a los funcionarios, ni a las empresas, ni a los jueces, con quienes sostiene un largo conflicto en el fuero comercial, que describió como la cueva de Alí Babá. Se produjo incluso una llamativa inversión de roles.

Ante ciertas respuestas que auguraron un mani pulite local, fueron tan evidentes la euforia de la bancada radical como las miradas de perplejidad entre algunos senadores del oficialismo.

Durante la audiencia, Gils Carbó mencionó doce veces por su nombre de pila al ex fiscal de investigaciones administrativas Manuel Garrido, quien se constituyó en su garante ante la primera minoría del Senado.

Esto provocó miradas entre los senadores oficiales Beatriz Rojkés, María Laura Leguizamón, Aníbal Fernández y Miguel Pichetto.

Sólo mediante la estigmatización del gobierno por un sector de la sociedad que repite los estereotipos y la odiosidad de sus abuelos frente al primer peronismo es posible sorprenderse de que CFK haya elegido como procuradora a esta mujer que, ante una pregunta sobre su independencia respecto del poder político, pudo mostrar su dictamen contrario a la administración conjunta de los dos cables del Grupo Clarín concedida por Néstor Kirchner.

En ésa, que luego devino la madre de todas las batallas, Gils Carbó fue precursora. Mientras ella defendía su designación en el Senado, el Procurador General interino Santiago González Warcalde constituía una comisión redactora de un proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal encabezada por los dos fiscales generales de la Ciudad de Buenos Aires, su titular, Germán Garavano, y el adjunto, Luis Cevasco.

No la integra ningún fiscal del fuero más extenso, el de instrucción. Garavano fue director académico de FORES (el grupo de lobby judicial creado en apoyo de la dictadura militar y luego reciclado como think tank de Maurizio Macri y Francisco De Narváez) y es un declarado crítico de las regulaciones estatales que a su juicio obstaculizarían el crecimiento.

Cevasco acaba de solicitar el arresto y procesamiento de los delegados gremiales del subte. La disolución de este engendro y la revisión de los nombramientos de última hora con que González Warcalde está minando el terreno que abandona serán las primeras pruebas para Gils Carbó, quien podría asumir esta misma semana.

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Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.

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Tags: Politica, Opinion