Hay suficientes indicios de que hay algo sucio en la gestión porteña.

Cloacas

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 Por Luis Bruschtein

Las denuncias de corrupción contra la gestión macrista, la renuncia de Fernando Niembro, el silencio de Macri y la negativa de su partido a dar explicaciones durante esta semana dieron vuelta los roles y los denunciantes impolutos se convirtieron en denunciados sin respuestas. La sorpresa no fue porque hubiera corrupción en la gestión porteña, sino porque se la denunciara y más aún, porque tuviera trascendencia.

Y la sorpresa desarmó a los acusados, que no se lo esperaban y no supieron responder. Sin embargo, las encuestas se movieron poco. Como si la corrupción no afectara al votante más conservador más que para denunciarla en sus adversarios.

La corrupción como acto, denuncia o como fantasía, sospecha y difamación es un arma caliente de la política donde interactúan los corruptos, los denunciadores, los jueces y amplificadores y las víctimas y espectadores. Pero el impacto electoral es irregular según los sectores y donde ese impacto es más difuso pone en evidencia un rasgo de hipocresía en la sociedad.

En diciembre de 1988, Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot firmaron un contrato para la instalación de cloacas en Morón que fue denunciado por corrupto, con altísimos costos y altísimas tarifas que convertían a los vecinos y a la intendencia de Morón en rehenes de la empresa durante más de veinte años.

La transacción se realizó en tiempo acelerado y sin licitación pública ni concurso de precios. Fue un contrato directo y muy beneficioso para la empresa, realizado por un Rousselot que con ese rentable favor buscaba el respaldo del grupo Macri para el camino que esperaba recorrer hacia la gobernación bonaerense. Rousselot fue destituido a raíz de estos contratos que se convirtieron en el paradigma de la corrupción del neoliberalismo menemista en el conurbano.

En el 2015, Mauricio Macri, el empresario de aquel turbio negocio de mil millones de dólares, es candidato a presidente. En Morón, su candidato es el concejal Ramiro Tagliaferro, esposo de la aspirante a gobernadora María Eugenia Vidal. Por la historia, en estas elecciones la cara de la gran corrupción en el distrito, asociada a Rousselot, tendría que ser Tagliaferro, el hombre de Mauricio Macri, socio de Rousselot.

Pero el respaldo de las grandes corporaciones mediáticas construyó al candidato presidencial de la derecha como impoluto denunciador de la corrupción. Con lo cual, los herederos –o asociados o como se les quiera llamar– del acto de corrupción que más convulsionó al distrito, no aparecen como representantes de esa historia, sino de lo contrario.

Los que lucharon contra la corrupción, en cambio, fueron sus competidores del partido de Martín Sabbatella, que derrumbó esos contratos viciados que favorecían a la empresa de Macri y logró finalmente la destitución de Rousselot.

Por esos antecedentes teñidos de corrupción, Macri tendría que ser el peor padrino electoral en Morón y, sin embargo, su fuerza se ubicó en segundo lugar en las PASO y su candidato fue el más votado en forma individual.

Es una historia de pago chico pero ejemplifica un fenómeno nacional que es la forma selectiva como opera el texto de la corrupción en la política. En las dos últimas semanas Mauricio Macri quedó sin respuestas ante una lluvia de denuncias de corrupción relacionadas en su mayoría con la distribución de la pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esta circunstancia, los que han venido denunciando la corrupción ajena, ahora quisieron mostrar estas denuncias que los afectan a ellos como parte de una campaña sucia.

En general gran parte del denuncismo se alimenta de lobbistas de grandes empresas que pierden licitaciones y contratos o de antiguos y actuales servicios de inteligencia que nunca se sabe para quién juegan. Pero esta vez no hubo “carpetazos” ni operadores.

Alguien se equivocó, o quizá por la impunidad con que los grandes medios acostumbraron al macrismo, la misma administración porteña publicó en la página de internet data.buenosaires.gob.ar un detalle de la pauta. De allí surgieron todas las evidencias.

Al igual que los famosos contratos de las cloacas de Morón, todas fueron contrataciones millonarias directas, sin licitación ni concursos públicos de precios. Hay un modus operandi que permanece en el tiempo, desde Morón hasta el Gobierno de la Ciudad y desde los dos lados del mostrador, como contratista y como gobierno.

En muchos casos se pagó por servicios que nunca se cumplieron y a otros les llegó una porción ínfima de lo que figura en el listado. Y algunos de los beneficiados, como Fernando Niembro o, en menor medida Tagliaferro, el candidato de Morón, son postulantes o funcionarios y ex funcionarios del PRO, lo que está prohibido.

Ni Mauricio Macri ni sus colaboradores reaccionaron ante la lluvia de denuncias que obligó a renunciar a Niembro del primer lugar en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. No hubo explicaciones, o indignación o algún gesto que indicara que la corrupción sería castigada.

La publicación del listado puso en evidencia también la discriminación ideológica que se usa para distribuir la pauta. Las grandes partidas son para los medios que respaldan al macrismo. Los medios críticos son castigados con la disminución o el retiro de la pauta.

Se supone que la pauta pública debe distribuirse en forma democrática y no tendría que ser usada para premiar o castigar a los medios según respalden o sean molestos.

Desde el primer momento que asumió, la administración macrista aplicó con la pauta un criterio de discriminación política que atenta contra la libertad de expresión y la democratización de la información.

El listado resultó además autoincriminatorio y delató que no se trataba de casos aislados sino que todo el sistema de distribución de la pauta funciona como caja de corrupción, con el abuso de medidas que deberían ser de excepción como los cientos de decretos de necesidad y urgencia, o los elevados topes de dinero (los más altos del país) que se fijaron para las contrataciones directas.

Hay una cierta geometría en el encadenamiento de algunos desenlaces. Porque el 20 por ciento de los 1158 millones de pesos que gastó Mauricio Macri en publicidad en tres años, fueron para Clarín. Es una línea donde lo público funciona como servicio a la comunidad y lo corporativo como actividad privada que en muchos casos lucra con lo público.

Donde la geometría se rompe es cuando el que se horroriza con la supuesta corrupción ajena no se mosquea con la propia y hasta la consiente y aprovecha. Entre los votantes macristas las razones tienen otros matices.

Algunos son tan anti “K”, que solamente les interesa votar en contra y aceptan la corrupción, al igual que otros que son conservadores y cuyo voto es ideológico, pero muchos no tuvieron tiempo de enterarse o lo hicieron muy superficialmente y muchos otros han sido acostumbrados por sus propios dirigentes a que las denuncias por corrupción son como los fuegos artificiales, una estrategia política que no tiene ninguna obligación con la verdad, siempre que sirva para erosionar al adversario. El denuncismo berreta de algunos dirigentes y periodistas anestesia a la sociedad frente a la corrupción.

Pero, en este caso, las fuentes son inobjetables, porque los datos tienen un origen muy preciso: provienen de los mismos denunciados. Y los denunciantes son los dueños de radios o canales de televisión que también figuran en el listado que dio a conocer el gobierno porteño y que no recibieron ni el diez por ciento de las cifras que también aparecen en esa lista.

Todos ellos se sorprendieron al constatar que habían recibido mucho menos de lo que se consignaba. Algunos hicieron la denuncia policial para no quedar involucrados en algún ilícito. Y son muchos los que están en esa situación. Por lo tanto no se puede hablar de campaña sucia. Pero sí hay suficientes indicios de que hay algo sucio en la gestión porteña.


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